La defensa del convicto exalcalde de Guaynabo, \u00c1ngel P\u00e9rez Otero, pidi\u00f3 al tribunal federal que esta tarde lo sentencie a 23 meses de probatoria, en vez de los hasta seis a\u00f1os y seis meses de c\u00e1rcel que pidi\u00f3 el Departamento de Justicia federal.<\/p>\n
P\u00e9rez Otero fue la \u00fanica persona que se someti\u00f3 a juicio de la serie de funcionarios municipales que fueron arrestados y procesados por participar en un esquema de soborno relacionados con contratos de asfalto y desperdicios s\u00f3lidos.<\/p>\n
Al centro de esos casos est\u00e1n el convicto contratista Oscar Santamar\u00eda Torres y el exalcalde de Cata\u00f1o, F\u00e9lix \u201cEl Cano\u201d Delgado Montalvo, quienes cooperaron con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) haciendo grabaciones encubiertas, entregando o recibiendo sobornos y otros actos. El juicio de P\u00e9rez Otero fue el \u00fanico proceso en el que se sentaron en el banquillo de los testigos.<\/p>\n
Fueron particularmente estos dos testimonios los que pesaron sobre la jueza Aida Delgado Col\u00f3n para que la semana pasada denegara una moci\u00f3n de absoluci\u00f3n que estaba pendiente desde mayo de 2023. Los abogados de P\u00e9rez Otero hab\u00edan argumentado en esa moci\u00f3n que los hechos probados en el juicio no se ajustaban al delito de soborno porque no se hab\u00eda establecido un acuerdo expl\u00edcito entre el contratista corrupto y el alcalde y porque este no hab\u00eda realizado actos a cambio de los $5,000 mensuales que recib\u00eda del contratista.<\/p>\n
En una moci\u00f3n el viernes para adelantar las razones por las que entienden que la jueza debe apartarse de la solicitud de fiscal\u00eda y ser leniente en su sentencia, los abogados Osvaldo Carlo Linares, Eduardo Ferrer R\u00edos y Jos\u00e9 Olmo Rodr\u00edguez apuntaron que no hubo v\u00edctimas en este caso.<\/p>\n
\u201cEl trabajo contratado por Guaynabo se realiz\u00f3 de manera satisfactoria por el postor m\u00e1s bajo en un proceso de subasta y Guaynabo no sufri\u00f3 p\u00e9rdida. Los alegados pagos no vinieron de cuentas de Island Builders, sino de fondos personales de Santamar\u00eda y fondos de la compa\u00f1\u00eda de desperdicios s\u00f3lidos (Waste Collection)\u201d, dijeron los abogados en referencia a que la prueba del caso fue que la discusi\u00f3n entre el alcalde y el contratista era principalmente sobre la empresa Island Builders, con la que Santamar\u00eda no estaba formalmente asociado, pero era un frente corporativo suyo.<\/p>\n
Expusieron tambi\u00e9n que la sentencia promedio para convictos por sobornos era de 23 meses de c\u00e1rcel y que otros alcaldes y funcionarios municipales involucrados en este esquema han recibido sentencias de c\u00e1rcel de entre 24 y 30 meses antes de que entrara en vigor una nueva gu\u00eda que reduce la recomendaci\u00f3n de sentencia para nuevos ofensores. Sin embargo, no explicaron la diferencia de que esos otros casos fueron resultado de acuerdos para declararse culpables y no de juicio.<\/p>\n
\u201cAunque el acusado est\u00e1 consciente de que las sentencias a las que nos hemos referido son para tiempo en c\u00e1rcel, en este caso, porque no hubo p\u00e9rdida para el municipio y por la conducta extraordinaria y ejemplar durante toda su vida, una variaci\u00f3n de la sentencia es adecuada\u201d, se\u00f1alaron en referencia a que lo que piden es probatoria y no c\u00e1rcel.<\/p>\n
La Oficina de Probatoria federal present\u00f3 a la jueza en un informe confidencial que en este caso aplican agravantes por tratarse de un oficial p\u00fablico de alto nivel que cometi\u00f3 varios actos de soborno.<\/p>\n
\u201cEl Sr. P\u00e9rez se reuni\u00f3 secretamente con Oscar Santamar\u00eda para llenarse los bolsillos con dinero en efectivo y le dio la espalda a la comunidad que fue electo para representar. Este esquema abarc\u00f3 varios a\u00f1os y el Sr. P\u00e9rez hizo todo lo posible para asegurarse que los pagos de soborno no fueran detectados, incluyendo encubrir los mismos de las autoridades tributarias y oficiales electorales\u201d, dijeron los fiscales en una moci\u00f3n el a\u00f1o pasado para pedir entre cinco a\u00f1os y tres meses a seis a\u00f1os y seis meses de c\u00e1rcel.<\/p>\n
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