Un gran jurado emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n contra cinco personas por su participaci\u00f3n en la manipulaci\u00f3n de licitaciones y conspiraciones de fraude en una subasta de contratos de transporte de guaguas de escuelas p\u00fablicas del Municipio de Caguas.<\/p>\n
As\u00ed lo anunci\u00f3 el Departamento de Justicia federal en una conferencia de prensa en la que se detall\u00f3 que siete cargos fueron presentados ayer, mi\u00e9rcoles, en la Corte de Distrito en San Juan contra cinco propietarios de empresas de transporte: Gavino Rivera Herrera, Luciano Vega Mart\u00ednez, Alfonso Gonz\u00e1lez Nevarez, Jos\u00e9 L. Arroyo Qui\u00f1ones y Ren\u00e9 Garay Rodr\u00edguez.<\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas de Rivera Herrera y Vega Mart\u00ednez operaban bajo sus nombres de pila mientras que la de Gonz\u00e1lez Nev\u00e1rez operaba como Junito Bus Linela de Arroyo Qui\u00f1ones como Transporte Escolar J. L. y la de Garay Rodr\u00edguez como Gary Bus Lines.<\/p>\n
El primer cargo es conspiraci\u00f3n para manipular licitaciones y asignar el mercado de servicios de transporte en el municipio de Caguas. El segundo cargo acusa a los propietarios de autobuses de conspiraci\u00f3n para cometer fraude postal y el resto de los cargos por cometer este delito. Los acusados conspiraron para defraudar y defraudaron el Departamento de Educaci\u00f3n y al Municipio de Caguas, entre otros, con el fin de obtener de manera fraudulenta los contratos de servicios de transporte de autobuses escolares, poni\u00e9ndose de acuerdo qui\u00e9n de ellos obtendr\u00eda el contrato mediante la abstenci\u00f3n de otros de someter propuestas y con otros inflando artificialmente sus licitaciones para manipular el proceso.<\/p>\n
Los cargos est\u00e1n relacionados a una subasta del 2013 en Caguas en la que se adjudicaron los contratos de cuatro a\u00f1os para el transporte en autob\u00fas escolar p\u00fablico. Se alega que los acusados cometieron los delitos entre agosto 2013 hasta mayo de 2015.<\/p>\n
Cada uno de los contratos era por $3.5 millones.<\/p>\n
De resultar culpables del cargo los cinco cargos de fraude postal, cada uno de los imputados enfrenta una condena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta $250,000.<\/p>\n
Cada uno de los dos cargos de conspiraci\u00f3n conlleva condenas de hasta diez a\u00f1os de c\u00e1rcel y hasta un mill\u00f3n de d\u00f3lares. Sin embargo, la pena puede aumentar a hasta el doble de las ganancias obtenidas por los imputados o el doble de las p\u00e9rdidas sufridas por el Gobierno.<\/p>\n
Los servicios ser\u00edan prestados en el casco urbano de Caguas y los barrios San Antonio, San Salvador, R\u00edo Ca\u00f1as, Bairoa, Ca\u00f1ab\u00f3n, Ca\u00f1aboncito, Turabo, Tom\u00e1s de Castro, Beatriz y Borinquen.<\/p>
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