Los abogados que reclaman para sus clientes el acceso a documentos relacionados a la investigaci\u00f3n que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre la controversial firma UBS Financial Services en Puerto Rico solicitaron en bloque el lunes al juez \u00c1ngel Pag\u00e1n Ocasio que reconsidere su negativa a la entrega total de los mismos. Por su parte, los demandados, UBS y OCIF, radicaron el mismo d\u00eda una moci\u00f3n en auxilio de jurisdicci\u00f3n para mover el caso al Tribunal de Apelaciones.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n del Apelativo tiene el efecto de paralizar por varios meses la entrega de los documentos solicitados por los demandantes mientras eval\u00faa los argumentos esgrimidos por ambas partes a favor y en contra del tribunal de menor instancia.<\/p>\n
El demandante, Manuel Mart\u00ednez Umpierre, y otros siete interventores, entre los que figura la Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y su presidente, Rafael Len\u00edn L\u00f3pez, radicaron la moci\u00f3n de reconsideraci\u00f3n parcial insistiendo en obtener varios documentos producidos por la propia OCIF en el transcurso de su investigaci\u00f3n a UBS.<\/p>\n
‘Este Tribunal tiene ante s\u00ed la encomienda de lograr que los derechos del pueblo a conocer las ejecutorias de la OCIF sean respetados, y de esa manera, sea el pueblo mismo quien fiscalice la labor del ente p\u00fablico’, lee en parte la moci\u00f3n de nueve p\u00e1ginas.<\/p>\n
Los abogados de los demandantes aludieron que, si el gobierno brinda informaci\u00f3n y rinde cuentas por sus acciones, los ciudadanos pueden participar de los procesos democr\u00e1ticos.<\/p>\n
Los documentos en controversia est\u00e1n contenidos en una caja, dos carpetas y un sobre sellado que la OCIF se ha negado a compartir con los demandantes. En cuanto a la caja, el juez Pag\u00e1n Ocasio orden\u00f3 fuera divulgada de forma confidencial para excluir informaci\u00f3n financiera y personal alegadamente sensitiva, t\u00e9cnicas investigativas de la OCIF y las impresiones de sus investigadores. Pero los abogados argumentaron que en el caso de Col\u00f3n Cabrera vs. Caribbean Petroleum Corporation, en el que el juez de instancia deneg\u00f3 la entrega de documentos aludiendo a la Ley de Monopolios que prohib\u00eda la divulgaci\u00f3n de cierta informaci\u00f3n de negocios, el Tribunal Supremo orden\u00f3 su entrega porque eran el producto de las investigaciones de la entidad supervisora.<\/p>
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