Las autoridades federales buscan incentivar que ciudadanos con conocimiento directo de posibles esquemas de fraude en el Gobierno y en la empresa privada cooperen ofreciendo toda la informaci\u00f3n en su poder utilizando el Programa de Reclamaciones Fraudulentas (False Claims<\/em>).<\/p>\n Contrario a una confidencia, este programa requiere que el delator inicie un proceso formal mediante una querella juramentada con toda la informaci\u00f3n que conduzca a identificar casos donde haya malversaci\u00f3n de fondos federales, explic\u00f3 a NotiCel el jefe de la Fiscal\u00eda Federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.<\/p>\n El recien estrenado jefe de los fiscales federales en la isla apunt\u00f3 a que la iniciativa aplica adem\u00e1s de informaci\u00f3n sobre operaciones gubernamentales, a informaci\u00f3n sobre cualquier persona o compa\u00f1\u00eda que haga uso inadecuado de fondos del Gobierno de los Estados Unidos.<\/p>\n ‘Para ser lo que decimos un ‘whistleblower<\/em>‘ bajo ese programa hay unos requisitos donde la persona tiene que ir a un abogado y radicar una querella que est\u00e1 sellada’, dijo Muldrow.<\/p>\n Inmediatamente se radica la querella en el Tribunal Federal, la Fiscal\u00eda Federal y el Departamento de Justicia recibir\u00e1n una copia. El delator tendr\u00e1 la oportunidad de entrevistarse con la Fiscal\u00eda Federal para ofrecer detalles del caso. Dentro de un termino de 60 d\u00edas, los fiscales federales tendr\u00e1n que informar a la Corte mediante mociones selladas si intervendr\u00e1n en el caso o si necesitan m\u00e1s tiempo para la investigaci\u00f3n. Durante todo este proceso, el Gobierno federal proteger\u00e1 la identidad del delator.<\/p>\n Te interesar\u00eda leer: Nace proyecto ciudadano en l\u00ednea para ‘whistleblowers’<\/a><\/strong><\/p>\n El funcionario federal sostuvo que luego de radicada la querella, se inicia un proceso de investigaci\u00f3n ya sea civil o criminal para determinar si en efecto, hubo fraude con los fondos federales.<\/p>\n Los casos se podr\u00edan resolver sin radicar acusaciones contra los implicados, en cuyo caso el procedimiento ser\u00eda pedir autorizaci\u00f3n del Tribunal para notificar a la compa\u00f1\u00eda de la investigaci\u00f3n, los hallazgos y reclamar el pago de tres veces la cantidad de dinero defraudado, adem\u00e1s de la imposici\u00f3n de multas por cada reclamaci\u00f3n falsa que van desde $11,000 a $22,000. Si los imputados de fraude no acceden a pagar, el Gobierno Federal iniciar\u00eda una demanda civil para que se dirima el caso en Corte.<\/p>\n Dependiendo de la evidencia que se produzca, la Fiscal\u00eda Federal podr\u00eda asignar un fiscal de la Divisi\u00f3n Criminal y otro de la Divisi\u00f3n Civil para trabajar la investigaci\u00f3n de forma independiente pero al un\u00edsono.<\/p>\n ‘Si acusamos criminalmente, ese caso va y el caso civil se queda sin continuar los procesos’, indic\u00f3. Al final de esta cadena y luego de que el Gobierno federal recupere el dinero, las autoridades entrar\u00edan en una negociaci\u00f3n con el delator para determinar la cantidad de dinero que recibir\u00e1 de recompensa.<\/p>\n Vea una gu\u00eda para reclamaciones bajo el Programa de Reclamaciones Fraudulentas (False Claims<\/em>)<\/a><\/p>\n De acuerdo con el jefe de los fiscales federales, el programa ha sido exitoso en otras jurisdicciones logrando recuperar millones de d\u00f3lares en fondos federales, preferiblemente mediante acuerdos fuera de la corte.<\/p>\n ‘Depende de la prueba, la evidencia, podemos hacer (un caso) criminal, civil o los dos\u2026 El delator puede recibir entre el 15 y el 25 por ciento del dinero que nosotros recibimos’, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n Ya hubo pagos de recompensas en Puerto Rico<\/strong><\/p>\n No ser\u00eda la primera vez que se utilice este programa en Puerto Rico. Muldrow mencion\u00f3 que de esta forma fue que las autoridades federales lograron en el 2015 que las empresas BTB Corporation y R&F Asphalt Unlimited, Inc. acordaran pagar al Gobierno de Estados Unidos $7.2 millones luego de haber cometido fraude en el proyecto de rehabilitaci\u00f3n de la pista del aeropuerto Rafael Hern\u00e1ndez de Aguadilla al utilizar un asfalto de menor calidad al que exigen los c\u00f3digos federales para este tipo de construcci\u00f3n.<\/p>\n ‘El delator en este caso recibi\u00f3 20 por ciento de eso. Eso quiere decir que $1.4 millones (van) para el delator’, indic\u00f3 el fiscal, quien trabaj\u00f3 en Puerto Rico tambien bajo el liderato en la oficina de Guillermo Gil Bonar. Aunque esta herramienta siempre ha existido, dijo que es necesario que la gente, y los abogados, lo sepan para maximizar la participaci\u00f3n de m\u00e1s ‘whistleblowers<\/em>‘, lo cual en Puerto Rico no se ha potenciado todav\u00eda, a juicio de Muldrow y de Hector Ram\u00edrez, jefe de la Divisi\u00f3n Civil.<\/p>\n![](\"\/amino-v1-theme\/images\/placeholder\/placeholder-16x9.jpg\")
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