El juez \u00c1ngel Pag\u00e1n Ocasio desestim\u00f3 con perjuicio una solicitud de mandamus radicada por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) contra el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que el Tribunal les ordenase el pago de $25 millones por concepto de la cantidad adicional de la contribuci\u00f3n b\u00e1sica exonerada.<\/p>\n
El CRIM le ped\u00eda al Tribunal que ordenara al Gobernador de Puerto Rico, la OGP y al Secretario de Hacienda incluir en el pr\u00f3ximo presupuesto unos $75 millones alegadamente adeudados por el ELA a esa entidad correspondiente a los a\u00f1os fiscales 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. La parte demandante aleg\u00f3 que dicha cantidad es aparte y diferente a las partidas ya asignadas al Centro, conocidos como el Fondo de Exoneraci\u00f3n y el Fondo de Equiparaci\u00f3n.<\/p>\n
El Gobierno aleg\u00f3 que el Tribunal carece de jurisdicci\u00f3n porque el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deciden la asignaci\u00f3n de fondos. Adem\u00e1s de cuestionar la ausencia de dicha deuda, el Gobierno estableci\u00f3 que las resoluciones de presupuesto ser\u00e1n las \u00fanicas asignaciones vigentes. Tambi\u00e9n sostuvo que partiendo de la premisa de que las cuant\u00edas reclamadas son obligaciones del Estado con el CRIM, el caso m\u00e1s que un mandamus ser\u00eda una causa de acci\u00f3n de cobro de dinero. Bajo este escenario, resulta forzoso concluir que es la Comisi\u00f3n para Resolver Controversias sobre Pagos y Deudas entre Agencias Gubernamentales la que tiene jurisdicci\u00f3n para determinar si existe la deuda entre Hacienda y el CRIM, y de resolver afirmativamente, determinar el monto de la cantidad adeuda y el m\u00e9todo de pago.<\/p>\n
El Tribunal sostuvo que para la expedici\u00f3n delmandamus el deber del funcionario debe surgir de forma clara y patente y la parte demandante no puso al Tribunal en posici\u00f3n para determinar la existencia de un deber de desembolsar los fondos que reclama.<\/p>\n
Las Resoluciones Conjuntas de Presupuesto de los a\u00f1os fiscales en controversia, como las disposiciones de la Ley 103-2006 claramente imponen al poder ejecutivo una obligaci\u00f3n de no reconocer como deuda, obligaci\u00f3n o compromiso alguno con entidades p\u00fablicas o terceros cualquier ley previa que disponga una cantidad distinta a las incluidas en dichas Resoluciones Conjuntas, resolvi\u00f3 el Tribunal. De manera que ni la OGP ni Hacienda pueden hacer desembolso alguno que vaya en contravenci\u00f3n con el presupuesto aprobado y los fondos asignados por la Legislatura.<\/p>\n
La voluntad de la Legislatura en el ejercicio de su soberan\u00eda y poder constitucional de la aprobaci\u00f3n del Presupuesto General de Gastos, ante la crisis fiscal por la que atraviesa el Pa\u00eds, dispuso recortes sustanciales en todo el aparato gubernamental, incluyendo asignaciones especiales legisladas a trav\u00e9s de los a\u00f1os, dijo el Tribunal, por lo que recomend\u00f3 y aprob\u00f3 asignaciones distintas a la leyes especiales.<\/p>\n
El Tribunal, por lo tanto, orden\u00f3 al CRIM agotar otros remedios que tiene por ley disponibles como solicitar una demanda de cobro.<\/p>\n