La demanda de 850 p\u00e1ginas<\/a> es de naturaleza civil, no criminal, pero se somete bajo las disposiciones de la Ley Contra el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en ingl\u00e9s). El demandante es el licenciado Andrew S. Hennigan, quien trabaj\u00f3 con el bufete Paul Hastings.<\/p>\n Hay sobre 160 demandados, incluyendo al abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), Martin Bienenstock, los consultores principales de la Junta, McKinsey & Co., el bufete de la Junta, Proskauer Rose, el bufete de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), O\u2019Melveny & Myers, Paul Hastings, y el bufete del grupo Ad Hoc de bonistas senior<\/em> de COFINA, Quinn Emanuel.<\/p>\n La JCF dijo que conoc\u00eda de la demanda y que est\u00e1 \u00abrevis\u00e1ndola (para) responder cuando sea apropiado, si es que es apropiado\u00bb.<\/p>\n El esquema imputado por el demandante es uno conocido en el mundo financiero como hub and spoke<\/em>, y consiste en que una entidad crea el plan maestro y utiliza a otros participantes del caso o de la transacci\u00f3n para ejecutarlo. Espec\u00edficamente, indica que McKinsey ser\u00eda el hub<\/em>, la entidad principal del esquema, para manipular los procesos de manera que los resultados legales fueran los que le beneficiaban, as\u00ed como los que beneficiaban a los otros participantes del esquema.<\/p>\n La demanda describe seis conspiraciones desde 2001 (antes de que se creara la Ley PROMESA que viabiliz\u00f3 el proceso de quiebra de la isla y la creaci\u00f3n de la JCF) ejecutadas en la trama:<\/p>\n 1) Fraude contra la Rama Judicial al someter escritos declaraciones falsas, representaciones enga\u00f1osas sobre la ley y omitir precedentes que aplican a las controversias.<\/p>\n 2) Defraudar al Gobierno de los Estados Unidos mediante malversar fondos asignados a programas de acueductos en Puerto Rico.<\/p>\n 3) Cometer fraude mediante la malversaci\u00f3n de fondos en cuentas de dep\u00f3sito del Banco Gubernamental de Fomento.<\/p> 4) Ponerse de acuerdo en las tarifas que cobran las partes en el proceso de quiebras para inhibir el libre comercio.<\/p>\n 5) Cometer fraude contra inversionistas inocentes del Gobierno de Puerto Rico mediante un esquema tipo Ponzi con los bonos gubernamentales.<\/p>\n 6) Encubrir sus actos mediante emitir declaraciones falsas y causar da\u00f1os a los que pudieran delatar lo que pasaba en los otros cinco esquemas.<\/p>\n El acuerdo entre los demandados habr\u00eda sido que se iban a hacer de la vista larga sobre las representaciones falsas o enga\u00f1osas que los otros participantes supuestamente hac\u00edan durante la quiebra y reestructuraci\u00f3n de la deuda. Para esto, Hennigan identifica tres procesos: a) las partes se comparten an\u00e1lisis legal e informaci\u00f3n privilegiada aunque representan a partes en conflicto, b) debilitar a sabiendas los argumentos legales que favorecen a sus representados para dar la impresi\u00f3n de que el litigio es riesgoso y c) transigir controversias antes de que puedan ser examinadas en corte abierta.<\/p>\n Las tres ramas de gobierno habr\u00edan sido v\u00edctimas de las declaraciones falsas y los acuerdos ilegales que supuestamente ejecutaron los demandados, se a\u00f1ade.<\/p>\n Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n McKinsey: bonista de Puerto Rico y principal asesor de la Junta <\/a><\/p>\n Consultor de la Junta enfrenta serios cuestionamientos y descalificaciones <\/a><\/p>\n Avanza un nuevo modelo de gesti\u00f3n p\u00fablica en Puerto Rico <\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/16191228\/300X250-DoubleWOW.gif\")
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