Cuando Wilfredo Santiago Figueroa se suicid\u00f3 el 24 de enero pasado despu\u00e9s de matar a su expareja y el hermano y la madre de esta, los poderes p\u00fablicos cumplieron con el libreto que se ha instaurado hace a\u00f1os con feminicidios que capturan la atenci\u00f3n del pa\u00eds: hubo expresiones de indignaci\u00f3n, apuntar dedos para repartir culpa, reuniones de grupos de trabajo, promesas de investigaci\u00f3n y radicaci\u00f3n de proyectos de ley.<\/p>\n
Pero, cuatro meses despu\u00e9s y con la sesi\u00f3n legislativa ya en su \u00faltimo tramo, de los proyectos radicados no se ha aprobado ninguno y las investigaciones prometidas no han sido publicadas.<\/p>\n
El expediente del caso de Santiago Figueroa refleja que un evento que pudo haber sido determinante en el resultado fue que la jueza municipal de Ponce, Ginny V\u00e9lez Carreras, decidi\u00f3 el 10 de enero que no iba a ponerle grillete electr\u00f3nico cuando encontr\u00f3 causa para arresto por maltrato sicol\u00f3gico bajo la Ley 54. Esto, a pesar de que desde 2009 era obligatorio poner grillete cuando se encuentra causa bajo ciertos delitos de Ley 54 o cuando se trata de un reincidente, tambi\u00e9n bajo esa ley. La fiscal Alexandra Aulet Morales tampoco pidi\u00f3 el grillete.<\/p>\n
Tras la decisi\u00f3n de causa para arresto, la vista preliminar qued\u00f3 pautada para dos semanas despu\u00e9s, el 24. Esa vista no ocurri\u00f3 porque el abogado de defensa pidi\u00f3 m\u00e1s tiempo. Ese d\u00eda en la tarde fue que la fiscal\u00eda se movi\u00f3 para pedir que se le pusieran grillete y esa noche el hombre mat\u00f3 a su expareja, Linnette Morales V\u00e1zquez, su hermano, Luis Miguel Morales V\u00e1zquez, a la madre de ambos, Lizzette V\u00e1zquez V\u00e9lez, y luego se suicid\u00f3.<\/p>\n
La obligaci\u00f3n de poner grillete electr\u00f3nico que aplicaba en el caso de Santiago Figueroa expir\u00f3 autom\u00e1ticamente por disposici\u00f3n de ley el 4 de febrero<\/a>, debido a que un proyecto relacionado a monitoreo e violencia dom\u00e9stica que present\u00f3 el representante popular, y precandidato a la gobernaci\u00f3n de ese partido, Jes\u00fas Manuel Ortiz Gonz\u00e1lez, cambi\u00f3 la disposici\u00f3n para que fuera discrecional de los jueces y no obligatorio. Esa es la ley todav\u00eda hoy y casos como el de Santiago Figueroa no llevan obligatoriamente grillete electr\u00f3nico.<\/p>\n Como secuela de la masacre hubo tres proyectos legislativos, todos en la C\u00e1mara de Representantes y uno de ellos de la Administraci\u00f3n Pierluisi Urrutia. Las medidas buscaban revertir para que volviera a ser obligatorio el grillete electr\u00f3nico, entre otros aspectos del procesamiento criminal de la violencia dom\u00e9stica, pero ninguno se ha aprobado.<\/p>\n El que m\u00e1s lejos lleg\u00f3 fue el P de la C 2013, que introdujo el presidente del cuerpo, Rafael Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez, con miembros de las delegaciones de los partidos Popular Democr\u00e1tico y Nuevo Progresista. Fue aprobado en la C\u00e1mara el 6 de febrero<\/a> y desde entonces est\u00e1 dormido en el Senado. La Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico y Desarrollo Econ\u00f3mico, a cargo del mismo presidente del cuerpo, Jos\u00e9 Luis Dalmau Santiago, tuvo el proyecto bajo su consideraci\u00f3n desde febrero hasta el 17 de mayo. En ese periodo no se realiz\u00f3 ninguna vista, pero sali\u00f3 un informe que est\u00e1 sometido a la Comisi\u00f3n de Reglas y Calendario, que preside Javier Aponte Dalmau. Este es el paso previo a que se someta a votaci\u00f3n en el pleno.<\/p>\n El informe dice que ser\u00e1 \u201ccompulsoria\u201d la imposici\u00f3n de grillete electr\u00f3nico como condici\u00f3n de fianza en todo caso bajo la Ley 54 o bajo cualquier otra ley en la que la relaci\u00f3n entre el victimario y la v\u00edctima cumpla con la definici\u00f3n de \u201crelaci\u00f3n de pareja\u201d que aplica en casos de violencia dom\u00e9stica. \u201cLos tribunales vendr\u00e1n obligados a imponer supervisi\u00f3n electr\u00f3nica en todos los casos de violencia dom\u00e9stica\u201d, a\u00f1ade, al ordenar tambi\u00e9n al Programa de Servicios con Antelaci\u00f3n a Juicio (PSAJ) a que los informes que preparan para el tribunal a la hora de imponer fianza reflejen estas nuevas obligaciones y la necesidad de definir la relaci\u00f3n que hay entre victimario y v\u00edctima.<\/p>\n El informe atiende tambi\u00e9n otro aspecto totalmente distinto, que hab\u00eda creado controversia, de establecer un sistema de posicionamiento global (\u201cGPS\u201d) para que la v\u00edctima pueda detectar si una persona objeto de una orden de alejamiento viol\u00f3 el per\u00edmetro.<\/p>\n Adem\u00e1s de este trayecto legislativo, la masacre provoc\u00f3 promesas de investigaci\u00f3n en el Poder Judicial, el Departamento de Justicia y por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales (OAT) inicialmente indic\u00f3 que relev\u00f3 a la jueza V\u00e9lez Carreras de casos de violencia dom\u00e9stica como medida preliminar<\/a> de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia. Pero ese es el \u00fanico resultado conocido de estas investigaciones.<\/p>\n Hace un mes, el Tribunal de Primera Instancia concedi\u00f3 una solicitud de la OPM para que se ordenara al Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) a entregar el informe que PSAJ prepar\u00f3 en el caso de Santiago Figueroa. La entrega ocurri\u00f3 pero la Oficina, que hab\u00eda dicho que solo le restaba ese documento para terminar su investigaci\u00f3n, todav\u00eda no ha hecho ning\u00fan anuncio sobre esto. La OPM tiene la facultad de imponer multas a otras dependencias p\u00fablicas si identifica y fundamenta que fallaron en proteger a alguna mujer.<\/p>\n Ninguna de las tres entidades que anunciaron investigaciones respondieron si ten\u00edan actualizaci\u00f3n de las mismas para este reportaje.<\/p>\n Vea:<\/strong><\/p>\n Correcci\u00f3n \u201centorpece\u201d investigaci\u00f3n sobre feminicidio y lo demandan <\/a><\/p>\n