La Asociaci\u00f3n de Abogados de Puerto Rico recurri\u00f3 al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para reclamar acerca de la constitucionalidad de algunas partes de la Ley 72 de 2015, que obligar\u00eda a las personas que proveen servicios legales, abogados y notarios a convertirse en agentes retenedores del Departamento de Hacienda cuando cobren un Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de cuatro por ciento a partir del 1 de octubre.<\/p>\n
La demanda presentada hoy lunes establece que este impuesto no va a financiar los costos del Estado en mantener un sistema de justicia si no que van directamente a atender la emergencia fiscal causada por la negligencia de Hacienda.<\/p>\n
Los abogados asociados tambi\u00e9n reclaman que la Ley 72 viola el privilegio abogado cliente porque el letrado tendr\u00eda que revelar a Hacienda qui\u00e9n ha consultado sus servicios y la agencia tendr\u00eda el poder de audtiar sus expedientes legales para asegurar el cobro y env\u00edo del IVU. Asimismo, alegan que se viola el derecho constitucional del ciudadano a no auto incriminarse porque los inspectores de Hacienda tendr\u00edan acceso al trabajo, y el abogado al convertirse en agente retenedor, tambi\u00e9n estar\u00eda acusando a sus clientes de no pagar.<\/p>\n
De igual modo, los abogados destacan que el Tribunal Supremo es la entidad que regula su profesi\u00f3n, por ende, donde \u00fanico se pudiera determinar un aumento de costos en los servicios. Adem\u00e1s, si las personas comenzaran a buscar servicios legales fuera de Puerto Rico por los costos, el Supremo tendr\u00eda m\u00e1s dificultades en disciplinar los foros fuera del territorio.<\/p>\n
La solicitud de la Asociaci\u00f3n tambi\u00e9n nota que la Ley 72 est\u00e1 en conflicto con leyes laborales que prohiben que los abogados cobren m\u00e1s de cierto por ciento en casos laborales. Tambi\u00e9n est\u00e1 en conflicto con leyes federales que regulan el cobro en pleitos civiles, como los casos de Ley de Quiebras en los que no se puede cobrar m\u00e1s de cierta cantidad. De manera similar ocurre en los pleitos de derechos civiles.<\/p>\n
Mientras, los letrados tambi\u00e9n alegaron que si adem\u00e1s de pagar el impuesto por ingreso, el cliente tiene que pagar IVU por lo que el abogado le cobra de su parte de este ingreso, constituye una doble tributaci\u00f3n.<\/p>\n
El recurso fue divulgado inicialmente en El Azote de WKAQ Univision Radio.<\/p>\n
Por otro lado, la abogada Evelyn Aim\u00e9e De Jes\u00fas radic\u00f3 en San Juan una demanda similar en car\u00e1cter personal contra la misma Ley.<\/p>\n
De Jes\u00fas coincide con la Asociaci\u00f3n en que al ser los abogados y abogadas funcionarios de la Rama Judicial, la Ley infringe las funciones de esta rama y confiere poderes a la Rama Ejecutiva para reglamentar la profesi\u00f3n violando la separaci\u00f3n de poderes.<\/p>\n
Igualmente argumenta sobre la confidencialidad en la relaci\u00f3n abogado cliente y record\u00f3 que entender los servicios legales requiere pericia y personasno admitidas a la abogac\u00eda, o sea, funcionarios de la Rama Ejecutiva estar\u00edan pasando juicio sobre la profesi\u00f3n legal y la manera en que se ejerce.<\/p>\n
La abogada con oficina en Caguas record\u00f3 adem\u00e1s que el Comisionado de Instituciones Financieras a cargo de reglamentar el Fondo de Acceso a la Justicia no ha emitido ni un borrador del reglamento proponiendo c\u00f3mo dicho fondo se administrar\u00eda en armon\u00eda con la Ley 72.<\/p>\n
Por lo anterior, solicita que se deje en suspenso la vigencia de la Ley, se declare inconstitucional y se exima del impuesto a los servicios legales.<\/p>\n