La fiscal\u00eda federal consign\u00f3 en un documento confidencial publicado a solicitud de NotiCel <\/strong>que, aunque el municipio de Mayag\u00fcez recuper\u00f3 los $9 millones malversados en una inversi\u00f3n en el mercado financiero que autoriz\u00f3 el alcalde suspendido Jos\u00e9 Guillermo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, no se trat\u00f3 de un acto sin v\u00edctima o sin consecuencias.<\/p>\n \u201cLos Estados Unidos someten que aunque la v\u00edctima, un municipio de Puerto Rico, pudo recuperar fondos, todav\u00eda tuvo que usar recursos gubernamentales, incluyendo contratar representaci\u00f3n legal, para conseguir ese dinero. El uso de recursos gubernamentales en esta tarea significa menos recursos para otras funciones gubernamentales, y eso, somete los Estados Unidos, es un sufrimiento financiero. Los actos del acusado, as\u00ed como los de sus coacusados, provocaron sufrimiento financiero sustancial\u201d, argument\u00f3 la fiscal Myriam Fern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, quien logr\u00f3 la convicci\u00f3n de siete acusados a nivel federal por el fraude con los $9 millones que se supone fueran para un Centro de Trauma en Mayag\u00fcez.<\/p>\n La fiscal manifest\u00f3 esto a la jueza federal Aida Delgado Col\u00f3n en mociones que someti\u00f3 de manera confidencial para las sentencias de los respectivos acusados. NotiCel, a trav\u00e9s del periodista que suscribe esta nota, hizo una solicitud a la jueza para que liberara las mociones relativas a sentencia, en particular porque la propia jueza le hab\u00eda pedido a la fiscal\u00eda m\u00e1s claridad sobre exactamente cu\u00e1nta era la responsabilidad econ\u00f3mica que cada acusado particular ten\u00eda con relaci\u00f3n a los $9 millones malversados. Al conceder la solicitud, la jueza reiter\u00f3 una decisi\u00f3n suya en otro caso en la que hab\u00eda enfatizado que someter mociones confidenciales debe hacerse \u201csolo raramente y por una causa buena\u201d, ya que se supone los procesos y documentos judiciales sean p\u00fablicos.<\/p>\n La aseveraci\u00f3n de fiscal\u00eda contrasta con expresiones que han hecho Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y su abogado, Harry Padilla Mart\u00ednez, quienes han minimizado la responsabilidad del funcionario enfatizando que el municipio pudo recuperar el dinero.<\/p>\n Como alcalde, Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez autoriz\u00f3 que el dinero que la Legislatura hab\u00eda asignado durante varios a\u00f1os para la construcci\u00f3n de un Centro de Trauma en la ciudad fuera transferido a la corporaci\u00f3n municipal Mayag\u00fcez Economic Development, Inc. (MEDI). Entonces, como presidente de la Junta de Directores de MEDI, Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez autoriz\u00f3 que el dinero fuera entregado al asesor financiero, Eugenio Garc\u00eda Jim\u00e9nez, para que lo invirtiera en el mercado de valores.<\/p>\n Garc\u00eda Jim\u00e9nez y otras seis personas fueron acusadas a nivel federal por usar el dinero para lucrarse ilegalmente. Mientras, Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y la jefa de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valent\u00edn Andrades, fueron acusados a nivel estatal de malversaci\u00f3n de fondos y omisi\u00f3n en el cumplimiento del deber por su rol en el movimiento del dinero. Es en ese proceso que el alcalde suspendido y su abogado han levantado como argumento de defensa que el dinero fue recuperado.<\/p>\n Ayer, al salir de su lectura de cargos, Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez dijo que los fondos est\u00e1n \u201cen la caja del municipio de Mayag\u00fcez\u201d por \u201clos seguros que tuvieron que responder\u201d ante \u201cuna malversaci\u00f3n de fondos que no fue del alcalde\u201d. A preguntas de la prensa, rehus\u00f3 aceptar que si hubo reposici\u00f3n de parte de las aseguradores, es que hab\u00eda ocurrido una p\u00e9rdida. El juicio contra ambos funcionarios est\u00e1 pautado para el 22 de diciembre y ser\u00e1 por jurado, aunque el abogado anticip\u00f3 que someter\u00e1 una solicitud de desestimaci\u00f3n de cargos.<\/p>\n El reconocimiento del alcalde de que una parte del dinero fue recuperado por pago de seguros est\u00e1 contemplado en la ley federal, que le concede a los seguros la facultad de colocarse en el lugar de las v\u00edctimas originales para as\u00ed cobrar cualquier restituci\u00f3n de fondos que se le imponga a los convictos. La fiscal\u00eda consign\u00f3 a la jueza que en este caso, la v\u00edctima es el municipio de Mayag\u00fcez porque fueron abogados del municipio los que sometieron una declaraci\u00f3n como v\u00edctimas para efectos del informe presentencia de los convictos. De hecho, en al menos una de las vistas ante la jueza Delgado Col\u00f3n compareci\u00f3 como v\u00edctima la propia Valent\u00edn Andrades, quien todav\u00eda ocupa el cargo de jefa de Finanzas a pesar de los cargos criminales que tiene pendientes.<\/p>\n Los documentos que la jueza liber\u00f3 a solicitud de NotiCel<\/strong> proveen el cuadro m\u00e1s preciso hasta ahora sobre qui\u00e9nes respondieron por el dinero malversado y cu\u00e1nto de ese dinero se le adjudica a cada uno de los convictos federales.<\/p>\n Seg\u00fan el desglose, a los $9 millones hay que restarle $1.8 millones que Garc\u00eda Jim\u00e9nez hizo que se le devolvieran a MEDI haci\u00e9ndoles creer que era rendimiento de la inversi\u00f3n, cuando en realidad era del mismo dinero invertido. En la medida en que ese dinero fue devuelto, por la raz\u00f3n que fuera, antes de que el grupo fuera arrestado, se tiene que restar de cualquier restituci\u00f3n, lo que deja $7.2 millones como \u201cp\u00e9rdida real\u201d.<\/p>\n De esos $7.2 millones, Garc\u00eda Jim\u00e9nez es responsable de $5,772,904.38; el exasesor legal del municipio, Arnaldo Irizarry Irizarry, de $126,100; el exdirector ejecutivo de Medi, Alejandro Riera Fern\u00e1ndez, de $133,200; el exasesor financiero del municipio, Roberto Mejill Tellado, de $680,000; Stephen Kirkland de $371,056.74; Steve Minger de $106,738.88; y Joseph Kirkland de $10,000. Estas cantidades se calcularon con base en la prueba de transferencias que recibi\u00f3 cada uno o de las que se benefici\u00f3. En el caso de Garc\u00eda Jim\u00e9nez, se le identificaron 21 cuentas bancarias a trav\u00e9s de las cuales movi\u00f3 el dinero.<\/p>\n En cuanto a la recuperaci\u00f3n de los fondos, los documentos no son igual de precisos ya que mantienen secciones confidenciales relativas a los informes presentencia, los cuales no son p\u00fablicos y que se alimentaron de la informaci\u00f3n que provey\u00f3 el municipio como v\u00edctima.<\/p>\n Pero el documento consigna que, por motivo de intereses, el municipio habr\u00eda recibido $1,765,126, que es la diferencia entre los $7.2 millones de p\u00e9rdida real y los $8,965,126 que la ciudad acab\u00f3 recibiendo de parte de tres entidades que hicieron las devoluciones. Seg\u00fan fiscal\u00eda, la devoluci\u00f3n provino 46% de LPL Financial LLC y 46% de Unionbanc Investment Services, LLC (ambas entidades financieras involucradas en las transacciones de Garc\u00eda Jim\u00e9nez) y 8% de la Comisi\u00f3n de Intercambio y Valores (SEC en ingl\u00e9s), el regulador federal del mercado financiero.<\/p>\n La SEC tiene dos procesos sobre este fraude. Uno que sigue abierto contra Garc\u00eda Jim\u00e9nez, y otro contra LPL Financial que esta resolvi\u00f3 pagando $4.8 millones al regulador.<\/p>\n Hasta el 6 de noviembre, cuando ocurri\u00f3 la sentencia de Irizarry Irizarry, el \u00fanico convicto que faltaba por sentenciar, ninguna de estas entidades hab\u00eda hecho una reclamaci\u00f3n como v\u00edctima para poder recibir cualquier dinero que los convictos pagaran como restituci\u00f3n.<\/p>\n En esa vista, Delgado Col\u00f3n hab\u00eda enfocado tambi\u00e9n en que no se trataba de \u201cun delito sin consecuencias\u201d porque todav\u00eda el \u00e1rea oeste no ten\u00eda un Centro de Trauma que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para los residentes de la regi\u00f3n.<\/p>\n Vea:<\/p>\n