Por una parte, los municipios y las dependencias del gobierno han fallado en remitir sus aportaciones al sistema de retiro. En el caso de 50 municipios esa deuda asciende a $126 millones, mientras que otras 24 corporaciones p\u00fablicas han acumulado una deuda de $93 millones, indica el informe comisionado por la JCF a EY.<\/p>\n
Como medida para atajar ese impago, la administraci\u00f3n de gobierno legisl\u00f3 para asumir el costo del PayGo de municipios y corporaciones p\u00fablicas mediante reembolsos a traves de la ley 29 del 2019. La JCF, sin embargo, insisti\u00f3 que esos reembolsos no estaban presupuestados en el Plan Fiscal certificado, por lo que el gobierno tendr\u00eda que compeler el pago de las aportaciones de los jubilados a los municipios y agencias o buscar otra medida para reducir costos.<\/p>\n
Aunque el an\u00e1lisis de EY se limita a uno consultivo para beneficio de la JCF, su evaluaci\u00f3n sobre la sostenibilidad de los sistemas de retiro del gobierno central se sostiene sobre el cumplimiento de las directrices de la Junta y, por tanto, la eliminaci\u00f3n de la ley 29. A esos efectos, se\u00f1ala que la posible disoluci\u00f3n de municipios o corporaciones, o su insolvencia, causar\u00eda que esa obligaci\u00f3n pase al gobierno central, aumentado la carga de deuda.<\/p>\n
La evaluaci\u00f3n de la firma internacional de contabilidad consider\u00f3 los 242,000 miembros activos, pensionados y beneficiarios del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (SER), el Sistema de Retiro de los Maestros (SRM) y el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ).<\/p>\n
En el caso del SRE, aunque mantuvo algunas pr\u00e1cticas operacionales comunes – como realizar estudios actuariales, auditorias y pol\u00edticas de inversi\u00f3n – EY encontr\u00f3 que no existe data sobre empleados que aportaron al sistema de retiro, pero que ya no trabajan en el gobierno. A modo de producir un estimado para la evaluaci\u00f3n total del sistema, la firma le atribuy\u00f3 a ese sector particular de beneficiarios un costo de $900 millones, aunque se\u00f1alan en el informe que la falta de ese dato podr\u00eda ser perjudicial m\u00e1s adelante.<\/p>\n
‘Aunque estas aproximaciones est\u00e1n basadas en experiencia de plan, son estimados de data incompleta que t\u00edpicamente pueden ser rastreadas por otros sistemas. Estas limitaciones de data pueden llevar a ineficacias en la administraci\u00f3n del plan y presentan un riesgo de equivocarse en las obligaciones del plan’, sostiene el informe de EY.<\/p>\n
Otro dato que no se refleja del estudio actuarial del 2016 que utiliz\u00f3 EY para la evaluaci\u00f3n es el impacto que tendr\u00e1 el programa de retiro voluntario sobre los estimados del PayGo. El informe se\u00f1ala que el m\u00e1s reciente plan de retiro voluntario cubri\u00f3 a m\u00e1s de 5,455 empleados p\u00fablicos que reciben m\u00e1s de $14 millones en pagos.<\/p>\n
Sin embargo, aunque esto supone un ahorro en el rengl\u00f3n de n\u00f3mina para los patronos gubernamentales, tambien tienen el efecto de reducir el universo de contribuyentes al sistema de retiro a la vez que aumenta la obligaci\u00f3n de pensiones que deben pagar. Esto abre a la posibilidad que los c\u00e1lculos realizados sobre los costos del PayGo sean mayores a los estimados actuales.<\/p>\n
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