{"id":31306,"date":"2015-01-29T00:00:00","date_gmt":"2015-01-29T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20150129\/correccion-resolvio-operaciones-con-fondos-del-caso-morales-feliciano\/"},"modified":"2025-07-15T18:21:33","modified_gmt":"2025-07-15T18:21:33","slug":"correccion-resolvio-operaciones-con-fondos-del-caso-morales-feliciano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20150129\/correccion-resolvio-operaciones-con-fondos-del-caso-morales-feliciano\/","title":{"rendered":"Correcci\u00f3n resolvi\u00f3 operaciones con fondos del caso Morales Feliciano"},"content":{"rendered":"

Una auditor\u00eda al Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) para el periodo entre enero del 2009 a diciembre del 2012, encontr\u00f3 que la agencia us\u00f3 unos $1.9 millones del caso Morales Feliciano sobre condiciones carcelarias, para gastos operacionales, y que desobedecio \u00f3rdenes del Tribunal Federal relacionadas a penalidades impuestas por la Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental (EPA).<\/p>\n

Adem\u00e1s, la auditor\u00eda, que result\u00f3 en seis informes por parte de la Oficina del Contralor, revel\u00f3 que la agencia contrat\u00f3 a un arquitecto en entrenamiento inactivo en el ejercicio profesional, que hizo subcontrataciones contrarias a Ia ley, y que no ten\u00eda documentaci\u00f3n relacionada con un acuerdo para cancelar una deuda.<\/p>\n

La Oficina del Contralor se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n deficiencias relacionadas con la documentaci\u00f3n y los expedientes de los proyectos de construcci\u00f3n, y que la agencia no retuvo contribuciones sobre ingresos de empleados, m\u00e1s hizo pagos duplicados a un contratista.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento, como parte del caso Morales Feliciano en el 1994 se lleg\u00f3 a un acuerdo con el DCR para finalizar el caso que establec\u00eda la creaci\u00f3n de una unidad o divisi\u00f3n para tramitar las fianzas a los acusados.<\/p>\n

Esta oficina ten\u00eda que ser creada mediante ley y tendr\u00eda como apoyo financiero inicial $3.2 millones provenientes de las multas al Gobierno. Para dar cumplimiento al acuerdo, se cre\u00f3 la Oficina de Servicios con Antelaci\u00f3n al Juicio (OSAJ). El acuerdo establec\u00eda, adem\u00e1s, que la transferencia de los $3.2 millones a la nueva divisi\u00f3n del Departamento ser\u00eda con car\u00e1cter permanente. No obstante, el dinero siempre estuvo bajo la custodia del Departamento.<\/p>\n

En el 1999, el Tribunal Federal orden\u00f3 la transferencia de los fondos de OSAJ, los cuales fueron depositados en una cuenta bancaria del Departamento en un banco privado. El 14 de septiembre de 1999, se utiliz\u00f3 dinero de esa cuenta para realizar un pago a la Universidad de Puerto Rico por $194,212 para contribuir con la mitad de los costos de la operaci\u00f3n de las Fases I y II del Modelo Operacional en la Instituci\u00f3n de Vega Alta, y la operaci\u00f3n del Programa de Asistencia T\u00e9cnica.<\/p>\n

En el 2005, el entonces Administrador Auxiliar de Presupuesto y Finanzas del Departamento inform\u00f3 a la entonces Directora Ejecutiva de la OSAJ que la cuenta hab\u00eda generado intereses por $563,569, y que los desembolsos y los gastos en gestiones administrativas de la Oficina ascendieron a $1.8 millones para un saldo de $1.9 millones. ‘El 8 de diciembre de 2005 el Departamento transfiri\u00f3 $1.9 millones (incluye intereses) que estaban depositados en la cuenta bancaria e invirti\u00f3 los mismos en un certificado de dep\u00f3sito en el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico’, reza el informe.<\/p>\n

El Departamento contaba con una Oficial Pagadora Especial (OPE) que manten\u00eda en el BGF una cuenta para gastos operacionales y de funcionamiento de Correcci\u00f3n. Entre diciembre de 2007 a diciembre de 2008, el DCR efectu\u00f3 una serie de transferencias de fondos por $1.7 millones del certificado de dep\u00f3sito en el BGF para que fueran depositados en la cuenta del Banco.<\/p>\n

El examen relacionado con el movimiento y los desembolsos de los fondos provenientes del caso Morales Feliciano, destinados para la creaci\u00f3n y funcionamiento de la OSAJ, revel\u00f3 que el Departamento utiliz\u00f3 $1.9 millones en gastos operacionales propios del Departamento, ajenos a la OSAJ en violaci\u00f3n a las \u00f3rdenes federales.<\/p>\n

De otra parte, el DCR es propietario y operador de plantas de tratamiento de agua en las instituciones carcelarias deGuayama, Cayey, Aguadilla y Ponce.<\/p>\n

Entre el 1990 y el 1991, la EPA encontr\u00f3 al Departamento en incumplimiento con ciertas disposiciones del ‘Clean Water Act’ de 1972. Como consecuencia de estos incumplimientos, en 1992 el Gobierno Federal, en representaci\u00f3n de la EPA, demand\u00f3.Ambas partes llegaron a un acuerdo que requer\u00eda al DCR, entre otras cosas, establecer planes de mejoramiento en las plantas de agua y el pago de penalidades civiles.<\/p>\n

En el 1997, la EPA determin\u00f3 que Correcci\u00f3n continuaba en incumplimiento, por lo que le requiri\u00f3 el pago de penalidades adicionales. En el 2006, la Agencia y el Departamento pactaron otro acuerdo en el cual se estableci\u00f3 que el DCR pagar\u00eda una multa de $500,000 por el incumplimiento de los acuerdos previos. Adem\u00e1s, se le impuso llevar a cabo diversas acciones correctivas en donde se le oblig\u00f3 a abrir dos cuentas de dep\u00f3sito por $1.5 millones cada una, y a cumplir con una serie de requisitos de notificaci\u00f3n, obtenci\u00f3n de aprobaci\u00f3n, y usos permitidos de dichos fondos. Todos los intereses acumulados en las cuentas se sumar\u00edan al principal y se usar\u00edan s\u00f3lo para prop\u00f3sitos de las acciones correctivas y para los pagos de las penalidades estipuladas en el acuerdo.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Sin embargo, los auditores encontraron evidencia de la apertura de un certificado de dep\u00f3sito por $75,375 que consist\u00eda en los intereses generados del 8 de marzo al 25 de septiembre de 2006 por cada uno de los certificados de $1.5 millones.<\/p>\n

La Oficina del Contralor revel\u00f3 que del 1 de junio al 2 de octubre de 2007 se transfirieron $79,261 de los fondos del caso EPA a la cuenta que manten\u00eda la Oficial Pagadora Especial en el BGF y que se utilizaba para gastos operacionales y de funcionamiento del Departamento, contrario a lo determinado por las \u00f3rdenes del Tribunal Federal.<\/p>\n

Por otro lado, la auditor\u00eda encontr\u00f3 que el Departamento contrat\u00f3 a un arquitecto en entrenamiento inactivo en el ejercicio profesional, y subcontrataciones contrarias a la ley efectuadas por este.La Administraci\u00f3n otorg\u00f3 a este contratista, en calidad de arquitecto en entrenamiento, cinco contratos y una enmienda, por $330,020, durante el per\u00edodo del 1 de julio de 2009 al 1 de julio de 2013. Al 30 de noviembre de 2013, se hab\u00edan desembolsado $300,076.<\/p>\n

Del examen realizado, el contralor dijo que la Administraci\u00f3n no pod\u00eda otorgar los contratos con el contratista en calidad de arquitecto en entrenamiento, ya que los servicios profesionales requeridos en estos ten\u00edan que llevarse a cabo por un arquitecto licenciado.<\/p>\n

En dos contratos y una enmienda, por $197,900, se estableci\u00f3 que el contratista pod\u00eda, a su vez, contratar servicios profesionales. De acuerdo con la ley,subcontratarservicios profesionales est\u00e1 reservado a los arquitectos licenciados. La situaci\u00f3n ocasion\u00f3 el desembolso err\u00f3neo de $300,076 en fondos p\u00fablicos.<\/p>\n

Mientras, el contralor report\u00f3 que no encontr\u00f3 documentaci\u00f3n sobre un acuerdo para cancelar una deuda.<\/p>\n

El 25 de abril de 2008, la Administraci\u00f3n otorg\u00f3 un contrato a una compa\u00f1\u00eda de reciclajepara la disposici\u00f3n de los materiales reciclables que se generaran por la demolici\u00f3n del Complejo Correccional de R\u00edo Piedras, conocido como Oso Blanco. En el contrato se establec\u00eda una cantidad a pagar por cada tipo de material.<\/p>\n

Del 16 de mayo al 20 de octubre de 2008, el DCR entreg\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda materiales cuyo valor ascendi\u00f3 a $86,434. Por estos, la empresa efectu\u00f3 pagos al Departamento por $45,825, y quedaron pendientes de pagar $40,609.<\/p>\n

Entretanto, el 16 de mayo de 2008 Correcci\u00f3n vendi\u00f3 una propiedad que pose\u00eda en Pe\u00f1uelas a una compa\u00f1\u00eda de bienes ra\u00edces, cuyo due\u00f1o era el mismo que la compa\u00f1\u00eda de reciclaje. En la escritura de compraventa se estableci\u00f3 que el precio de venta ser\u00eda por $1.7 millones y que la propiedad ten\u00eda una cabida de 20,630.2797 metros cuadrados.<\/p>\n

Al momento de radicar la venta, el Registro de la Propiedad le notific\u00f3 a la parte compradora que la cabida correcta de esa propiedad eran 19,915.221 metros cuadrados. El valor monetario de esta diferencia asciende a $59,790. Mediante carta del 16 de septiembre de 2008, el asesor legal de la empresa de bienes ra\u00edces le inform\u00f3 al DCR sobre la diferencia en la cabida y el valor de la misma.<\/p>\n

‘Tanto la compa\u00f1\u00eda de reciclaje como la compa\u00f1\u00eda de bienes ra\u00edces pertenecen a los mismos accionistas. Mediante carta del 11 de julio de 2013, el asesor legal de ambas compa\u00f1\u00edas nos indic\u00f3 que el importe adeudado a la Administraci\u00f3n por los materiales reciclables compensaba, en parte, la p\u00e9rdida que hab\u00edan tenido en la compra de la propiedad. Adem\u00e1s, nos indic\u00f3 que esto era permitido en nuestro ordenamiento jur\u00eddico’, dice el informe.No obstante, no se pudo proveer a los auditores evidencia de que se hubiese aceptado tal intercambio como m\u00e9todo de pago.<\/p>\n

Los hallazgos del informe se remitieron a los exsecretarios Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Cruz, Carlos M. Molina Rodr\u00edguez, y Miguel A. Pereira Castillo, para comentarios, pero no contestaron los mismos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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