La entonces secretaria de Justicia, Wanda V\u00e1zquez Garced, realiz\u00f3 varias grabaciones encubiertas en 2019 bajo la direcci\u00f3n del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) como parte de una pesquisa de supuesto soborno contra el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la comisionada residente, y actual candidata a la gobernaci\u00f3n por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n.<\/p>\n
La informaci\u00f3n est\u00e1 divulgada en una moci\u00f3n sometida anoche en el caso federal contra V\u00e1zquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI, Mark T. Rossini. Fue la defensa de Rossini quien someti\u00f3 la moci\u00f3n para pedir la desestimaci\u00f3n de los cargos en su contra. En el documento citaron un informe del FBI de al menos 16 p\u00e1ginas que recibieron en evidencia y que detalla lo que los abogados llamaron un \u201cepisodio significativo\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe, el 3 de agosto de 2019, cuando todav\u00eda estaba en el aire la constitucionalidad del nombramiento de Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de Estado, V\u00e1zquez Garced recurri\u00f3 al FBI para denunciar que estaba siendo objeto de soborno por parte de Rivera Schatz. La sucesi\u00f3n constitucional dicta que si, como pas\u00f3, el nombramiento de Pierluisi Urrutia se declaraba inconstitucional, la secretaria de Justicia se convert\u00eda en gobernadora.<\/p>\n
V\u00e1zquez Garced relat\u00f3 al FBI que el 30 de julio un juez retirado que es amigo de su esposo, el exjuez Jorge D\u00edaz Rever\u00f3n, recibi\u00f3 una llamada de parte de un abogado. Ese abogado le comunic\u00f3 que el entonces presidente del Senado interesaba reunirse con ella. D\u00edas despu\u00e9s, un segundo abogado llam\u00f3 directamente a D\u00edaz Rever\u00f3n para confirmar la intenci\u00f3n de realizar la reuni\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLa propuesta era clara: si V\u00e1zquez nombraba a (Rivera Schatz) como secretario de Estado y entonces renunciaba, \u00e9l le asegurar\u00eda a D\u00edaz Rever\u00f3n una silla en el Tribunal de Apelaciones y le ofrecer\u00eda a V\u00e1zquez un rol en su administraci\u00f3n\u201d, indica la moci\u00f3n. La propuesta implicaba que, al V\u00e1zquez Garced renunciar, Rivera Schatz se convertir\u00eda en gobernador sin someterse a una votaci\u00f3n y sin que le tocara por orden sucesoral.<\/p>\n
El entonces director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n para la cual V\u00e1zquez Garced acept\u00f3 usar micr\u00f3fonos encubiertos para grabar conversaciones. Comenz\u00f3 con una que tuvo con un contratista del Departamento de Justicia a quien se le hab\u00eda acercado el exadministrador de Instituciones Juveniles, Miguel Rivera Hern\u00e1ndez, sobre \u201cacordar una reuni\u00f3n entre V\u00e1zquez y (Rivera Schatz) sobre la gobernaci\u00f3n\u201d. Rivera Hern\u00e1ndez es primo de Rivera Schatz y un convicto federal por corrupci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del Tribunal Supremo el 7 de agosto sobre la inconstitucionalidad del nombramiento de Pierluisi Urrutia y la inmediata juramentaci\u00f3n de V\u00e1zquez Garced como gobernadora sucesoral no detuvieron la pesquisa. \u201cEn las semanas siguientes, bajo la direcci\u00f3n del FBI, V\u00e1zquez grab\u00f3 varias conversaciones\u201d, dice el documento.<\/p>\n
Entre estas, al menos una con Gonz\u00e1lez Col\u00f3n, quien \u201cse reuni\u00f3 con V\u00e1zquez y le sugiri\u00f3 que considerara otra posici\u00f3n p\u00fablica de alto nivel, insinuando el inter\u00e9s que ten\u00eda (ella misma) en la gobernaci\u00f3n\u201d. El documento a\u00f1ade que, \u201ccuando V\u00e1zquez reiter\u00f3 su intenci\u00f3n de aceptar la gobernaci\u00f3n, (Gonz\u00e1lez Col\u00f3n) le dijo: \u2018\u00bft\u00fa no has hablado con (Rivera Schatz)?\u2019\u201d. Seg\u00fan el informe del FBI citado, esta conversaci\u00f3n llev\u00f3 a los investigadores a pensar que hab\u00eda \u201cuna conspiraci\u00f3n entre (Rivera Schatz) y (Gonz\u00e1lez Col\u00f3n) con la intenci\u00f3n de remover a (V\u00e1zquez Garced) para que cualquiera (de ellos dos) se convirtiera en gobernador\u201d.<\/p>\n
Para leer la moci\u00f3n, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
\u201cA pesar de esto, el FBI cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n en noviembre de 2019, aludiendo a dificultades en conseguir reuniones con V\u00e1zquez despu\u00e9s de que se convirti\u00f3 en gobernadora\u201d, concluyen los abogados de Rossini, Lydia Lizarribar, Michael Adler y Juan J. Michelen.<\/p>\n
En 2019, durante la crisis por la sucesi\u00f3n en la gobernaci\u00f3n tras la renuncia de gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevarez, tanto Rivera Schatz como Gonz\u00e1lez Col\u00f3n hicieron expresiones p\u00fablicas apoy\u00e1ndose mutuamente para asumir la gobernaci\u00f3n. Incluso, despu\u00e9s de que V\u00e1quez Garced jurament\u00f3, Rivera Schatz le pidi\u00f3 que le enviara al Senado la designaci\u00f3n de la comisionada como secretaria de Estado para aprobarla y que entonces V\u00e1zquez Garced abandonara la silla y Gonz\u00e1lez Col\u00f3n se pudiera convertir en gobernadora.<\/p>\n
El argumento principal de la moci\u00f3n es que los cargos deben ser desestimados porque la evidencia de la fiscal\u00eda no demuestra que hubiera una intenci\u00f3n corrupta en el apoyo que Herrera Velutini le dio a V\u00e1zquez Garced en su aspiraci\u00f3n primarista, en parte a trav\u00e9s de Rossini. Esta cooperaci\u00f3n de la exgobernadora con el FBI, as\u00ed como conversaciones separadas que Rossini tuvo con Leff y acercamientos que hizo Herrera Velutini a reguladores bancarios en la capital federal sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras se presentan como prueba de que los acusados no ten\u00edan intenci\u00f3n criminal y que, incluso, el gobierno los convirti\u00f3 de informantes a acusados.<\/p>\n
V\u00e1zquez Garced, Herrera Velutini y Rossini est\u00e1n acusados de enfrascarse en dos esquemas de soborno para que el banquero tuviera control de OCIF y as\u00ed detener la fiscalizaci\u00f3n sobre su banco, Bancr\u00e9dito International Bank & Trust. Un esquema implica a V\u00e1zquez Garced y, seg\u00fan el pliego, consist\u00eda en dar apoyo a la campa\u00f1a primarista de la gobernadora a cambio de que esta destituyera al comisionado de OCIF, George Joyner Kelly, y lo sustituyera con V\u00edctor Rodr\u00edguez Bonilla, un consultor de Bancr\u00e9dito.<\/p>\n
La moci\u00f3n la somete Rossini, pero su argumento es que la evidencia de fiscal\u00eda demuestra que ninguno de los tres ten\u00eda intenci\u00f3n criminal en sus actos y que los hechos no se ajustan a una imputaci\u00f3n de soborno. En el caso de V\u00e1zquez Garced, presenta su rol como informante del gobierno. En el de Rossini, detalla que este estuvo en contaco constante con Leff desde que Herrera Velutini lo contrat\u00f3 para llevar a las autoridades las irregularidades que hab\u00eda destapado en las actuaciones de OCIF contra Bancr\u00e9dito, incluyendo que se hab\u00eda presionado a una empleada a alterar un informe sobre el banco.<\/p>\n
Rossini, incluso, le dijo a Leff que se integrar\u00eda a la campa\u00f1a de la gobernadora y hasta que habr\u00eda una reuni\u00f3n en el hotel Vanderbilt el 28 de febrero de 2020 para discutir la campa\u00f1a. Esa reuni\u00f3n la fiscal\u00eda la presenta como el plazo que Herrera Velutini le hab\u00eda establecido a la gobernadora para que destituyera a Joyner a cambio de apoyo econ\u00f3mico a su campa\u00f1a. Pero la moci\u00f3n plantea que la salida de Joyner estaba tramitada desde d\u00edas antes y que no fue hasta la reuni\u00f3n que la gobernadora supo que se le apoyar\u00eda en su campa\u00f1a.<\/p>\n
Adem\u00e1s, subraya que Rodr\u00edguez Bonilla le dijo a Herrera Velutini que se tendr\u00eda que inhibir de los temas de Bancr\u00e9dio si lo nombraban como comisionado de OCIF, y as\u00ed sucedi\u00f3. Apuntan tambi\u00e9n a que el s\u00faper PAC que se le organiz\u00f3 a la gobernadora nunca recibi\u00f3 fondos ni la gobernadora o su equipo exigieron que se financiara despu\u00e9s de haber destituido a Joyner.<\/p>\n
\u201cEn una campa\u00f1a de apuestas altas en la que el financiamiento es cr\u00edtco, si Rossini y Herrera han prometido apoyar un s\u00faper PAC a cambio de un acto de parte de la gobernadora V\u00e1zquez, se esperar\u00eda una exigencia clara e inmediata para que se cumpliera con la promesa una vez la acci\u00f3n fuera tomada. A\u00fan para los novatos, esta ausencia notable en la teor\u00eda del gobierno es obvia\u201d, indicaron los abogados.<\/p>\n
Sobre la encuesta que Herrera Velutini pag\u00f3 para V\u00e1zquez Garced, la moci\u00f3n acota que no fue un tr\u00e1mite privado para el beneficio exclusivo de la gobernadora sino que cubri\u00f3 otros candidatos y temas, y el propio banquero la public\u00f3 en un peri\u00f3dico de su propiedad, el Diario las Am\u00e9ricas. Los argumentos enfocan en que ninguno de los acusados fue el que le entreg\u00f3 la encuesta a la gobernadora, sino el inversionista residente Fahad Ghaffar, a quien el documento identifica como Informante del FBI #1 y de quien observan que \u201ccuriosamente\u201d su tel\u00e9fono \u201cfue uno de los pocos aparatos que el gobierno misteriosamente escogi\u00f3 no clonar, descargar, registrar o analizar\u201d.<\/p>\n
Sobre Herrera Velutini, la moci\u00f3n destaca que tom\u00f3 la iniciativa de contratar al bufete Kobre & Kim para llevar a la Red de Cumplimiento contra Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN en ingl\u00e9s) del gobierno federal las pruebas sobre supuestas irregularidades en los ex\u00e1menes que OCIF hac\u00eda a Bancr\u00e9dito. Luego de la acusaci\u00f3n, esta entidad mult\u00f3 a Bancr\u00e9dito por $15 millones.<\/p>\n
La moci\u00f3n presenta todos estos esfuerzos como intentos leg\u00edtimos de cabildear al gobierno y no como actos criminales. Para esto, se basan en jurisprudencia del Tribunal Supremo federal que ha limitado la capacidad de fiscal\u00eda para procesar casos en los que un privado da beneficios a un oficial a cambio de actuaciones oficiales. Los abogados pidieron una vista para discutir lo que presentan como deficiencias en el caso de fiscal\u00eda.<\/p>\n
El caso contra la exgobernadora y sus coacusados est\u00e1 ante la jueza federal Silvia Carre\u00f1o Coll, quien ya ha decretado varias posposiciones de la fecha de juicio. El jueves, la jueza advirti\u00f3 que la semana que viene las partes deben darle alternativas de fecha para pautar el proceso y que no puede ser m\u00e1s tarde de agosto de 2025.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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