La administradora designada de la Corporaci\u00f3n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Enid Ortiz Rodr\u00edguez, fue v\u00edctima de represalias en esa misma corporaci\u00f3n p\u00fablica y ahora se le debe una compensaci\u00f3n de $22,000, concluy\u00f3 un tribunal.<\/p>\n
La sentencia del mi\u00e9rcoles pasado se registr\u00f3 en un caso que naci\u00f3 cuando Ortiz Rodr\u00edguez ocupaba la posici\u00f3n de confianza de subadministradora bajo la jefatura en la agencia de Jes\u00fas Rodr\u00edguez Rosa.<\/p>\n
La mujer hizo una comunicaci\u00f3n a la Junta de Directores que acusaba a Rodr\u00edguez Rosa de supuestas acciones ilegales. Luego de esto, Rodr\u00edguez Rosa la removi\u00f3 de su puesto de confianza y la CFSE inici\u00f3 una serie de investigaciones contra Ortiz Rodr\u00edguez, algunas de las cuales llegaron a discutirse en prensa. Ni las imputaciones contra el exadministrador ni las investigaciones contra la exadministradora resultaron en algo.<\/p>\n
Al demandar a la corporaci\u00f3n p\u00fablica Ortiz Rodr\u00edguez aleg\u00f3 que fue objeto de represalias que est\u00e1n prohibidas en el C\u00f3digo Anticorrupci\u00f3n como protecci\u00f3n a las personas que denuncian ilegalidades. El juez superior El\u00edas Rivera Fern\u00e1ndez, quien preside sala en Caguas, le dio la raz\u00f3n parcialmente, encontrando que la mujer pod\u00eda ser removida de su puesto de confianza sin ninguna consecuencia para su patrono, pero que las investigaciones en su contra hab\u00edan constituido un patr\u00f3n de represalias. Espec\u00edficamente, porque durante el juicio la CFSE no pudo ofrecer prueba de gestiones o resultados relativos a esas investigaciones.<\/p>\n
Como resultado, el juez sentenci\u00f3 a la CFSE a pagarle a Ortiz Rodr\u00edguez compensaci\u00f3n de $20,000 por sus da\u00f1os y $2,000 para los honorarios de sus abogados. Tanto Ortiz Rodr\u00edguez como Rodr\u00edguez Rosa testificaron durante el juicio en octubre pasado, pero el juez ya hab\u00eda desestimado la demanda contra el exadministrador encontrando que las acciones que realiz\u00f3 en el caso estaban cobijadas por la inmunidad condicionada de las que disfrutan los funcionarios p\u00fablicos en sus acciones oficiales.<\/p>\n
Ortiz Rodr\u00edguez es empleada de la CFSE desde 2017 y, aunque ya fue designada, no ha asumido en propiedad porque la Junta de la corporaci\u00f3n tiene que ratificar la designaci\u00f3n de la gobernadora y el administrador actual No\u00e9 Marcano Rivera ha planteado que a su nombramiento le quedan unos cinco a\u00f1os de vigencia y que tendr\u00eda que ser compensado si se le remueve antes de tiempo.<\/p>\n
La demanda de la funcionaria alegaba que fue v\u00edctima de ambiente hostil por apoyar a Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) contra Pedro Pierluisi Urrutia, pero la sentencia no contiene alusi\u00f3n alguna a esto.<\/p>\n
\u201c(Ortiz Rodr\u00edguez) fue investigada por alegadas irregularidades en la formalizaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de p\u00f3lizas de patrono; por asistencia; por hallazgos de documentos en el ba\u00fal de un veh\u00edculo oficial; y, por alegado uso de un veh\u00edculo perteneciente a un contratista de la CFSE\u201d, dijo el juez en la sentencia al a\u00f1adir que, sin embargo, que \u201cla CFSE (no) present\u00f3 en el juicio prueba sobre dichas investigaciones\u201d.<\/p>\n
\u201cConcluimos que dichas investigaciones fueron instadas con el prop\u00f3sito de hostigar y discriminar contra la se\u00f1ora Ortiz Rodr\u00edguez luego de esta haber ejercido su derecho protegido a denunciar, reconocido en el C\u00f3digo Anticorrupci\u00f3n\u201d, finaliz\u00f3.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n