{"id":23620,"date":"2018-10-21T00:00:00","date_gmt":"2018-10-21T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/economia\/top-stories\/20181021\/los-ultimos-en-la-fila-de-la-quiebra-lo-pelean-todo\/"},"modified":"2025-07-16T07:37:41","modified_gmt":"2025-07-16T07:37:41","slug":"los-ultimos-en-la-fila-de-la-quiebra-lo-pelean-todo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/economia\/20181021\/los-ultimos-en-la-fila-de-la-quiebra-lo-pelean-todo\/","title":{"rendered":"Los \u00faltimos en la fila de la quiebra lo pelean todo"},"content":{"rendered":"

\u00daltima nota de la serie ‘Ejecutivos de la quiebra’<\/i><\/p>\n

Luc Despins pidi\u00f3 permiso a la jueza Laura Taylor Swain para dar un informe de sus trabajos en los casos de quiebra de Puerto Rico durante una vista en el Tribunal Federal de Hato Rey el pasado 13 de septiembre.<\/p>\n

No figuraba en la agenda del d\u00eda, pero la jueza a cargo del proceso de quiebra municipal m\u00e1s grande en la historia de Estados Unidos paus\u00f3 por un momento, respir\u00f3 hondo y dej\u00f3 que el abogado hablara. Una semana antes, durante otra audiencia, Swain hab\u00eda rega\u00f1ado a Despins por haber radicado la noche anterior y sin previa notificaci\u00f3n, una acci\u00f3n para detener un acuerdo entre bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el Gobierno.<\/p>\n

‘Como m\u00ednimo, una llamada de cortes\u00eda hubiera servido para estar al tanto y no tener que levantarme a las seis de la ma\u00f1ana y leer sobre esto en [la prensa]’, dijo la jueza en aquella ocasi\u00f3n, mientras el abogado permanec\u00eda callado, y luego ped\u00eda disculpas.<\/p>\n

Pocas veces Despins pasa desapercibido durante las vistas judiciales que se llevan a cabo como parte de cinco casos de quiebra del Gobierno incoados bajo el T\u00edtulo III de la ley federal PROMESA. La intensidad y el estilo coloquial con el que argumenta contrastan con el estilo m\u00e1s templado y tecnico de abogados como Martin Bienenstock y John Rapisardi, quienes representan a la Junta de Control Fiscal y el Gobierno, respectivamente.<\/p>\n

En la m\u00e1s reciente vista sobre el acuerdo del BGF, luego de varios intentos por detener la reestructuraci\u00f3n de la entidad p\u00fablica, Despins y el abogado del Gobierno, Peter Friedman, transaron para dejar a un lado sus objeciones y completar el acuerdo.<\/p>\n

‘El acuerdo del BGF garantiza que los deudores en los casos de T\u00edtulo III [el Gobierno] reciban por lo menos $20 millones y hasta $30 millones adicionales como resultado de nuestro trabajo’, manifest\u00f3 por escrito el abogado, para argumentar sobre la gama de asuntos que trabajan como parte del proceso de quiebra de la isla.<\/p>\n

Los \u00faltimos en la fila<\/strong><\/p>\n

Despins y su bufete Paul Hastings representan en la quiebra al Comite de Acreedores No Asegurados, o UCC en ingles. Su trabajo incluye al Gobierno central y las cuatro entidades p\u00fablicas que han radicado quiebra bajo el T\u00edtulo III, as\u00ed como la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el BGF. El UCC fue nombrado por el S\u00edndico de Estados Unidos (U.S. Trustee) y el gasto en los profesionales que contrata va con cargo al bolsillo del Gobierno de Puerto Rico, una vez reciba el visto bueno del Tribunal Federal.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

El UCC incluye a suplidores y contratistas mayormente locales a los que el Gobierno le debe dinero, al igual que dos sindicatos de Estados Unidos que representan a empleados p\u00fablicos y maestros. Defiende a toda aquella persona o entidad a las que el Gobierno debe dinero, sin garant\u00eda alguna de repago: desde el peque\u00f1o negocio que realiz\u00f3 trabajos de construcci\u00f3n para alguna agencia p\u00fablica o la empresa que le dio un servicio, hasta el empleado p\u00fablico con una reclamaci\u00f3n laboral. El UCC act\u00faa adem\u00e1s como agente de informaci\u00f3n para estos acreedores, asistiendo, por ejemplo, en el proceso de radicaci\u00f3n de reclamaciones en contra del Estado liderando charlas y sesiones gratuitas de ayuda.<\/p>\n

Junto a los pensionados y a los acreedores no asegurados est\u00e1n al final de la fila de cobro en la quiebra de Puerto Rico, el UCC busca maximizar la cantidad de dinero que se destine para el pago de estas deudas, explic\u00f3 el abogado Rolando Emmanuelli, autor del libro titulado PROMESA, y quien representa a la UTIER, a los retirados de la Autoridad de Energ\u00eda Electrica (AEE) y a un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico en la quiebra de la isla.<\/p>\n

‘El riesgo es que [los acreedores no asegurados] recobren cero. [El Gobierno] podr\u00eda estimar que no hay dinero para el acreedor no asegurado y ah\u00ed es que ellos [el UCC] tienen que dar la pelea’, coment\u00f3 durante una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.<\/p>\n

El UCC ha participado activamente en todo lo relacionado a la reestructuraci\u00f3n de la deuda p\u00fablica, la cual suma alrededor de $120,000 millones entre bonos y obligaciones por concepto de pensiones. Responsabiliza y pide investigar a las instituciones financieras relacionadas a la crisis fiscal. Pone en duda la legalidad de la deuda. Cuestiona los planes fiscales y presupuestos, las acciones de la Junta y del Gobierno, y sus acuerdos con otros acreedores.<\/p>\n

‘Este papel militante [del UCC] es una conjugaci\u00f3n de factores: un caso complicado, un bufete de litigio poderoso, y la voluntad de los miembros de ese Comite de pelearlo todo’, opin\u00f3 Emmanuelli.<\/p>\n

Si la quiebra de la isla fuera una pel\u00edcula del Viejo Oeste, los abogados del UCC pueden parecer una especie de Llanero Solitario, que al d\u00eda de hoy ha facturado m\u00e1s de $25 millones en un a\u00f1o. La tarifa de Despins, quien estuvo en las quiebras de Lehman Brothers y Enron, es de $1,395 por hora, y su factura hasta el momento es de casi $2.5 millones. La tarifa por hora de este abogado es superior a la de los principales representantes legales de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno, seg\u00fan la documentaci\u00f3n presentada bajo el T\u00edtulo III. Sin embargo, los abogados y consultores de la Junta y del Gobierno tambien realizan trabajos que no cargan al proceso de quiebra, por lo que no toda su facturaci\u00f3n pasa por el crisol del Tribunal Federal, contrario al caso de los abogados y consultores del UCC.<\/p>\n

‘Aceptamos una reducci\u00f3n de 20% en nuestros honorarios para este caso. Ninguna otra firma ha ofrecido tanto [en descuentos]. Enviamos bien pocos abogados a las vistas. Usualmente voy solo, mientras otros bufetes tienen cuatro a cinco socios en sala. Finalmente, nuestros honorarios se pagan por s\u00ed solos’, dijo Despins, enfatizando que a diferencia de los abogados de la Junta y el Gobierno, toda su facturaci\u00f3n es p\u00fablica.<\/p>\n

A esta fecha, los miembros del UCC son Genesis Security, Unitech, Baxter, Tradewinds Energy Barceloneta, la Federaci\u00f3n Americana de Maestros (AFT), la Uni\u00f3n Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) y Drivetrain, el s\u00edndico del desaparecido Doral Bank. El Comite lo preside el abogado de origen puertorrique\u00f1o Alvin Vel\u00e1zquez, quien lider\u00f3 los trabajos de la desaparecida comisi\u00f3n legislativa para la auditor\u00eda de la deuda y viene del sector sindical.<\/p>\n

Para la historia completa pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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