{"id":25014,"date":"2017-11-14T00:00:00","date_gmt":"2017-11-14T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/english\/inteligencia-social\/opiniones\/20171114\/licencia-para-no-rendir-cuentas\/"},"modified":"2025-07-16T04:39:55","modified_gmt":"2025-07-16T04:39:55","slug":"licencia-para-no-rendir-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/opiniones\/20171114\/licencia-para-no-rendir-cuentas\/","title":{"rendered":"Licencia para no rendir cuentas"},"content":{"rendered":"

Del Centro de Periodismo Investigativo<\/i><\/p>\n

A la vez que p\u00fablicamente pone en marcha una estrategia para afianzar su control sobre la gerencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) est\u00e1 pidiendo a un juez federal que le exima de tener que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico con argumentos extremadamente peligrosos para la transparencia.<\/p>\n

La lucha porque la Junta sea un ente al que le apliquen los m\u00ednimos par\u00e1metros de rendici\u00f3n de cuentas la est\u00e1 librando el equipo legal del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Cl\u00ednica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana -licenciados Judith Berkan, Steven Lausell, Luis Jose Torres y Annette Mart\u00ednez- tanto en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia como en otro ante el juez federal Jay A. Garc\u00eda Gregory. Adem\u00e1s, el prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entr\u00f3 como amigo de la corte en el caso federal que es el que expondremos en este escrito.<\/p>\n

La controversia, en terminos fundamentales, es la siguiente: \u00bfcu\u00e1l est\u00e1ndar legal de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas se le va a aplicar a la Junta?<\/p>\n

Las posturas expresadas desde la \u00f3ptica del CPI resaltan que a la JCF le aplica el derecho de acceso a la informaci\u00f3n de rango constitucional que se puede aplicar a cualquier otra dependencia del gobierno de Puerto Rico porque la Ley PROMESA crea a la Junta como un ente del ‘gobierno territorial’, no del gobierno federal. Este derecho establece que la informaci\u00f3n gubernamental se presume p\u00fablica y que la confidencialidad debe ser una excepci\u00f3n claramente justificada y limitada en ley.<\/p>\n

Por el lado de la Junta, su postura es que es la misma Junta la que va a definir que hacer p\u00fablico y que no, porque la Ley PROMESA s\u00f3lo dice que sus reuniones pueden ser privadas. Valga anotar que para que sean privadas se necesita un voto afirmativo de la mayor\u00eda de los miembros de la Junta despues de conocerse cu\u00e1les son los asuntos a tratarse a puerta cerrada.<\/p>\n

Pero, entendiendo las posturas b\u00e1sicas, abundemos en lo que se ha dicho en el tribunal porque es en los argumentos oficiales, en blanco y negro, que se magnifican las preocupaciones y que est\u00e1n los balances que los tribunales est\u00e1n obligados a hacer para evitar los abusos de poder y los excesos.<\/p>\n

Ante los argumentos del CPI y del RCFP, la Junta ha sometido una moci\u00f3n con reclamos descarnados de poder absoluto, muy similares a los que hicieron para defender su poder de designar a un oficial administrador para la Autoridad de Energ\u00eda Electrica, lo cual la jueza Laura Taylor Swain rechaz\u00f3 en una vista el lunes.<\/p>\n

‘[N]o existe un indicio de que la intenci\u00f3n del Congreso al aprobar PROMESA era hacer a la Junta una ‘abierta al p\u00fablico’, indica la Junta en un escrito.<\/p>

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‘Al contrario, si el Congreso estuviera primordialmente interesado en la transparencia, hubiera dejado clara su intenci\u00f3n en el texto de la ley (PROMESA). En vez, el Congreso expresamente limit\u00f3 la informaci\u00f3n que la Junta est\u00e1 requerida a divulgar al p\u00fablico. De otra manera, el Congreso dej\u00f3 a la discreci\u00f3n de la Junta determinar cu\u00e1ndo la transparencia adelantar\u00eda la meta expresa de la Junta de ayudar a Puerto Rico a ‘alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados capitales’, a\u00f1aden.<\/p>\n

La Junta tambien argumenta que no se les puede demandar en el Tribunal federal por asuntos de acceso a la informaci\u00f3n, porque las bases de ese reclamo son ‘inconsistentes’ con la Ley PROMESA y, como tal, dicen que no les aplica.<\/p>\n

Es interesante que, en otro pleito en el que se reclama la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta, ese ente levanta la defensa de que ellos no son oficiales federales, que son oficiales ‘territoriales’ y que leyes federales como la Freedom Of Information Act (FOIA, el estatuto federal de acceso a la informaci\u00f3n), no les aplica. Si se unen los argumentos que la Junta hace por separado, por un lado que no le aplica el derecho de acceso a la informaci\u00f3n y por otro que no le aplica la ley federal de acceso a la informaci\u00f3n, tenemos a un ente que se considera inmune a cualquier reclamaci\u00f3n, federal o estatal, que la ciudadan\u00eda pueda hacerle para rendir cuentas y ser transparentes. Sencillamente, y por lo menos en asuntos de transparencia, est\u00e1 claro que la Junta entiende que no le tiene que responder a nadie.<\/p>\n

Esto es importante verlo en el contexto de otro argumento que la Junta hizo en su fallido intento por nombrar a un Oficial de Transformaci\u00f3n en la Autoridad de Energ\u00eda Electrica (AEE). All\u00ed le pidieron al tribunal que les reconociera el poder de administrar el d\u00eda a d\u00eda de cualquier entidad del gobierno de Puerto Rico sometida al T\u00edtulo III de quiebras, tales como la AEE y el propio gobierno central. A\u00f1adieron que, si no han hecho nombramientos en otras dependencias para administrarlas, es porque no han querido y que el caso de la AEE es urgente.<\/p>\n

Los tribunales y todos los ciudadanos preocupados por el pa\u00eds est\u00e1n obligados a hacer una pausa y pensar profundamente en lo que reflejan todos estos argumentos: un ente no electo por el pueblo entiende que puede administrar agencias y corporaciones p\u00fablicas sin estar sometido a ning\u00fan mecanismo de rendici\u00f3n de cuentas estatal o federal.<\/p>\n

Mientras m\u00e1s poder quiere la Junta que se le reconozca bajo PROMESA, m\u00e1s imperativo es que ese poder tenga contrapesos b\u00e1sicos como la rendici\u00f3n de cuentas y la transparencia.<\/p>\n

Cualquier pantomima fr\u00e1gil de ejercicio democr\u00e1tico que le quede a la Junta ser\u00e1 totalmente eviscerado si esta entidad consigue ser, a la vez, la que m\u00e1s poder ejerce sobre el pueblo de Puerto Rico y la que menos tiene que responder por el uso, o abuso, de ese poder.<\/p>\n

*El autor es cofundador del Centro de Periodismo Investigativo y director de su \u00e1rea de Transparencia<\/a>. Adem\u00e1s, es Editor Jefe del diario digital NotiCel.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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