En la ma\u00f1ana de hoy, lunes, se llev\u00f3 a cabo en Washington D.C. una audiencia p\u00fablica ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) para discutir la deuda p\u00fablica de Puerto Rico y su efecto en los derechos de los ciudadanos residentes en la Isla.<\/p>\n
La directora del Instituto Caribe\u00f1o de Derechos Humanos, Annette Mart\u00ednez, en representaci\u00f3n de unas 42 organizaciones comunitarias, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de derechos sociales, econ\u00f3micos y culturales de los puertorrique\u00f1os como consecuencia de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico y la no inclusi\u00f3n de la sociedad civil en los debates sobre c\u00f3mo afrontarla.<\/p>\n
‘Hasta ahora, la discusi\u00f3n de pagar o no la deuda se ha dado sin que se tomen en cuenta los principios y est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos sobre deuda p\u00fablica,’ indic\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se denunci\u00f3 la falta de transparencia en la gesti\u00f3n gubernamental. ‘En Puerto Rico no existe una pol\u00edtica de acceso a la informaci\u00f3n, transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en la elaboraci\u00f3n de estrategia econ\u00f3mica. La negligencia fiscal es consecuencia directa de la falta de transparencia y el obst\u00e1culo al cuestionamiento respecto a la eficiencia del gasto p\u00fablico,’ declar\u00f3 la abogada Natalia Ram\u00edrez. Como ejemplo, subray\u00f3 que la pol\u00edtica de opacidad prevaleciente permite que el gobierno prepare presupuestos desvinculados con la realidad de gastos.<\/p>\n
La suspensi\u00f3n de convenios colectivos, la desvalorizaci\u00f3n de los derechos laborales, despido de empleados p\u00fablicos y la disminuci\u00f3n en las pensiones de los jubilados fueron los efectos enumerados por la presidenta de la Uni\u00f3n de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Mar\u00eda Teresa Rodr\u00edguez, como muestra de las pol\u00edticas fiscales violatorias de los derechos de los trabajadores puertorrique\u00f1os.<\/p>\n
Rodr\u00edguez se\u00f1al\u00f3 que tanto las mujeres como los trabajadores de mayor edad han sido los grupos m\u00e1s afectados negativamente por las medidas de austeridad implantadas en la pasada d\u00e9cada. La presente administraci\u00f3n ha declarado un nuevo estado de excepci\u00f3n que hace inoperante el derecho constitucional a la negociaci\u00f3n colectiva y otros derechos adquiridos en luchas sindicales por d\u00e9cadas. Estim\u00f3 en unos mil millones el impacto en la clase trabajadora del sector p\u00fablico del pa\u00eds.<\/p>\n
Mientras, la exasesora de Fortaleza,Ataveyra Medina, critic\u00f3 el plan de consolidaci\u00f3n de escuelas como un golpe al derecho a la educaci\u00f3n.<\/p>\n
‘El cierre de escuelas unido a la interrupci\u00f3n del transporte escolar por falta de pagos viola el derecho al acceso a la educaci\u00f3n de estudiantes bajo nivel de pobreza, especialmente en zonas rurales y apartadas. El magisterio, compuesto mayormente por mujeres, enfrenta la insolvencia de su sistema de retiro, el \u00e9xodo a otras jurisdicciones con mejores condiciones laborales, el envejecimiento poblacional, falta de materiales, infraestructura inadecuada y plazas congeladas’, detall\u00f3.<\/p>
![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/15122709\/JP-Monopoly-Launch-Noticel-300x600-1.jpg\")
<\/a><\/div>\n