Sin evidencia, pero con molestia por las expresiones pol\u00edticas del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), una mayor\u00eda del Tribunal Supremo declar\u00f3 inconstitucional la colegiaci\u00f3n compulsoria de los trabajadores sociales.<\/p>\n
De ordinario, la l\u00ednea de casos en los que el Alto Foro ha considerado la colegiaci\u00f3n compulsoria en distintas profesiones ha incluido evidencia sobre las funciones que los colegios realizan y si el inter\u00e9s p\u00fablico est\u00e1 mejor servido manteniendo una estructura compulsoria o limit\u00e1ndose a que la Junta Examinadora de cada profesi\u00f3n sea el \u00fanico ente regulador.<\/p>\n
Pero en la controversia de los trabajadores sociales, el Tribunal de Primera Instancia no accedi\u00f3 a recibir prueba sobre las funciones de este colegio que existe por ley desde 1940 y decidi\u00f3 en contra de que fuera compulsorio. El Tribunal de Apelaciones sostuvo y tambi\u00e9n, ahora, el Supremo.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue cinco a tres con el juez asociado Rafael Mart\u00ednez Torres escribiendo en nombre de la mayor\u00eda y con disidencias de los jueces asociados \u00c1ngel Col\u00f3n P\u00e9rez, Luis Estrella Mart\u00ednez y la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodr\u00edguez.<\/p>\n
La expresi\u00f3n del Supremo en este caso, que fue presentado en 2021, estuvo precedida por una denuncia el a\u00f1o pasado del entonces presidente del Colegio, Larry Emil Alicea, contra el juez asociado Erick Kolthoff Caraballo. Plante\u00f3 el trabajador social que el juez deb\u00eda inhibirse porque estaba almorzando junto con Jorge Lucas Escribano Medina, el abogado que representa a los miembros del colegio demandantes. En la mesa tambi\u00e9n estaba el convicto exalcalde de Trujillo Alto, Jos\u00e9 Luis Cruz Cruz.<\/p>\n
Kolthoff Caraballo rehus\u00f3 inhibirse.<\/p>\n
Los demandantes argumentaron que el Colegio \u201cpromueve abiertamente agendas pol\u00edticas e ideol\u00f3gicas\u201d y la decisi\u00f3n de Mart\u00ednez Torres fue enf\u00e1tica en este punto.<\/p>\n
\u201cCondicionar una licencia profesional a la afiliaci\u00f3n a un ente cuasip\u00fablico que -con el beneficio de sus privilegios estatutarios- incurre en esta conducta expresiva, a nombre de todo un gremio, es inaceptable. Que los trabajadores sociales tengan que pertenecer a una asociaci\u00f3n que adelanta intereses contrarios a sus valores y ajenos a la reglamentaci\u00f3n profesional, so pena de cometer un delito, es fatalmente inconstitucional. La profesi\u00f3n de cada individuo no puede estar subyugada a agendas ideol\u00f3gicas impuestas por organismos cuasip\u00fablicos. Este proceder atenta contra los pilares fundamentales que resguardan nuestro sistema democr\u00e1tico\u201d, dijo.<\/p>\n
Como ejemplo de estas expresiones, el tribunal tom\u00f3 conocimiento (no se le present\u00f3 como prueba sino que los jueces afirman que lo saben) de que en 2020 el Colegio auspici\u00f3 un foro con los candidatos a la gobernaci\u00f3n y que crearon una \u201cComisi\u00f3n permanente para el an\u00e1lisis del estatus pol\u00edtico y la cuesti\u00f3n social\u201d que postula que \u201cla condici\u00f3n colonial de Puerto Rico afecta el desarrollo de nuestra identidad cultural, personal y colectiva, condicionando nuestras relaciones como ciudadanos y residentes de nuestra naci\u00f3n y ante la comunidad mundial\u201d.<\/p>\n
A trav\u00e9s de esa comisi\u00f3n, el Colegio avala e integra el Frente Amplio en Pro de la Asamblea Constitucional de Estatus, la cual ha comparecido, en al menos cinco organizaciones, ante la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas a abogar por la descolonizaci\u00f3n de Puerto Rico.<\/p>\n
En su disidente, Oronoz Rodr\u00edguez no abord\u00f3 esta parte de la opini\u00f3n mayoritaria, sino que insisti\u00f3 en que el caso debi\u00f3 ser devuelto al Tribunal de Primera Instancia con la directriz de que se recibiera prueba sobre la funci\u00f3n social del Colegio y sobre si la Junta Examinadora es una alternativa viable para regular la profesi\u00f3n. Sin esa prueba, el Colegio y el propio gobierno que se supone tambi\u00e9n defienda la funci\u00f3n de ese organismo, est\u00e1 \u201cen una posici\u00f3n de indefensi\u00f3n\u201d, dijo.<\/p>\n
\u201cUna mayor\u00eda de este Tribunal se hace de la vista larga al ignorar las particularidades de este caso y despacha la controversia ante nos mediante un an\u00e1lisis llano, incompleto y acomodaticio\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
El Supremo ya ha decretado inconstitucionales los colegios compulsorios de, entre otros, m\u00e9dicos cirujanos, m\u00e9dicos veterinarios, opt\u00f3metras, y mec\u00e1nicos automotrices.<\/p>\n
En reacci\u00f3n a la determinaci\u00f3n, el Colegio adelant\u00f3 que pedir\u00edan reconsideraci\u00f3n al Supremo.<\/p>\n
\u201cLa Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico ha expresado en reiteradas ocasiones que no tiene los recursos para llevar a cabo todas las obligaciones regulatorias que se requieren en la profesi\u00f3n y que realizamos desde el Colegio. Esta determinaci\u00f3n afecta a la profesi\u00f3n y a sus profesionales. Expone a riesgos significativos a la ciudadan\u00eda al dejar una profesi\u00f3n sin una regulaci\u00f3n efectiva, como la que hemos tenido durante las pasadas ocho d\u00e9cadas a trav\u00e9s de la colegiaci\u00f3n. Esto lo estaremos planteando en la reconsideraci\u00f3n, ya que el Tribunal Supremo debe conocer los riesgos de desregular al Trabajo Social en el Puerto Rico que estamos viviendo\u201d, asegur\u00f3 su presidenta, Krystal P\u00e9rez Mart\u00ednez.<\/p>\n
\u201cSiempre fue importante que nuestro Colegio tuviera la oportunidad de tener una audiencia para presentar nuestra posici\u00f3n y argumentos sobre la importancia de mantener la colegiaci\u00f3n compulsoria, que es de beneficio para nuestra clase profesional y para las poblaciones que atendemos. Pero ese espacio no fue concedido\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
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