La jueza Mildred Cab\u00e1n Flores del Tribunal de Quiebras aprob\u00f3 el martes la solicitud que present\u00f3 la compa\u00f1\u00eda publicadora del diario El Vocero para convertir la naturaleza de su caso, de reorganizaci\u00f3n a liquidaci\u00f3n, y que se le conceda un per\u00edodo de 45 d\u00edas para llevar a cabo cualquier venta posible con compradores nuevos o con la empresa de recien creaci\u00f3n Publi-Inversiones Inc. (PI), que ya hab\u00eda ofrecido $3 millones.<\/p>\n
La radicaci\u00f3n de Caribbean International News (CIN), publicadora del diario, se produjo horas antes de la vista, en medio de una lluvia de mociones de agencias de Gobierno, federal y local, as\u00ed como el municipio de San Juan, que, seg\u00fan El Vocero, est\u00e1n imposibilitando conseguir el financiamiento interino que necesitan para seguir publicando.<\/p>\n
‘Si no seguimos publicando, no se puede hacer la orden de papel esta semana’, explic\u00f3 el representante legal del CIN, el licenciadoAlexis Fuentes.<\/p>\n
Las partes acordaron que mientras m\u00e1s tiempo funcione el negocio, mejor resultar\u00eda para la compra y para que el estado no pierda valor por un posible cierre.<\/p>\n
Aunque la ley requiere que se avise al tribunal con 21 d\u00edas de anticipaci\u00f3n, la jueza aprob\u00f3 la moci\u00f3n debido al consentimiento entre las partes y a que es un derecho del deudor cambiar la naturaleza del caso.<\/p>\n
‘Somos neutrales. Le corresponde al deudor determinar la naturaleza del caso. Nosotros, b\u00e1sicamente, no ten\u00edamos parte en esto, y en todo caso, vemos beneficio en la selecci\u00f3n de un s\u00edndico de quiebras ya que ser\u00e1 una persona neutral’, reflexion\u00f3 el licenciado Michael P. Richman, en representaci\u00f3n del Departamento de Hacienda.<\/p>\n
Tras la determinaci\u00f3n del tribunal, la defensa de El Vocero nombr\u00f3 como s\u00edndica de quiebras a Noem\u00edLandrau Rivera, quien ser\u00e1 la encargada de reunirse con las partes, evaluar el caso y determinar el proceso la deuda.<\/p>\n
En un proceso de reorganizaci\u00f3n (Cap\u00edtulo 11), el negocio sigue operando y los acreedores se ordenan para recibir parte del dinero adeudado por las ganancias que reciba. Sin embargo, en un proceso de liquidaci\u00f3n (Cap\u00edtulo 7), lo \u00fanico que cuenta son los activos que tenga el negocio y hasta ah\u00ed llegan las posibilidades de pago.<\/p>\n
Tanto Hacienda, como el Municipio de San Juan, representado por la licenciada Mar\u00eda Mercedes Figueroa, sostuvieron que sus preocupaciones sobre la transparencia del proceso persisten, independientemente de la conversi\u00f3n del caso. El licenciado Richman solicit\u00f3 que se publique un aviso p\u00fablico para que los inversionistas interesados puedan competir, en un intento por garantizar un proceso justo. Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que le preocupa el inter\u00e9s potencial del presidente de la empresa deudora, el licenciado Peter Miller, de conseguir un empleo o beneficio dentro del acuerdo con PI, en una obvia referencia al v\u00ednculo sangu\u00edneo con Ra\u00fal Betancourt Pi\u00f1ero, due\u00f1o de Scorpio LLC y accionista minoritario de PI.<\/p>\n
Junto con la radicaci\u00f3n de CIN se registr\u00f3, sin embargo, una radicaci\u00f3n de PI en la que sus accionistas se identifican y niegan tener alguna relaci\u00f3n con los oficiales actuales de CIN, un punto que se hab\u00eda levantado por el temor de que la venta fuera una treta para que el diario siguiera de alguna forma en manos de sus actuales due\u00f1os. Las declaraciones so pena de perjurio incluyeron la salvedad de que Ra\u00fal Betancourt Pi\u00f1ero, due\u00f1o de Scorpio LLC y accionista minoritario de PI, es primo segundo del actual presidente de CIN, Peter Miller. Las declaraciones incluyen que no hay promesa de participaci\u00f3n en PI para ning\u00fan oficial o inversionista, actual o pasado, de CIN.<\/p>\n
Al salir del tribunal, se observ\u00f3 a Miller con una amplia sonrisa y aliviado al considerar que esta va a ser la \u00fanica forma de mantener funcionando el peri\u00f3dico y mantener a los 330 empleados de la empresa.<\/p>\n
El grupo de s\u00edndicos de El Vocero mostr\u00f3 sus reservas, sin embargo, con la decisi\u00f3n de vender el peri\u00f3dico a PI debido al secretismo con que todo el proceso se ha llevado a cabo. ‘En estos momentos no lo apoyamos. Debe ser m\u00e1s abierto el proceso. No queremos compradores impuestos’, coment\u00f3 a este diario, el Secretario Ejecutivo de UPAGRA, N\u00e9stor Soto.<\/p>\n
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