Las congresistas dem\u00f3cratas Nydia Vel\u00e1zquez y Alexandria Ocasio Cortez radicaron en la C\u00e1mara de Representantes de Estados Unidos una resoluci\u00f3n sobre la Ley 22-2012, seg\u00fan enmendada (Ley 22) y, enseguida, el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) circul\u00f3 una aclaraci\u00f3n sobre el funcionamiento y los beneficios de la mencionada legislaci\u00f3n en Puerto Rico.<\/p>\n
Mediante una comunicaci\u00f3n escrita, el DDEC explic\u00f3 que \u00abdesde el 31 de diciembre de 2019 no se aceptan nuevas solicitudes bajo la Ley 22. Los decretos otorgados constituyen contratos vinculantes protegidos por la Constituci\u00f3n de Puerto Rico y de Estados Unidos, por lo tanto, derogar o limitar la ley, como parece sugerir la Resoluci\u00f3n, no afecta la validez de tales decretos\u00bb.<\/p>\n
Tambi\u00e9n indica que \u00abla ley no otorga una exenci\u00f3n total ‘sobre todos los ingresos’ sino que aplica \u00fanicamente a ingresos provenientes de dividendos, intereses y ganancias de capital de valores. Adem\u00e1s, los requisitos mencionados en la Resoluci\u00f3n, como la compra de propiedad residencial y las donaciones anuales de $10,000, pertenecen al programa de Individuo Residente Inversionista bajo la Ley 60-2019, no a la Ley 22\u00bb.<\/p>\n
Unas de las preocupaciones de las congresistas Vel\u00e1zquez y Ocasio Cortez es que los cobijados bajo la Ley 22 han contribuido a la saturaci\u00f3n en el mercado de viviendas.<\/p>\n
\u00abLos datos no respaldan esa posici\u00f3n. Actualmente, los beneficiarios de la ley, que son 2,660 personas en una poblaci\u00f3n de 3.2 millones, poseen aproximadamente 4,800 propiedades residenciales, lo que representa el 0.3% del total de 1.6 millones de propiedades residenciales en Puerto Rico\u00bb, respondi\u00f3 el DDEC.<\/p>\n
\u00abEl aumento en los valores de la vivienda y la renta en la isla forman parte de una tendencia global impulsada por factores como el incremento en los costos de construcci\u00f3n, la escasez de inventario y mano de obra, y las bajas tasas de inter\u00e9s que incentivaron la demanda\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n
Por otro lado, el DDEC rechaz\u00f3 las alegaciones de que la Ley 22 est\u00e1 provocando desplazamiento y gentrificaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abLo que sucede son transacciones legales y voluntarias, reconocidas por nuestro ordenamiento jur\u00eddico, donde propietarios deciden vender sus propiedades a terceros\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n