El juez federal Ra\u00fal Arias Marxuach sentenci\u00f3 a probatoria a dos mujeres a quienes el contratista convicto Oscar Javier Santamar\u00eda Torres coloc\u00f3 al frente de la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. para que administraran el Centro de Diagn\u00f3stico y Tratamiento (CDT) Job And\u00fajar y el Grupo M\u00e9dico Primario de Cata\u00f1o.<\/p>\n
Por el beneficio de su relaci\u00f3n corrupta con el tambi\u00e9n convicto exalcalde de Cata\u00f1o, F\u00e9lix \u201cEl Cano\u201d Delgado Montalvo, Santamar\u00eda Torres viabiliz\u00f3 contratos del municipio con VIP Healthcare por $9 millones entre 2017 y 2022 a raz\u00f3n de unos $189,000 mensuales, de los que el contratista convicto se quedaba con $30,000 por hacer nada, mientras las mujeres daban el frente con salarios reducidos y el CDT se les ca\u00eda encima por su deterioro.<\/p>\n
El cap\u00edtulo de VIP Healthcare es uno de los menos conocidos en el libro de corrupci\u00f3n que protagoniza Santamar\u00eda Torres. Se trata de la \u00fanica corporaci\u00f3n que result\u00f3 acusada como parte de la cooperaci\u00f3n que este prest\u00f3 a las autoridades federales y a las dos implicadas, la presidenta Ivelisse Rivera Padilla y la tesorera Carla Carrillo Torres, se le presentaron otros cargos que no son de corrupci\u00f3n p\u00fablica ni que las coloquen delinquiendo junto a funcionarios.<\/p>\n
En febrero pasado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunci\u00f3 cargos contra Rivera Padilla, Carrillo Torres y la corporaci\u00f3n por fraude de procesos de quiebra y lavado de dinero al hacer representaciones falsas sobre sus ingresos en VIP Healthcare y sus bienes, como apartamentos en Cabo Rojo y Humacao, una finca en Luquillo, una participaci\u00f3n propietaria en Farmacia Libertad y un negocio de Airbnb. Adem\u00e1s, a Carrillo Torres y la corporaci\u00f3n se le presentaron cargos de declaraci\u00f3n falsa con relaci\u00f3n a un pr\u00e9stamo PPP de $249,755.35, como resultado de que se ocultara la participaci\u00f3n de Rivera Padilla en la empresa para que su quiebra no afectara la elegibilidad para el pr\u00e9stamo.<\/p>\n
Tras una negociaci\u00f3n que elimin\u00f3 los cargos de lavado de dinero, Rivera Padilla se declar\u00f3 culpable de declaraciones falsas en su quiebra, mientras que Carrillo Torres, y la corporaci\u00f3n aceptaron culpa por el tr\u00e1mite del pr\u00e9stamo PPP. Rivera Padilla, de 48 a\u00f1os, y Carrillo Torres, de 37 a\u00f1os, son pareja.<\/p>\n
En las declaraciones que hizo tras declararse culpable, Santamar\u00eda Torres admiti\u00f3 que tuvo \u201cganancias\u201d de VIP Healthcare y otra empresa, aunque no aparec\u00eda formalmente vinculados con ellas y expres\u00f3 tambi\u00e9n que los directivos de las empresas \u201cestuvieron ajenos a cualquier acci\u00f3n indebida de mi parte\u201d.<\/p>\n
Pero, en una moci\u00f3n para pedir clemencia del tribunal en la sentencia de Rivera Padilla, sus abogados, Leonardo Aldridge y Guillermo Ramos Lui\u00f1a, plantearon el desarrollo del esquema desde la perspectiva de la pareja.<\/p>\n
Las mujeres entraron en la \u00f3rbita de Santamar\u00eda Torres en 2015 cuando este reclut\u00f3 a Carrillo Torres en 2015 para que trabajara en su bufete, Law Affairs, descrita en la moci\u00f3n como una operaci\u00f3n de tr\u00e1fico de influencias y que tuvo contratos p\u00fablicos, particularmente en la Legislatura. Una compa\u00f1\u00eda de manejo de cr\u00e9dito hab\u00eda adquirido los servicios del bufete para cobrar deudas y el convicto necesitaba a una oficial de cumplimiento. En ese momento, Rivera Padilla estaba en un punto bajo de su vida. Tras adquirir su licencia de leyes con sacrificios que incluyeron recurrir al servicio militar para pagarse los estudios, la mujer hab\u00eda aceptado ser la principal oficial ejecutiva de la Cooperativa de Servicios M\u00e9dicos, pero esa entidad se hab\u00eda ido a pique dej\u00e1ndola sin recursos y con necesidad de recurrir a la Ley de Quiebras.<\/p>\n
\u201cSantamar\u00eda casi nunca estaba (en el bufete). Pero, cuando estaba, pod\u00eda ser un infierno. Coqueteaba con Ivelisse y Carla, era manipulador y necesitaba tener alrededor a gente que le dijera que s\u00ed (yes-men<\/em>) porque se volv\u00eda loco si escuchaba algo que no le gustara\u201d, relata la moci\u00f3n.<\/p>\n Una vez Delgado Montalvo asume la alcald\u00eda de Cata\u00f1o, con donativos y empuje de Santamar\u00eda Torres, el convicto reuni\u00f3 a sus dos empleadas y, al resaltar la experiencia en derecho de salud que ten\u00eda Rivera Padilla, les dijo que hab\u00eda una oportunidad de negocio sobre eso en el municipio y que, como era una emergencia, formar\u00edan una corporaci\u00f3n para entrar de inmediato y luego ir\u00edan a un proceso competitivo. \u201cY as\u00ed naci\u00f3 VIP Healthcare Solutions Inc.\u201d, a la prisa, sin estructura corporativa real, sin capital, sin la formalidad de c\u00f3mo se distribuir\u00edan las acciones y teniendo como plan \u00fanico que el convicto usar\u00eda sus influencias y las mujeres har\u00edan el trabajo, consigna el documento.<\/p>\n Ese trabajo implicaba atender una instalaci\u00f3n con filtraciones en el techo, sin personal m\u00e9dico, sin procesos de facturaci\u00f3n adecuados, sin agua caliente, sin suficientes aires acondicionados y camino al cierre porque el Departamento de Salud le quitar\u00eda los permisos. Con un salario de $6,000 al mes, Rivera Padilla lo enderez\u00f3 y lo puso a facturar de $36,000 a $150,000 al mes.<\/p>\n \u201cY cada mes, Oscar Santamar\u00eda llamaba a Carla y exig\u00eda un cheque de VIP por cualquier cantidad que estuviera disponible en la cuenta corriente de la compa\u00f1\u00eda despu\u00e9s de cubrir los gastos operacionales\u201d, enfatiza la moci\u00f3n al a\u00f1adir que el resentimiento de las mujeres al ver c\u00f3mo el contratista se llevaba esas ganancias \u201csin mover un dedo\u201d mientras el trabajo de ellas era subvalorado gener\u00f3 el resentimiento que las llev\u00f3 a cometer los delitos imputados.<\/p>\n \u201cComo una forma de resistencia\u201d, se aumentaron los sueldos y comenzaron a sacar dinero de la empresa sin reportarlo en el proceso de quiebras de Rivera Padilla.<\/p>\n El abogado pidi\u00f3 dos a\u00f1os de probatoria para Rivera Padilla, pero el jueves el juez Arias Marxuach la sentenci\u00f3 a cinco a\u00f1os de probatoria con multa de $25,000. En una vista separada el mi\u00e9rcoles, impuso 30 meses de probatoria y multa de $500 a Carrillo Torres por su delito menos grave y dos a\u00f1os de probatoria a la empresa, as\u00ed como la restituci\u00f3n del monto del pr\u00e9stamo, $249,755.35.<\/p>\n Adem\u00e1s de sentenciar a VIP Healthcare y a la pareja, Arias Marxuach sentenci\u00f3 a 30 meses de c\u00e1rcel a Raymond Rodr\u00edguez Santos quien, junto a Santamar\u00eda Torres y Delgado Montalvo, conforman la trilog\u00eda de cooperadores que el Negociado Federal de Investigaciones utiliz\u00f3 en su racha de arrestos contra alcaldes de ambos partidos principales por corrupci\u00f3n en contratos de desperdicios s\u00f3lidos, asfalto y otras obras.<\/p>\n En todos estos casos hasta ahora, el juez presidente del tribunal federal ha impartido sentencias mayores a las que le piden o en lo m\u00e1ximo que las reglas recomiendan. El 13 de marzo, tambi\u00e9n sentenciar\u00e1 a Santamar\u00eda Torres y a Delgado Montalvo.<\/p>\n Vea:<\/p>\n