{"id":2847,"date":"2019-11-26T04:00:00","date_gmt":"2019-11-26T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/site.prod.ew.ntc.navigacloud.com\/2019\/11\/26\/municipio-accede-a-pagar-por-fraude-imputado-a-alcalde\/"},"modified":"2025-07-15T06:20:31","modified_gmt":"2025-07-15T06:20:31","slug":"municipio-accede-a-pagar-por-fraude-imputado-a-alcalde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20191126\/municipio-accede-a-pagar-por-fraude-imputado-a-alcalde\/","title":{"rendered":"Municipio accede a pagar por fraude imputado a alcalde"},"content":{"rendered":"

Relacionado a contrataciones con Educaci\u00f3n federal<\/i><\/p>\n

Aparte de que su alcalde fue acusado y est\u00e1 en v\u00edas de ser enjuiciado en la esferal federal por el mismo caso, el municipio de Sabana Grande trans\u00f3 una demanda civil del Departamento de Educaci\u00f3n federal por su rol en un esquema de contrataciones y subcontrataciones ilegales para la administraci\u00f3n de fondos destinados al entrenamiento de maestros de ese pueblo.<\/p>\n

Dicho esquema se desprende del caso federal por el cual el exsecretario del Departamento de Recreaci\u00f3n y Deportes (DRD), Ram\u00f3n Orta Rodr\u00edguez, ya se declar\u00f3 culpable e involucra a otro de los coacusados de ese caso, Irving Riquel Torres. Por sus actuaciones, el ayuntamiento tendr\u00e1 que pagar $500,000 al gobierno federal a partir de la aprobaci\u00f3n judicial del acuerdo entre las partes.<\/p>\n

Al momento de ser aprobado por un juez, Sabana Grande deber\u00e1 pagar un monto inicial de $110,000 y por los pr\u00f3ximos 60 meses debe pagar mensualidades de $6,500.<\/p>\n

El alcalde de Sabana Grande, Miguel ‘Pap\u00edn’ Ortiz Velez, fue arrestado a principios de julio del 2018 en relaci\u00f3n a la parte penal de esta investigaci\u00f3n. Ortiz, quien sigue al mando de Sabana Grande, no ha hecho acuerdos con el gobierno federal para ese caso, por lo que su juicio sigue pendiente a comenzar para marzo del pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/p>\n

Seg\u00fan los hechos del acuerdo civil sometido el 22 de noviembre, en abril del 2014 el municipio de Sabana Grande, en conjunto con la empresa de Torres, Administrative, Environmental and Sports Consultants (AESC) y el Comite Ol\u00edmpico de Puerto Rico (COPUR), otorg\u00f3 un contrato al COPUR, pago con fondos del T\u00edtulo II del Elementary and Second Education Act (ESEA), que a su vez son administrados por el Departamento de Educaci\u00f3n (DE) local.<\/p>\n

De hecho, la fiscal\u00eda federal indic\u00f3 que ya el COPUR devolvi\u00f3 $700,000 y a Torres se le congelaron cuentas por $1,000,000 como parte del esfuerzo de recobrar el dinero del fraude.<\/p>\n

Tal como se le se\u00f1al\u00f3 al DRD en la acusaci\u00f3n que llev\u00f3 al arresto de Orta Rodr\u00edguez, Torres y los otros cinco coacusados, regulaciones federales precluyen a los recipientes de estos fondos – en este caso Sabana Grande – a subcontratar para la administraci\u00f3n del programa. ‘El acuerdo result\u00f3 en que el Municipio de Sabana Grande radicara o causara la presentaci\u00f3n de declaraciones falsas, registros falsos y representaciones falsas al Departamento de Educaci\u00f3n de Puerto Rico para prop\u00f3sitos de obtener fondos federales’, reza el escrito legal.<\/p>\n

Seg\u00fan una investigaci\u00f3n del Inspector General del Departamento de Educaci\u00f3n federal (ED-OIG en ingles), el esquema provoc\u00f3 que el DE desembolsara $1,770,200 al municipio. Sabana Grande, a su vez, pag\u00f3 $1,378,212 al COPUR para administrar el programa y el Comite posteriormente desembols\u00f3 $439,587.55 por concepto de costos del proyecto, otros $375,449.78 a AESC y al final retuvo $563,174.67 por actuar como intermediario entre AESC y el municipio.<\/p>\n

El municipio tambien retuvo los restantes $391,988 que sobraron tras contratar al COPUR. Sin embargo, aunque se acogieron a un acuerdo el pasado 20 de noviembre, el acuerdo entre las partes hace constar que el ayuntamiento niega los alegatos de fiscal\u00eda federal y no admite responsabilidad al respecto.<\/p>\n

La querella original, presentada en junio del 2018 por fiscal\u00eda federal, detallaba que la cuant\u00eda sujeta a fraude por el municipio fue de $2,904,920. Aunque esa querella no identific\u00f3 al COPUR como parte del esquema – nombr\u00e1ndola compa\u00f1\u00eda F en ese momento – el acuerdo entre las partes no identifica a ning\u00fan funcionario municipal, ni del COPUR, que estuviese involucrado en las discusiones para otorgar los contratos.<\/p>\n

Vea aqui el acuerdo entre el municipio y el Departamento de Educaci\u00f3n federal<\/a>:<\/p>\n

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