La Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 lleg\u00f3 a un acuerdo con bonistas de los Sistemas de Retiro para que estos retiren la demanda que ten\u00edan contra la moratoria de la Ley PROMESA, a cambio de que el gobierno ponga en una cuenta separada los fondos que est\u00e1n en controversia.<\/p>\n
La soluci\u00f3n hab\u00eda sido sugerida en la decisi\u00f3n del Primer Circuito de Apelaciones de Boston del 11 de enero pasado en la que ese foro apelativo mantuvo la legalidad de la moratoria de pleitos de la Ley PROMESA. Adem\u00e1s de aprobar la transacci\u00f3n en el caso de Retiro, el juez federal Francisco Besosa archiv\u00f3 sin prejuicio otros dos casos afectados por la decisi\u00f3n apelativa en la que grupos de bonistas retaban la constitucionalidad de la moratoria.<\/p>\n
En el caso de los bonistas de Retiro, encabezados por el grupo de inversi\u00f3n Altair Global Credit Opportunities Fund, dispone que en un plazo no mayor de cinco d\u00edas desde la transacci\u00f3n, se abrir\u00e1 una cuenta en el Banco Popular en la que la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro depositar\u00e1 las contribuciones patronales que estaban en controversia porque Retiro entiende que pod\u00eda ponerlos en su cuenta para gastos operacionales bajo los decretos de emergencia de la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla mientras que los bonistas reclamaban protecci\u00f3n de ese dinero para que no se perdiera y no estuviera disponible para repagar los bonos de la controvertible emisi\u00f3n de 2008.<\/p>\n
La estipulaci\u00f3n deja sin efecto la vista que estaba se\u00f1alada para el caso este viernes.<\/p>\n
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