La expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (ahora el Negociado de Telecomunicaciones, o NET), Sandra Torres L\u00f3pez, pidi\u00f3 la desestimaci\u00f3n de los cargos que enfrenta debido a la Ley de \u00c9tica bajo el argumento de que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no cumpli\u00f3 con los requerimientos para llevar a cabo la investigaci\u00f3n en su contra.<\/p>\n
A la exfuncionaria se le encontr\u00f3 causa para juicio en junio de 2021, pero todav\u00eda no se ha llevado a cabo su juicio, que ahora est\u00e1 pautado para el pr\u00f3ximo 4 de junio. Desde el 2021, el proceso ha estado marcado por disputas relacionadas al descubrimiento de prueba, principalmente.<\/p>\n
Tras completarse ese descubrimiento, su representante legal, Carmen Qui\u00f1ones N\u00fa\u00f1ez, pidi\u00f3 el 10 de abril pasado la desestimaci\u00f3n de los cargos por deficiencias en el proceso de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
A Torres L\u00f3pez se le procesa por supuestamente exigir en junio de 2018 a un subalterno, Exel L\u00f3pez V\u00e9lez, que recolectara donativos pol\u00edticos de los jefes de las compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones que el NET regula para el beneficio de la campa\u00f1a reeleccionaria del exgobernador, Ricardo Rossell\u00f3 Nevares. L\u00f3pez V\u00e9lez se querell\u00f3 de esto ante el Tribunal Supremo para que procesara \u00e9ticamente a Torres L\u00f3pez, lo que no ocurri\u00f3, y tambi\u00e9n se quej\u00f3 ante la entonces secretaria de la Gobernaci\u00f3n, Zo\u00e9 Laboy Alvarado.<\/p>\n
La base del caso es una declaraci\u00f3n jurada del subalterno que tiene fecha del 18 de octubre de 2019, aunque los hechos habr\u00edan ocurrido m\u00e1s de un a\u00f1o antes, del 5 al 7 de junio de 2018. Laboy Alvarado refiri\u00f3 esa queja a la entonces secretaria de Justicia interina, Denisse Longo Qui\u00f1ones, el 29 de octubre de 2019.<\/p>\n
La ley dicta que cuando Justicia recibe una queja de este tipo contra uno de los funcionarios cobijados por la Ley del FEI, tiene que notificarlo a esa oficina para que comience a correr el primer t\u00e9rmino de 90 d\u00edas que Justicia tiene para realizar su investigaci\u00f3n preliminar y emitir una recomendaci\u00f3n al FEI. Pero, en este caso, Longo Qui\u00f1ones hizo la notificaci\u00f3n el 17 de diciembre diciendo que hab\u00eda recibido la queja el 21 de noviembre. O, lo mismo, que la entonces secretaria notific\u00f3 a FEI casi un mes despu\u00e9s de haber recibido la querella y d\u00e1ndole al FEI una fecha incorrecta para comenzar a discurrir los 90 d\u00edas.<\/p>\n
Otra impugnaci\u00f3n que hizo la abogada de Torres L\u00f3pez es que la Oficina de \u00c9tica Gubernamental (OEG), un foro adicional al que recurri\u00f3 el querellante, hab\u00eda determinado en junio de 2020 cerrar la querella por encontrar que L\u00f3pez V\u00e9lez hab\u00eda mentido en al menos cuatro instancias de su declaraci\u00f3n. No surgieron del r\u00e9cord los ponches de entrada y salida de su oficina que correspond\u00edan a las salidas que dijo haber hecho para visitar a las empresas de telecomunicaciones y recoger los donativos; el registro de llamadas de Torres L\u00f3pez no refleja la llamada que el testigo dice que le hizo al jefe de Claro para pedirle el donativo pol\u00edtico; el registro de llamadas de ese ejecutivo, Enrique Ortiz de Montellanos, tampoco refleja entrada o salida de una llamada compatible con el relato; y la entonces fiscal Yanira Liceaga, neg\u00f3 que Torres L\u00f3pez le hubiera pedido referir al Tribunal Supremo para procesamiento \u00e9tico a la entonces asesora de Fortaleza, Mar\u00eda Palou.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n inicial del FEI fue radicar cargos contra Torres L\u00f3pez, L\u00f3pez V\u00e9lez y tambi\u00e9n Katherine Erazo Garc\u00eda, contratista del NET para el momento de los hechos que tambi\u00e9n era encargadas de recaudaciones en el comit\u00e9 de campa\u00f1a de Rossell\u00f3 Nevares y a quien se le atribuye haber dicho en la oficina de Torres L\u00f3pez que el gobernador hab\u00eda \u201cordenado a cada una de las agencias del ejecutivo recaudar fondos para su campa\u00f1a de reelecci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
Cuando lleg\u00f3 la radicaci\u00f3n de cargos, solo Torres L\u00f3pez fue imputada, mientras que L\u00f3pez V\u00e9lez y Erazo Garc\u00eda quedaron como testigos de cargo. De hecho, el acuerdo de inmunidad de Erazo Garc\u00eda se concret\u00f3 justo el d\u00eda antes de la radicaci\u00f3n de los cargos y todav\u00eda no est\u00e1 claro qu\u00e9 aportaba su testimonio en ese punto del caso como para justificar la inmunidad.<\/p>\n
En su escrito, la abogada Qui\u00f1ones N\u00fa\u00f1ez tambi\u00e9n se basa en ese tr\u00e1mite para pedir la desestimaci\u00f3n al argumentar que desde meses antes de la radicaci\u00f3n el abogado de Erazo Garc\u00eda, el exfiscal especial independiente C\u00e9sar L\u00f3pez Cintr\u00f3n, le hab\u00eda advertido al FEI de la deficiencia que hab\u00eda en el caso por la tardanza de Justicia en notificar la querella. Adem\u00e1s, que en el descubrimiento de prueba no surgi\u00f3 evidencia de que lo fiscales le hubieran notificado al panel de una comunicaci\u00f3n que hizo Qui\u00f1ones N\u00fa\u00f1ez ofreciendo testigos que deb\u00edan ser entrevistados como parte de la pesquisa que desarrollaban.<\/p>\n
El tribunal todav\u00eda tiene pendiente una solicitud sometida en junio de 2021 en la que Torres L\u00f3pez alega que tiene prueba de coartada, consistente en que una de las entregas de donativos ilegales habr\u00eda ocurrido en mayo de 2018, en fechas en que ella estaba fuera de la isla en funciones oficiales atendiendo un congreso de comunicaci\u00f3n satelital en Ciudad M\u00e9xico.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n