El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, certific\u00f3 el jueves lo que ha sido pol\u00edtica p\u00fablica desde la decada de los cincuenta en cuanto al manejo de flujo de efectivo ante la eventualidad de un impago: primero el pago de la deuda p\u00fablica, luego la garant\u00eda de los servicios esenciales y el pago del salario a los empleados gubernamentales.<\/p>\n
Las directrices que ha impartido el Secretario de Hacienda no son nada nuevo al evaluar la Constituci\u00f3n de Puerto Rico y la propia Ley Org\u00e1nica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), pero s\u00ed contradicen el discurso p\u00fablico del gobernador, Alejandro Garc\u00eda Padilla, quien asegur\u00f3 a la prensa norteamericana durante uno de sus viajes de cabildeo a Washington D.C. que ‘si el primero de enero, tengo que escoger entre pagar la n\u00f3mina o pagar a los bonistas, voy a escoger pagar la n\u00f3mina. Si me dan a escoger entre los puertorrique\u00f1os y los fondos buitres, voy a escoger a los puertorrique\u00f1os’.<\/p>\n
Seg\u00fan la carta circular, los recursos econ\u00f3micos del Gobierno ser\u00e1n destinados, en este mismo orden, al pago de la deuda garantizada por la Constituci\u00f3n, las sentencias finales dictadas por tribunales en los casos de expropiaci\u00f3n forzosa, y entonces en un tercer plano, quedan los servicios esenciales de salud, seguridad y educaci\u00f3n, as\u00ed como el pago de la n\u00f3mina y pensionados en un cuarto lugar.<\/p>\n
Con esta carta circular, Zaragoza respondi\u00f3 al mandato del gobernador Garc\u00eda Padilla, mediante Orden Ejecutiva, de establecer unas gu\u00edas para manejar el flujo de efectivo.<\/p>\n
Los jefes y jefas de agencias tendr\u00e1n adem\u00e1s que seguir un procedimiento para solicitar cheques o transferencias electr\u00f3nicas al Departamento de Hacienda. Los fondos custodiados por Hacienda estar\u00e1n congelados y ser\u00e1n desembolsados en orden de prioridad, seg\u00fan se vayan evaluando las solicitudes.<\/p>\n
Estas reglamentaciones en momentos en que los trabajadores protestan por el impago o reducci\u00f3n de sus bonos de Navidad, por el impago de los reintegros de sus contribuciones, e incluso, por el impago a los proveedores de servicios provistos como terapias de Educaci\u00f3n Especial y el mantenimiento de infraestructura de acueductos y alcantarillados, llegan como consecuci\u00f3n directa de las garant\u00edas insertadas en la Constituci\u00f3n de Puerto Rico, cuando se cre\u00f3 el Estado Libre Asociado en 1952.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n establece que cuando los recursos disponibles sean insuficientes para cubrir las asignaciones aprobadas se proceder\u00e1 ‘en primer t\u00e9rmino al pago de intereses y amortizaci\u00f3n de la deuda p\u00fablica, y luego se proceder\u00e1 con los dem\u00e1s desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que la Asamblea Legislativa establezca por ley’. Esa disposici\u00f3n aprobada por la Legislatura hace 63 a\u00f1os, vino a sustituir unas disposiciones de la Ley Jones de hace m\u00e1s de un siglo atr\u00e1s, en la que el Gobierno Federal establec\u00eda que los gastos ordinarios de los poderes legislativo, ejecutivo y judiciales ocupaban el mismo nivel prioritario que los intereses de cualquier deuda p\u00fablica. La nueva pol\u00edtica p\u00fablica, que priorizaba el pago de la deuda, se coloc\u00f3 como garant\u00eda de pago al Gobierno de Estados Unidos y para supuestamente mantener un buen cr\u00e9dito para poder salir al mercado de bonos con intereses razonables, cosa que le ha sido impedido al Gobierno que a\u00fan tras la aprobaci\u00f3n del arbitrio de $15.50 al barril del petr\u00f3leo (conocida como la ‘crudita’) como garant\u00eda de repago, no ha podido emitir m\u00e1s deuda.<\/p>\n
Con eso en consideraci\u00f3n, los representantes Manuel Natal Albelo, Luis Vega Ramos y Luis Torres Cruz propusieron en marzo de este a\u00f1o enmiendas a la Constituci\u00f3n ‘para subordinar el servicio de la deuda p\u00fablica al desarrollo progresivo de la econom\u00eda puertorrique\u00f1a’, incluyendo las inversiones que determine realizar la Asamblea Legislativa para alcanzar ese prop\u00f3sito. La medida (RKC 50) qued\u00f3 engavetada luego de una primera lectura en la C\u00e1mara.<\/p>\n
‘El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha ca\u00eddo v\u00edctima de sus propias herramientas, que ahora utilizan los acreedores de nuestra deuda p\u00fablica para extorsionar el desenlace de la pol\u00edtica p\u00fablica puertorrique\u00f1a’, lee la medida olvidada.<\/p>\n
Lo que hace el Secretario de Hacienda en esta carta circular es validar el orden de pago que establece la propia Ley Org\u00e1nica de OGP, creada en 1980: cuando los recursos sean insuficientes para cubrir las asignaciones, lo primero es ordenar el pago de los intereses y amortizaciones correspondientes a la deuda p\u00fablica; lo segundo, las sentencias de los tribunales en casos de expropiaci\u00f3n forzosa; y como tercer punto, ‘la conservaci\u00f3n de la salud p\u00fablica, la protecci\u00f3n de personas y de la propiedad, los programas de instrucci\u00f3n p\u00fablica y los programas de bienestar p\u00fablico’.<\/p>\n
En cuarto plano, queda entonces el pago de las aportaciones patronales a los sistemas de retiro y el pago de pensiones, seguido por otras tantos pagos como las mejoras permanentes con contratos formalizados.<\/p>\n