El espacio que la mayor\u00eda de los jueces del Tribunal Supremo, nombrados por el exgobernador Luis Fortu\u00f1o, le concedi\u00f3 a la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o para la implantaci\u00f3n de los despidos masivos bajo la Ley 7, sirvi\u00f3 ahora de base para que una jueza del Tribunal de Primera Instancia concluyera que los cambios en la Ley de Retiro que hizo la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla son constitucionales, aunque impliquen un cambio en el compromiso contractual que el Gobierno hab\u00eda hecho con los empleados p\u00fablicos.<\/p>\n
En una sentencia de 45 p\u00e1ginas, notificada esta ma\u00f1ana mientras todav\u00eda las partes del pleito se est\u00e1n intercambiando mociones, la jueza Giselle Romero Garc\u00eda se aferr\u00f3 a la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley 3 que reform\u00f3 el Sistema de Retiro Central para reiterar que los cambios hechos a las condiciones de retiro de miles de empleados p\u00fablicos son ‘razonables’ y que no le corresponde al tribunal decidir si hab\u00eda mejores alternativas para atender la crisis de los Sistemas de Retiro.<\/p>\n
El pleito, que consta de varias demandas de distintos grupos de empleados que ya suman casi 1,000 demandantes, queda listo para la revisi\u00f3n del Tribunal de Apelaciones, o directamente del Tribunal Supremo si los demandantes utilizan el recurso de certificaci\u00f3n. Este es el mismo recurso que fue usado para resolver la controversia electoral de los ‘pivazos’, y que fue restituido la semana pasada por el Supremo despu\u00e9s de que la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla lo limitara mediante legislaci\u00f3n en aparente intento por evitar que el Alto Foro evaluara, precisamente, esta demanda.<\/p>\n
‘Hoy, como entonces, y a la luz de los precedentes establecidos por dicha Curia, asumimos la responsabilidad de resolver una controversia antip\u00e1tica, pero que propende al bienestar econ\u00f3mico colectivo’, dice, en referencia a la decisi\u00f3n del Supremo sobre la Ley 7, la jueza Romero, cuyo nombramiento se vence en el \u00faltimo semestre de la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla, en 2016.<\/p>\n
Al coraz\u00f3n de la controversia est\u00e1 la disposici\u00f3n constitucional de que no se pueden aprobar leyes que menoscaben las obligaciones contractuales, ya que los empleados sostienen que los cambios en cantidad de compensaci\u00f3n y a\u00f1os de servicio les afectan de manera dram\u00e1tica e imprevista.<\/p>\n
La jueza determina que los cambios a la Ley de Retiro, en efecto, constituyen un menoscabo de las obligaciones contractuales que el Estado tiene para con los empleados p\u00fablicos que est\u00e1n cobijados en el sistema de pensiones. Pero concluye que dicho cambio era ‘razonable’ a la luz del problema econ\u00f3mico que tiene que atender el Estado y, usando expresiones del Supremo en el tambi\u00e9n controvertible caso de la adopci\u00f3n por parte de parejas gay, recurre a la posici\u00f3n de que ser\u00eda una usurpaci\u00f3n de poderes legislativos si el tribunal se metiera a escoger soluciones distintas a las que escogi\u00f3 el legislador.<\/p>
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