Todos somos responsables de promover la paz social en aras de la convivencia en dignidad. Corresponde sin embargo, a los miembros del staff jur\u00eddico, y a quienes componen el staff gubernativo, a los que se preparan para administrar los instrumentos del derecho y los de apoyo a la Justicia —que es un bien muy superior a la ley y al Derecho— ejercitar con esmero, cuidado y sensibilidad todo acto en que tenga que crearla e impartirla. Estas tareas que incluyen a todos los miembros de la profesi\u00f3n jur\u00eddica, y a todos sus ayudantes, a todos los funcionarios p\u00fablicos que toman decisiones y ejercitan actos para gobernar(nos) no pueden ejercerse aut\u00f3mata, ni parcializadamente, pues tales desv\u00edos cuando se suman, muestran el grado de perversi\u00f3n de las instituciones y organismos creados o instituidos para promover la paz social en dignidad y equidad.<\/p>\n
Las escuelas de Derecho y las de gobierno, cuando existen, y la formaci\u00f3n ciudadana y c\u00edvica de la que se nutre toda la vida sociopol\u00edtica, tienen que inculcar , modelar y modular contenidos y pr\u00e1cticas que nutran la formaci\u00f3n del ciudadano para este tipo ideal de vida pol\u00edtica sana. Lamentablemente una guerra de intereses particulares destroza el tejido c\u00edvico y gubernativo, sin que necesariamente las personas enumeradas tengan la formaci\u00f3n, ni el entendimiento de su obligaci\u00f3n suprema como las personas a quienes se les ha delegado el control de los instrumentos pol\u00edtico-gubernativos y jur\u00eddicos responsables primarios de adelantar la paz social.<\/p>\n
Las Cortes<\/strong><\/p>\n Lo menos democr\u00e1tico que existe en un sistema de separaci\u00f3n de poderes como el de EE. UU. imitado en Puerto Rico son los tribunales. Aun en los lugares de all\u00e1, donde jueces y fiscales son electos, la politizaci\u00f3n de su elecci\u00f3n puede ser devastadora. Ese vicio no se cura con nombramientos, ni confirmaciones hechos por funcionarios electos. Las formas atropelladas con las que se nomina y confirman muchas —quisiera decir pocas— designaciones a jueces y fiscales, entre otros, dejan mucho que decir. No existe en Puerto Rico una carrera judicial, sino jueces que est\u00e1n siempre a expensas de que sean o no renominados, o considerados para ascenso o forzados al retiro, por capricho del gobernante, o que no son considerados, ni confirmados, seg\u00fan sea la voluntad de los senadores.<\/p>\n Ser juez nunca ha sido f\u00e1cil, ponderar la credibilidad de los testigos, navegar y entender en el laberinto de las pruebas, hacerlo en el marco de la precariedad existencial de lo que duran sus t\u00e9rminos, o de hacia d\u00f3nde se proyecten sus leg\u00edtimas aspiraciones, debe constituir en cada caso, y particularmente en aquellos donde el futuro mismo como juez est\u00e1 en juego, una tribulaci\u00f3n.<\/p>\n Dicho esto, los ciudadanos hemos visto cosas enormemente inquietantes ocurridas en o desde la judicatura en tiempos recientes. Vimos c\u00f3mo por malabarismos o trapecismos, sin que existiera la ley especial que espec\u00edficamente lo autorizase, se pusiera en vigor un aumento de sueldos en escalas para los propios jueces, —Deus ex-Machina— vol\u00e1ndose las cercas o l\u00edneas imaginarias que aconsejan respetar las prerrogativas de otra rama constitucional y las que inhiben para siquiera acercarse a la apariencia del conflicto de intereses o al conflicto de intereses mismos.<\/p>\n Aprend\u00ed hace m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas, que cuando una ficci\u00f3n jur\u00eddica tiene que recubrirse de varias ficciones jur\u00eddicas para crear una verdad jur\u00eddica, tarde o temprano la \u00abverdad\u00bb resultante chocar\u00e1 con las filosas aristas de la realidad y que ocurrir\u00e1n cortes y sangrados severos.<\/p>\n Aquella decisi\u00f3n judicial de instancia sobre los aumentos de sueldo a los jueces, elusiva al m\u00e1s Alto Foro, fue enterrada sin autopsia, ni novenario en el iluso cementerio de la amnesia y su fantasma sigue dando vueltas y revolotear\u00e1 las conciencia c\u00edvicas durante a\u00f1os.<\/p>\n M\u00e1s recientemente, los amigos de la instrumentalizaci\u00f3n mediante la palanca judicial, de lo que probablemente no podr\u00edan ganar en las urnas, llevaron las elecciones a las Cortes. Al pesado yunque de la decisi\u00f3n salarial descrita, consiguieron a\u00f1adir por avaricia electoral, la descalificaci\u00f3n de candidatos de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana, con la evidente intenci\u00f3n de adem\u00e1s, que por otra argucia electorera-judicial m\u00e1s tarde se descalifique al partido Movimiento Victoria Ciudadana. Casos como \u00e9ste, donde no s\u00f3lo se pone en juego la credibilidad del sistema electoral y del sistema judicial, sino la credibilidad misma del aparato gubernamental, debieran ser objeto del m\u00e1s intenso y minucioso escrutinio ciudadano.<\/p>
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