Los bonistas de la controvertible emisi\u00f3n de $3,000 millones realizada en 2008 en la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro (ASR) demandaron al gobierno en el Tribunal Federal para asegurar el repago de su inversi\u00f3n.<\/p>\n
La demanda, encabezada por Altair Global Credit Opportunities y que incluye como demandantes a los fondos de UBS que protagonizaron un esc\u00e1ndalo en esta emisi\u00f3n, fue radicada la semana pasada, justo cuando el Departamento de Justicia federal le pidi\u00f3 al juez federal Francisco Besosa que detuviera su consideraci\u00f3n de los casos relacionados con la Ley PROMESA hasta que la Junta de Control Fiscal (JCF) comience a operar y pueda decidir c\u00f3mo manejar la deuda de la Isla.<\/p>\n
Precisamente Besosa tambi\u00e9n tiene ante s\u00ed la nueva reclamaci\u00f3n relacionada con el retiro y en la que los demandantes han variado un poco sus argumentos en comparaci\u00f3n con otras demandas.<\/p>\n
Y es que, en el caso de los bonistas de retiro, la alegaci\u00f3n es que el gobierno est\u00e1 violando la ley porque no est\u00e1 enviando a los Sistemas de Retiro las aportaciones que se supone que haga por cada empleado. Los demandantes sostienen que, por virtud de la emisi\u00f3n, tienen un derecho exclusivo sobre esas aportaciones como garant\u00eda del repago de sus bonos y que el hecho de que las aportaciones no se remitan no s\u00f3lo violenta la ley que obliga a remitir las aportaciones sino que, adem\u00e1s, violenta las disposiciones de la Ley PROMESA que prohiben los movimientos financieros en detrimento de los acreedores.<\/p>\n
Seg\u00fan los demandantes, el instrumento para ejecutar esta estrategia fue una orden ejecutiva del gobernador Alejandro Garc\u00eda Padilla emitida bajo el palio de la Ley de Moratoria.<\/p>\n
El Gobierno es responsable del 59 porciento de las aportaciones y el resto viene de municipios y corporaciones p\u00fablicas. Estas \u00faltimas aportaciones se est\u00e1n haciendo, pero no las del Gobierno. El pago anual de la deuda de retiro es unos $167 millones.<\/p>\n
‘Los demandantes tienen la intenci\u00f3n de trabajar con la Junta en un esfuerzo de llegar a una soluci\u00f3n que beneficie a las partes. Sin embargo, en el interim, el Gobierno no ha reconocido los derechos constitucionales y contractuales de los demandantes y otros acreedores asegurados’, indica el documento radicado el mi\u00e9rcoles pasado.<\/p>\n
Esta emisi\u00f3n de retiro no s\u00f3lo fue controversial por la cantidad, m\u00e1s que eso, lo fue por la involucraci\u00f3n del banco de inversiones UBS que cubri\u00f3 varias bases conflictivas entre s\u00ed. Por un lado, como consultor de Retiro, recomendaron que se hiciera la emisi\u00f3n, de ah\u00ed, como vendedores de bonos, recibieron comisi\u00f3n por esas ventas y, luego, como manejadores de fondos de inversi\u00f3n, resultaron ser de los principales compradores de la emisi\u00f3n.<\/p>\n