{"id":3643,"date":"2019-11-17T04:00:00","date_gmt":"2019-11-17T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2019\/11\/17\/supremo-reinstala-las-protecciones-de-reservas-naturales-que-rossello-quito\/"},"modified":"2025-07-20T22:56:37","modified_gmt":"2025-07-20T22:56:37","slug":"supremo-reinstala-las-protecciones-de-reservas-naturales-que-rossello-quito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20191117\/supremo-reinstala-las-protecciones-de-reservas-naturales-que-rossello-quito\/","title":{"rendered":"Supremo reinstala las protecciones de reservas naturales que Rossell\u00f3 quit\u00f3"},"content":{"rendered":"

El Tribunal Supremo resolvi\u00f3 un\u00e1nimemente que la Junta de Planificaci\u00f3n (JP) bajo la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 Nevares viol\u00f3 la ley al dejar sin efecto siete resoluciones que ellos mismos hab\u00edan emitido bajo la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla para proteger como reservas naturales: el Humedal Playa Luc\u00eda en Yabucoa, Punta Cabullones en Ponce, Punta Petrona en Santa Isabel, Punta Guillarte en Arroyo, Mar Chiquita en Manat\u00ed, Finca Nolla en Camuy y R\u00edo Camuy en Hatillo y Camuy.<\/p>\n

En conjunto, las resoluciones y sus correspondientes planes de uso de terreno protegen 7,420.41 cuerdas de terreno, m\u00e1s de 10,000 cuerdas de componente marino y 17,300 cuerdas de reserva agr\u00edcola.<\/p>\n

Bajo Rossell\u00f3 Nevares, la JP hab\u00eda argumentado que no ten\u00edan que seguir los requisitos de ley para revocar las resoluciones porque estas hab\u00edan sido aprobadas ‘por motivo de fin de a\u00f1o y cambio de gobierno’. Adem\u00e1s, dijeron que los demandantes no ten\u00edan capacidad para impugnar su revocaci\u00f3n. Los demandantes son el Sierra Club, Toabaje\u00f1os en Defensa del Ambiente, Inc. y el Comit\u00e9 Socio<\/p>\n

Cultural Comunitario Arizona San Felipe de Arroyo, Inc.<\/p>\n

Si se permite la derogaci\u00f3n de las resoluciones ‘se facilitar\u00eda que, ante todo cambio de administraci\u00f3n pol\u00edtica, las agencias act\u00faen desmedidamente y deroguen normas con vigencia y fuerza de ley sin el debido procedimiento expresamente contenido en nuestra legislaci\u00f3n’, dijo el Supremo.<\/p>\n

La opini\u00f3n fue emitida el viernes por voz del juez asociado Luis F. Estrella Mart\u00ednez y se fundamenta en dos determinaciones: que la JP bajo Rossell\u00f3 Nevares no cumpli\u00f3 con los requisitos de ley para derogar las resoluciones anteriores y que, por ley, cualquier persona puede impugnar una norma administrativa que no ha cumplido con la ley, independientemente de si esa persona est\u00e1 o no est\u00e1 afectada por la norma.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

En ese sentido, la opini\u00f3n se podr\u00eda prestar a mal interpretaci\u00f3n porque no es lo mismo que alguien quiera impugnar c\u00f3mo se aplica una norma que fue creada cumpliendo con la ley, a que alguien meramente quiera impugnar que la norma no cumple con la ley, sea cual sea su aplicaci\u00f3n o contenido. Espec\u00edficamente, la opini\u00f3n mayoritaria enfatiza que no est\u00e1n usando en esta decisi\u00f3n los precedentes establecidos en 2010 en el caso de Surfrider para determinar cu\u00e1ndo es que alguien tiene legitimaci\u00f3n activa para impugnar el contenido o aplicaci\u00f3n de un reglamento.<\/p>\n

En el contexto actual de la controversia por los cambios que la propia JP propone para el Plan de Uso de Terrenos, este caso representa un recordatorio de que si la agencia sigue el proceso de ley para tomar su decisi\u00f3n, entonces la alternativa de impugnar los cambios al Plan podr\u00eda limitarse solo a aquellos casos en que una persona pude demostrar un da\u00f1o espec\u00edfico.<\/p>\n

En cuanto a las siete resoluciones emitidas por la JP en diciembre de 2016, el Supremo recalca que se hicieron de acuerdo a la ley y que nunca fueron impugnadas en los tribunales.<\/p>\n

Lo que no ocurri\u00f3 de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), fue la revocaci\u00f3n de esas resoluciones en 2017 ya que en ese proceso no se dieron los requisitos de: notificar al p\u00fablico la reglamentaci\u00f3n que ha de aprobarse (o derogarse); proveer oportunidad para la participaci\u00f3n ciudadana, incluyendo vistas p\u00fablicas cuando sea necesario u obligatorio; presentar la reglamentaci\u00f3n ante el Departamento de Estado para la aprobaci\u00f3n correspondiente, y publicar la reglamentaci\u00f3n aprobada. Las resoluciones de 2017 son ‘irremediablemente nulas’ porque no se dieron los ‘requisitos m\u00ednimos de participaci\u00f3n ciudadana’, subray\u00f3 el Supremo.<\/p>\n

‘[L]a Junta de Planificaci\u00f3n no ten\u00eda discreci\u00f3n alguna para revocar las referidas normas reglamentarias de otra manera que no fuese la dispuesta en la LPAU. La mera alegaci\u00f3n de defectos e imperfecciones en los Reglamentos del 2016 y, mucho menos, un cambio de administraci\u00f3n pol\u00edtica, no justifican la derogaci\u00f3n autom\u00e1tica de reglamentos vigentes y v\u00e1lidos’, indic\u00f3 el Alto Foro.<\/p>\n

Para ver la decisi\u00f3n del Supremo, pulse aqu\u00ed.<\/a><\/p>\n

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