A menos de 24 horas de que el presidente Barack Obama convirtiera en ley el rescate congresional para Puerto Rico llamado ‘PROMESA’, y que incluye la imposici\u00f3n de una Junta de Control Fiscal, el estatuto lleg\u00f3 a los tribunales en medio de los pleitos que est\u00e1n activos contra el Gobierno de Puerto Rico por la Ley de Moratoria y por los impagos de deuda.<\/p>\n
De los varios pleitos radicados contra dependencias gubernamentales por parte de acreedores y aseguradoras de bonos, dos sometieron la nueva ley a la consideraci\u00f3n del tribunal.<\/p>\n
En el primer caso, ante el juez Pedro A. Delgado Hern\u00e1ndez, es el propio gobierno el que corri\u00f3 para pedir que se use ‘PROMESA’ para suspender autom\u00e1ticamente el pleito entre Ambac Assurance Corporation y la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (ACT). En esa acci\u00f3n se alega que es ilegal la transferencia que ACT hizo de los fondos que recibi\u00f3 cuando renegoci\u00f3 el contrato de los peajes porque ese dinero, dice Ambac<\/a>, deb\u00eda ir a cubrir la deuda de bonos de la ACTen vez de a otras dependencias para otros usos, como en efecto sucedi\u00f3.<\/p>\n En una moci\u00f3n ‘urgente’, los abogados de la ACT le piden al juez que aplique las disposiciones de ‘PROMESA’ (acr\u00f3nimo para el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) de paralizaci\u00f3n de pleitos que estar\u00edan vigentes hasta por lo menos febrero de 2017, de forma tal que el pleito, que estaba en etapa de requerimiento de informaci\u00f3n a la ACT, quede suspendido.<\/p>\n