![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/05\/30094652\/Acodese-Adaptaciones-Noticel-300x600-1.jpg\")
<\/a><\/div>\nEl proceso de aprobaci\u00f3n de proyectos de obra permanente se supone dure 18 meses a partir de la publicaci\u00f3n en abril de 2018 de los lineamientos (‘guidelines’) para estos proyectos. Esto significa que todos los proyectos de obra permanente deber\u00edan estar aprobados para octubre de 2019. Sin embargo es poco probable que esto ocurra. De acuerdo con el testimonio del licenciado Omar Marrero ante un subcomite del Comite de Seguridad Interna (‘Homeland Security’) de la C\u00e1mara de Representantes de Estados Unidos solo 117 de 1,475 proyectos sometidos a FEMA, un 7.9%, hab\u00edan sido aprobados por FEMA al 11 de julio de este a\u00f1o.<\/p>\n
Va a ser muy dif\u00edcil lograr la aprobaci\u00f3n del 92.1% de los proyectos restantes en solo seis semanas. El gobierno de Puerto Rico ha solicitado a FEMA una extensi\u00f3n de esta fecha, pero hasta ahora FEMA se ha negado, y adem\u00e1s, cualquier extensi\u00f3n tendr\u00eda el efecto de posponer el desembolso de ciertos fondos del programa CDBG-DR, como veremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n
Esta lentitud se debe, en parte, al requisito de utilizar los procedimientos alternativos de manera obligatoria en Puerto Rico, en vez de voluntaria como en los estados, ya que la misma FEMA tiene poca experiencia manejando proyectos bajo la secci\u00f3n 428. Y tal vez m\u00e1s importante, la versi\u00f3n de los procedimientos alternativos aprobada para Puerto Rico no permite que FEMA acepte estimados hechos por el solicitante, solo estimados desarrollados por profesionales licenciados por FEMA son aceptables, esto tambien es una diferencia con los estados. (Ver ‘Public Assistance Alternative Procedures (Section 428), Guides for Permament Work, FEMA-4339-DR-PR, Appendix A, April 2018)<\/p>\n
En terminos del programa CDBG-DR, este se nutre de asignaciones congresionales al Community Development Fund. HUD entonces asigna fondos a las distintas jurisdicciones a traves de notificaciones publicadas en el Federal Register. Una vez se publica la notificaci\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n tiene un periodo fijo de tiempo (usualmente 60 o 90 d\u00edas) para someter un Plan de Acci\u00f3n para el uso de esos fondos. Ese plan tiene que ser aprobado por HUD. Una vez aprobado el Plan de Acci\u00f3n se procede a la firma de un Acuerdo de Subvenci\u00f3n. Una vez finalizado ese tramite, comienza el proceso para la obligaci\u00f3n y desembolso de fondos para los proyectos incluidos en el Plan.<\/p>\n
En el caso de Puerto Rico despues del hurac\u00e1n Mar\u00eda, el Congreso ha aprobado tres leyes asignando fondos CDBG-DR. La primera fue la ley 115-56 de noviembre de 2017, la cual asign\u00f3 $1,507,179,000 para atender necesidades no satisfechas en Puerto Rico, en su mayor\u00eda proyectos de vivienda. Estos son los fondos que se est\u00e1n utilizando al presente para el Programa de Reparaci\u00f3n, Reconstrucci\u00f3n o Reubicaci\u00f3n de Viviendas, conocido como R3.<\/p>\n
En febrero de 2018 el Congreso aprob\u00f3 la ley 115-123 la cual asign\u00f3 a Puerto Rico unos $18,438,414,000 adicionales. De esa cantidad unos $10,153,130,000 fueron designados para atender necesidades no satisfechas (incluyendo $2,000,000,000 para mejorar el sistema electrico en Puerto Rico e Islas V\u00edrgenes) y otros $8,285,284,000 para proyectos de mitigaci\u00f3n. Finalmente, en junio de 2019 se aprob\u00f3 la ley 116-20, la cual asign\u00f3 unos $304 millones adicionales para atender necesidades no satisfechas en la isla.<\/p>\n
El 28 de febrero de 2019, HUD aprob\u00f3 el Plan de Acci\u00f3n para utilizar $8,220 millones de los $10,153 millones asignados por la ley 115-123 para atender necesidades no satisfechas (la diferencia corresponde a los fondos asignados para el sistema electrico, los cuales no han sido objeto de notificaci\u00f3n oficial a traves del Federal Register todav\u00eda). Sin embargo, el Acuerdo de Subvenci\u00f3n para utilizar esos fondos no ha sido ejecutado a la fecha de hoy por razones que desconocemos.<\/p>\n
M\u00e1s importante a\u00fan, el desembolso de los $8,285 millones asignados en la ley 115-123 para proyectos de mitigaci\u00f3n y los $304 millones para atender necesidades no satisfechas asignados en la ley 116-20 est\u00e1 prohibido hasta que Puerto Rico llegue a un acuerdo con FEMA sobre todos los estimados de costo fijo para los proyectos de obras permanentes de acuerdo con el calendario establecido por FEMA. (Ver Secci\u00f3n 1102 de la Ley 116-20)<\/p>\n
No sabemos porque el Congreso decidi\u00f3 imponer esta restricci\u00f3n adicional al desembolso de estos fondos, pero claramente pone a Puerto Rico en una situaci\u00f3n dif\u00edcil: s\u00ed FEMA no extiende el periodo para la aprobaci\u00f3n de proyectos de obra permanente, se quedar\u00edan cientos, tal vez miles, de proyectos sin financiamiento; s\u00ed se extiende el periodo para la aprobaci\u00f3n, se dilata el desembolso de unos $8,589 millones de fondos CDBG-DR. Hasta donde tenemos conocimiento esta condici\u00f3n solo se le ha impuesto a Puerto Rico y a las Islas V\u00edrgenes.<\/p>\n
Finalmente, el 2 de agosto de 2019, HUD anunci\u00f3 que va a nombrar un monitor financiero para que supervise el desembolso y el uso de todos los fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico para proyectos de la reconstrucci\u00f3n. Por lo tanto, es razonable concluir que el desembolso de esos fondos se paralizar\u00e1 hasta que se haga dicho nombramiento.<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el proceso de reconstrucci\u00f3n de Puerto Rico y el crecimiento econ\u00f3mico atado a esta ser\u00e1n m\u00e1s lentos de lo proyectado, debido a la burocracia federal, la utilizaci\u00f3n de procesos alternativos que hasta ahora no han funcionado como esperado y la imposici\u00f3n de condiciones discriminatorias, onerosas e irrazonables por parte del Congreso, FEMA y HUD.<\/p>\n