La Uni\u00f3n Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y el Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil levantaron las voces contra las pol\u00edticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y los operativos federales que, seg\u00fan denuncian, han intensificado la persecuci\u00f3n contra comunidades migrantes en la Isla.<\/p>\n
Ambas organizaciones indicaron que estas medidas atentan contra los derechos humanos y buscan imponer un clima de temor entre personas en estatus irregular, afectando su acceso a servicios b\u00e1sicos y a la justicia.<\/p>\n
\u00abDecidimos juntarnos y crear un Frente de Organizaciones da Sociedad Civil de Puerto Rico en contra de las pol\u00edticas migratorias do Presidente Trump y para exigir medidas de protecci\u00f3n para a comunidad migrante\u00bb, indic\u00f3 Annette M. Mart\u00ednez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU.<\/p>\n
Los reclamos fueron dirigidos tanto al gobierno federal como a las autoridades locales, a quienes exigen transparencia sobre los operativos, garant\u00edas de debido proceso para los inmigrantes y un compromiso real con la protecci\u00f3n de los derechos civiles.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 la directora ejecutiva de la ACLU, las \u00f3rdenes ejecutivas de inmigraci\u00f3n promulgadas en enero de 2025, son racistas, selectivas, xen\u00f3fobas e inhumanas. Sostuvo, adem\u00e1s, que estas medidas no aportan soluciones reales a la pol\u00edtica migratoria federal y, por el contrario, fomentan un ambiente de miedo, causando un da\u00f1o irreparable a familias, comunidades y la econom\u00eda local.<\/p>\n
\u00abDecidimos que no nos vamos a quedar calladas ni callados. Como organizaciones que proveemos servicios, denunciamos y promovemos la protecci\u00f3n de los derechos humanos de todas las personas. Creemos en su dignidad y en la defensa de sus derechos fundamentales. Lo que est\u00e1 ocurriendo no puede continuar sin que hagamos algo al respecto\u00bb, dijo Mart\u00ednez Orabona.<\/p>\n
Asimismo, la organizaci\u00f3n advirti\u00f3 que, aunque las autoridades federales han afirmado que las intervenciones y detenciones se limitan a personas con historial delictivo, se han registrado casos en los que migrantes sin expediente criminal, e incluso con estatus migratorio regular, han sido blanco de estos operativos.<\/p>\n
\u201cNadie deber\u00eda vivir en un constante estado de temor a ser detenido, arrestado y deportado sumariamente, lejos de sus seres queridos, sus familias y sus comunidades\u201d, subray\u00f3 la ACLU.<\/p>\n
Asimismo, la entidad rechaz\u00f3 la ret\u00f3rica de que cada persona que entra sin autorizaci\u00f3n a Estados Unidos es un criminal, recordando que el debido proceso es un derecho fundamental.<\/p>\n
El Frente mostr\u00f3 preocupaci\u00f3n por la postura de la gobernadora, Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n, sobre la posibilidad de negar servicios p\u00fablicos esenciales, incluyendo atenci\u00f3n de salud, a la poblaci\u00f3n migrante.<\/p>\n
\u00abTodas las personas en Puerto Rico, incluidas las personas migrantes, deben tener acceso a servicios de salud f\u00edsica y mental, y por eso nos indignan las expresiones de la gobernadora y las rechazamos contundentemente de ofrecerse voluntariamente a llegar servicios de salud que deben ser p\u00fablicos para todas las personas, y ofrecerse a neg\u00e1rselos a la poblaci\u00f3n migrante\u00bb afirm\u00f3 directora ejecutiva de la ACLU.<\/p>\n
La ACLU enfatiz\u00f3 que el gobierno de Puerto Rico tiene la obligaci\u00f3n constitucional de proteger los derechos fundamentales de todas las personas que residen en la isla, sin importar su estatus migratorio.<\/p>\n
Mart\u00ednez Orabona cuestion\u00f3 las prioridades del gobierno al se\u00f1alar que cruzar una frontera no convierte a una persona en delincuente y que los esfuerzos deben centrarse en atender problemas urgentes en Puerto Rico, como el desplazamiento, la crisis de vivienda, la energ\u00eda y la protecci\u00f3n de la ni\u00f1ez.<\/p>\n
El Frente entiende que el gobierno debe adoptar una pol\u00edtica p\u00fablica que proteja a la poblaci\u00f3n migrante, garantizando sus derechos fundamentales y el acceso a servicios esenciales sin importar su estatus migratorio; por lo que exigieron el reconocimiento de espacios seguros, como iglesias, escuelas y hospitales, donde las autoridades no puedan intervenir sin orden judicial, as\u00ed como una pol\u00edtica clara que proh\u00edba la colaboraci\u00f3n del gobierno local con agencias federales en la detenci\u00f3n y deportaci\u00f3n de migrantes.<\/p>\n
Del mismo modo, solicitaron que el Departamento de Educaci\u00f3n asegure que los menores migrantes puedan acudir a la escuela sin temor, que se respeten los derechos de las personas LGBTTIQ+ que huyen de la persecuci\u00f3n en sus pa\u00edses y que se rechace cualquier acuerdo estatal que facilite redadas o separaciones familiares. Exigen mayor transparencia sobre los arrestos y paradero de detenidos, as\u00ed como garant\u00edas contra registros y allanamientos arbitrarios.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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