Son dos, si los siete miembros con voto de la JCF (el Gobernador de Puerto Rico es miembro pero no tiene voto) fueron nombrados constitucionalmente cuando el presidente Barack Obama los escogi\u00f3 de unas listas que prepar\u00f3 el liderato congresional, en vez de que el presidente los nombrara y pasaran a la evaluaci\u00f3n del Senado. Segundo, de ser inconstitucionales, que hacer con las decisiones que han tomado hasta ahora, desde la primera que tomaron de someter al Gobierno de Puerto Rico al proceso de quiebra bajo la Ley PROMESA.<\/p>\n
Partes<\/strong><\/p>\n El fondo de inversi\u00f3n Aurelius Investment LLC (que se dedica a litigar aguerridamente en quiebras como la de Argentina para sacar la m\u00e1xima ganancia del proceso), junto con la aseguradora Assured Guaranty, y la Uni\u00f3n de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) llevaron por separado casos que impugnaban la legalidad de los nombramientos. El Primer Circuito de Boston los resolvi\u00f3 al un\u00edsono concluyendo que los nombramientos eran ilegales porque los miembros de la JCF son ‘oficiales federales’ que requieren pasar por el proceso de designaci\u00f3n por el Presidente y confirmaci\u00f3n por el Senado que dicta la separaci\u00f3n de poderes de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos. El Circuito rehus\u00f3 declarar nulas las acciones de la Junta hasta la fecha, pero abri\u00f3 un espacio para que nuevos miembros fueran nombrados mediante el proceso constitucional.<\/p>\n Vea: <\/strong>Las aseguradoras de bonos, los ‘comandos’ de la deuda de PR<\/strong><\/a><\/p>\n Por su parte, la JCF y el Gobierno de los Estados Unidos, quien participa como interventor porque no es una de las partes del pleito, dicen que los miembros son ‘oficiales territoriales’, por lo que el Congreso estaba en todo su derecho de dise\u00f1ar el mecanismo que quisiera para nombrarlos. Piden que, de ser encontrados los nombramientos inconstitucionales, se mantengan las decisiones y se nombren nuevos miembros para seguir adelante. Si se encuentra que fueron inconstitucionales, se pide que el Supremo suspenda la efectividad de su decisi\u00f3n por 60 d\u00edas en lo que el Presidente puede nombrar, y el Senado puede confirmar, nuevos miembros. Eso es m\u00e1s o menos el mismo per\u00edodo que hubo entre la vigencia de PROMESA y los nombramientos de los miembros actuales, y es m\u00e1s tiempo del que ha pasado desde la decisi\u00f3n del Primer Circuito hasta ahora sin que se haya completado un proceso de nombramiento y evaluaci\u00f3n de una nueva ronda para los miembros actuales.<\/p>\n Aurelius pide desestimar las quiebras del Gobierno Central y la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (pero no otros procesos de quiebra bajo PROMESA) y que los nuevos miembros tengan la facultad de revisar las decisiones de los miembros inconstitucionales. La UTIER pide que se declaren oficiales federales debido al gran poder que la propia PROMESA les extendi\u00f3 y que se anulen todos los actos previos para recomenzar el proceso asumiendo que las controversias que surjan por la nulidad se podr\u00edan resolver en la sala de quiebras de la jueza Laura Taylor Swain.<\/p>\n Ramificaciones<\/strong><\/p>\n El Gobierno de los Estados Unidos ha planteado que resolver que los miembros de la JCF son ‘oficiales federales’ implicar\u00eda que los oficiales electos de Puerto Rico (Gobernador y legisladores) tambien lo son ya que, sostiene, de la misma manera que los de la Junta sirven por virtud de una ley del Congreso, los electos sirven porque una ley del Congreso viabiliz\u00f3 la adopci\u00f3n de una Constituci\u00f3n en el Estado Libre Asociado. Por tanto, a\u00f1aden, el Presidente tambien podr\u00eda designar al Gobernador y pasarlo a la evaluaci\u00f3n del Senado federal sin el voto directo del pueblo puertorrique\u00f1o, como ocurr\u00eda antes de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n La UTIER plantea que para resolver el caso hay que derogar los llamados ‘Casos Insulares’, una serie de decisiones del Supremo federal al principio del siglo pasado que han sido criticados como racistas y xenof\u00f3bicos y que plantearon el poder del Congreso para hacer lo que entendieran con los territorios como Puerto Rico.<\/p>\n En una intervenci\u00f3n, solo escrita porque no le permitieron comparecer en la vista oral, el Gobierno de Puerto Rico a traves de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico defendi\u00f3 la constitucionalidad de los nombramientos diciendo que no tienen que ver nada conque violenten la separaci\u00f3n de poderes sino tienen que ver con la condici\u00f3n colonial de la Isla.<\/p>\n Varios amigos de la corte identificados con la comunidad comercial e industrial en los Estados Unidos quieren que la inconstitucionalidad se resuelva invalidando los actos porque entienden que tiene que haber consecuencias para que el gobierno no use a funcionarios de dudosa validez para adjudicar intereses en distintos foros y luego esas decisiones queden v\u00e1lidas si los nombramientos son revocados.<\/p>\n Que hay que mirar en la vista<\/strong><\/p>\n Es la primera vez que los jueces Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch tienen la oportunidad de atender a Puerto Rico en un caso ya que llegaron al tribunal despues de Pueblo v. S\u00e1nchez Valle (2016, donde se reiter\u00f3 que el poder del Gobierno de Puerto Rico emana del Congreso) y de Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust (2016, donde se declar\u00f3 ilegal la ley de quiebra criolla de la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla).<\/p>\n Gorsuch ha mostrado admiraci\u00f3n por el juez John Marshall Harlan, disidente en los Casos Insulares, pero de Kavanaugh no se conocen posiciones sobre Puerto Rico o los Casos Insulares.<\/p>\n Clarence Thomas fue el juez que escribi\u00f3 la decisi\u00f3n de Franklin, pero es notorio por no hacer preguntas durante las vistas orales. Mientras que Elena Kagan escribi\u00f3 S\u00e1nchez Valle, pero su trasfondo es como Procuradora General de los Estados Unidos.<\/p>\n En el caso del juez Samuel Alito, tan reciente como esta semana, trajo a colaci\u00f3n la aplicaci\u00f3n de los Casos Insulares a Puerto Rico en otro caso distinto, en el que se pide reconocer un derecho a que los veredictos criminales estatales sean un\u00e1nimes (12-0) y no como en la Isla, que pueden ser divididos (9-3).<\/p>\n La jueza puertorrique\u00f1a, Sonia Sotomayor, fue disidente en S\u00e1nchez Valle y en Franklin pero en cada uno solo pudo arrastrar un voto adicional a su posici\u00f3n disidente.<\/p>\n Se espera la presencia en la sala de los siete miembros de la JCF.<\/p>\n Vea:<\/strong><\/p>\n Supremo federal da cantazo a gobierno de Puerto Rico (documento)<\/strong><\/a><\/p>\n Supremo federal falla contra la quiebra criolla (documento)<\/strong><\/a><\/p>\n \u00bfQue dicen los amigos?<\/strong><\/p>\n El caso ha provocado la intervenci\u00f3n de 16 personas u organizaciones como ‘amigos de la corte’ mediante escritos que generalmente se han dividido entre explorar el rol de los Casos Insulares en la controversia y pedir que los actos de la Junta sean anulados si sus nombramientos son declarados inconstitucionales. Tambien, hay intervenciones que piden que el Supremo declare los nombramientos ilegales para proteger la figura de la separaci\u00f3n de poderes constitucionales.<\/p>\n Algunas figuras relacionadas con Puerto Rico que sometieron intervenciones como amigos de la corte (por s\u00ed o como parte de otros grupos) son los exgobernadores Sila Calder\u00f3n, Alejandro Garc\u00eda Padilla y alcaldes y legisladores del Partido Popular Democr\u00e1tico (defendiendo la autonom\u00eda del gobierno de Puerto Rico), An\u00edbal Acevedo Vil\u00e1 (defendiendo la inconstitucionalidad de los nombramientos), el exjuez federal Jose A. Fuste (para la derogaci\u00f3n de los Casos Insulares), el excandidato a comisionado residente, Rafael Cox Alomar (para que no se usen los Casos Insulares en la decisi\u00f3n) y el Municipio de San Juan (para decir que los nombramientos son inconstitucionales y que se deben anular las acciones que la Junta tom\u00f3 despues de la determinaci\u00f3n del Primer Circuito, por lo que su posici\u00f3n no parece cubrir las acciones realizadas antes).<\/p>\n La American Civil Liberties Union y el gobierno de Islas V\u00edrgenes apoyaron que se deroguen los Casos Insulares.<\/p>\n El caso, adem\u00e1s, ha provocado algunos comentarios en medios principales. En The New York Times, el profesor de Harvard y exoficial jur\u00eddico de Sotomayor, Nikolas Bowie, advirti\u00f3<\/a> que la decisi\u00f3n que tome el Supremo puede ‘condenar la doctrina de gobierno propio en los territorios y el distrito (en referencia al Distrito de Columbia, la estructura de gobierno de la capital federal)’ y el portal digital Slate public\u00f3 una nota del abogado puertorrique\u00f1o Adriel I. Cepeda Derieux<\/a> en contra de los Casos Insulares y de su aplicaci\u00f3n en controversias como esta.<\/p>\n Hamilton asoma la cabeza<\/strong><\/p>\n El actor puertorrique\u00f1o Lin Manuel Miranda, quien alcanz\u00f3 el megaestrellato con su creaci\u00f3n y producci\u00f3n del musical Hamilton sobre la vida del exsecretario del Tesoro, Alexander Hamilton, todav\u00eda enfrenta cr\u00edticas por su campa\u00f1a a favor de que el Congreso aprobara PROMESA, un evento que tiene eco en el escrito que someti\u00f3 Aurelius.<\/p>\n En su argumento a favor de que los miembros de la Junta son oficiales federales en vez de solo territoriales, sometieron como evidencia que en 1793 Hamilton hizo una lista de los ‘oficiales civiles’ del gobierno federal e incluy\u00f3 a los ‘gobernadores y secretarios de territorios’. El Gobierno de los Estados Unidos rechaz\u00f3 el argumento diciendo que la lista solo procuraba conocer a quienes se le pagaba salario de cuentas del Tesoro, en vez de designarlos como oficiales federales.<\/p>\n![](\"https:\/\/media.noticel.com\/o2com-noti-media-us-east-1\/photo\/2019\/10\/12\/19-10-10%20-%20ENTREVISTA%20CASO%20PROMESA%20UTIER%20SCOTUS%20JRCR%2010707_1570933428353.jpg_39506895_ver1.0_1280_720.jpg\")
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