Poco m\u00e1s de un mes despu\u00e9s de las elecciones, la Oficina del Contralor (OC) concluy\u00f3 en un informe investigativo que el barrilito que los legisladores ocultaron en la Autoridad de Tierras (AT) es ilegal por inconstitucional y que se reparti\u00f3 sin controles, sin atenerse a su prop\u00f3sito y hasta con conflictos de inter\u00e9s.<\/p>\n
Juguetes, puertas, ventanas, materiales de construcci\u00f3n, cisternas y enseres el\u00e9ctricos fueron algunos de los prop\u00f3sitos para lo que legisladores de distrito, tanto en Senado como en la C\u00e1mara de Representantes, ordenaron a la AT que desembolsara dinero. Esto, mediante correos electr\u00f3nicos y sin que la petici\u00f3n estuviera sometida a la votaci\u00f3n del cuerpo legislativo, como ocurr\u00eda cuando estas ayudas se tramitaban y distribu\u00edan directamente por la Asamblea Legislativa.<\/p>\n
Ni el uso de los fondos, ni su desembolso, se realiz\u00f3 de acuerdo a ley y reglamento, resumi\u00f3 la Contralor\u00eda.<\/p>\n
A ra\u00edz de los hallazgos de la investigaci\u00f3n, la Contralor\u00eda recomend\u00f3 legislar para \u201celiminar la potestad que tienen los legisladores para determinar c\u00f3mo utilizar los fondos p\u00fablicos asignados a una entidad del ejecutivo\u201d. Tambi\u00e9n, hizo referidos al Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de \u00c9tica Gubernamental (OEG) y la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF).<\/p>\n
El barrilito oculto naci\u00f3 de movidas legislativas del Partido Nuevo Progresista (PNP) despu\u00e9s de las elecciones de 2020, cuando perdieron el control de las c\u00e1maras legislativas. Con la Ley 173 le dieron a los legisladores distritales control para ordenar a la AT la distribuci\u00f3n del Fondo de Mejoras Municipales (FMM). La Asamblea Legislativa actual, controlada por el Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD) legisl\u00f3, pero no para cambiar el esquema, sino para ampliar la proporci\u00f3n de ese fondo que los legisladores pod\u00edan destinar a ayudas directas a ciudadanos.<\/p>\n
El FMM se nutre de una parte del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). Seg\u00fan el informe de Contralor\u00eda, de abril de 2021 a julio de 2022, el fondo tuvo $44.2 millones disponibles para distribuci\u00f3n y en el mismo periodo se completaron 722 contratos para repartir $23.2 millones. De estos, los investigadores escogieron una muestra de 12 contratos equivalentes a $2.1 millones destinados a seis entidades sin fines de lucro. A trav\u00e9s de las entidades, ocurr\u00eda el desembolso que beneficiaba a ciudadanos particulares. Hasta mayo de 2022, los desembolsos ocurrieron sin un reglamento aprobado. Todo este tr\u00e1mite, que responde a peticiones de 56 legisladores de distrito, estaba a cargo de la Oficina del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR) de la AT que ten\u00eda, en total, nueve empleados.<\/p>\n
En la muestra, aparecieron dineros que legisladores determinaron directamente el uso de los fondos; seleccionaron a beneficiarios de forma verbal; contratos que no dec\u00edan para qu\u00e9 obras eran los fondos; dinero asignado a beneficiarios que no viven en el distrito del legislador que lo asign\u00f3; entidades sin fines de lucro que usaron el dinero para su renta o remodelaciones en sus oficinas; entidades que desembolsaron a beneficiarios antes de que la AT les desembolsara a ellos; desembolsos realizados despu\u00e9s de expirados los contratos; dinero para el que no hay evidencia del gasto; y entidades que no devolvieron dinero que la AT les requiri\u00f3.<\/p>\n
Parte del ejercicio investigativo fue visitar a los beneficiarios para constatar si las obras para las que se les desembols\u00f3 dinero se hab\u00edan realizado. En instancias, encontraron gabinetes que nunca se instalaron u obras nunca realizadas. Por otro lado, tambi\u00e9n encontraron dinero asignado para obras que nunca se realizaron en la casa de una empleada del programa que distribuye el dinero, el PIR, as\u00ed como dinero asignado a la compra de puertas y ventanas en la casa de la madre de la empleada, aunque nunca se adquirieron las puertas ni ventanas. Esto \u00faltimo fue una asignaci\u00f3n que hizo un senador de distrito de Humacao, pero la residencia de la mujer es en Guayama.<\/p>\n
Para ninguna de las irregularidades el informe detalla qui\u00e9n fue el legislador que asign\u00f3 el dinero, pero en el caso de la madre de la empleada del PIR, las senadoras de distrito de Humacao en este cuatrienio fueron la popular Rosamar Trujillo Plumey (electa alcaldesa de Humacao) y Wandy Soto Tolentino (reelecta a su esca\u00f1o). Este distrito senatorial est\u00e1 vinculado tambi\u00e9n con la repartici\u00f3n de fondos a beneficiarios que viven en Trujillo Alto, San Juan y Cayey.<\/p>\n
Otra instancia que se menciona en el informe con algunos detalles es que dos beneficiarias con fondos del distrito representativo 25 realmente viv\u00edan en Vega Alta y Santa Isabel, mientras que un beneficiario del distrito representativo 30 era residente de Camuy. El 25 lo representa el popular Domingo Torres Garc\u00eda, quien ser\u00e1 portavoz alterno de esa delegaci\u00f3n cameral en el cuatrienio pr\u00f3ximo; mientras que el 30 lo representa Luis \u201cNarmito\u201d Ortiz Lugo, cuya reelecci\u00f3n todav\u00eda no est\u00e1 decidida.<\/p>\n
El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jos\u00e9 Bernardo M\u00e1rquez, encabez\u00f3 la fiscalizaci\u00f3n del uso del FMM este cuatrienio y movi\u00f3 a la intervenci\u00f3n de la Contralor\u00eda. Este no fue reelecto en las elecciones pasadas, cuando fue candidato a senador por el distrito de Bayam\u00f3n.<\/p>\n
En las vistas de transici\u00f3n, el secretario de Agricultura, y presidente de la Junta de la AT, Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Beir\u00f3, expres\u00f3, sin que nadie le preguntara, que atender las solicitudes de los legisladores se hab\u00eda tragado al personal de la AT y pidi\u00f3 que se legislara para que el fondo se mueva a otra agencia.<\/p>\n
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