El juez superior Anthony Cuevas Ramos resolvi\u00f3 esta tarde que la resoluci\u00f3n conjunta con la que se aprob\u00f3 el presupuesto del gobierno y que conten\u00eda una partida para el aumento de sueldo de los jueces es la \u201cley especial\u201d que constitucionalmente se requiere para oficializar esos aumentos y le orden\u00f3 al gobierno a hacer los tr\u00e1mites con la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) para hacer la transferencia de fondos y comenzar a pagar los aumentos retroactivos al 1 de julio de 2023.<\/p>\n
Los salarios judiciales no se revisaban desde 2003 y las escalas nuevas implican 24% de aumento para llevar el salario del juez presidente a $154,556; 20% para llevar el de los jueces asociados a $144,480; 24% para llevar el de los jueces apelativos a $130,579; 32% para llevar el de los jueces superiores a $118,133 y 32% para llevar el de los jueces municipales a $91,764.<\/p>\n
La decisi\u00f3n ocurre una semana despu\u00e9s de que el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero y la Asociaci\u00f3n Puertorrique\u00f1a de la Judicatura, Inc. (APJ) reclamaran, en pleitos separados, que la Resoluci\u00f3n Conjunta 39 de 2023 era el \u00fanico instrumento legislativo que hac\u00eda falta para convertir en ley los aumentos en las escalas salariales de los jueces que se hab\u00edan negociado entre gobierno, Junta y la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales (OAT). All\u00ed se aprob\u00f3 una partida de $11.2 millones para los aumentos de los jueces si la Junta aprobaba las escalas salariales nuevas.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n fue aprobada hace cinco meses como parte de la discusi\u00f3n del presupuesto del pa\u00eds, pero las demandas no surgieron hasta que el presidente cameral, Rafael Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez, dijo que no iba a dar paso al Proyecto del Senado 1292 que enmienda la Ley de la Judicatura, que es la ley donde est\u00e1n especificados los salarios de los jueces.<\/p>\n
Todo los elementos de la sentencia de Cuevas Ramos del viernes por la tarde estuvieron telegrafiados en la vista que realiz\u00f3 el mi\u00e9rcoles en la ma\u00f1ana en la que la C\u00e1mara y el Senado comparecieron para oponerse a las demandas consolidadas porque entienden que una resoluci\u00f3n conjunta no es lo mismo que la \u201cley especial\u201d que la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado dice que es necesaria para fijar el sueldo de los jueces y otros funcionarios de jerarqu\u00eda primaria. El argumento es que las resoluciones conjuntas son temporeras y contienen asuntos, como el presupuesto, que tienen una fecha de duraci\u00f3n limitada, por lo que lo que est\u00e1 en una resoluci\u00f3n conjunta no se convierte en parte del cuerpo permanente de leyes.<\/p>\n
Pero Cuevas Ramos parti\u00f3 de que el Tribunal Supremo ha dicho que las resoluciones conjuntas atienden \u201casuntos de naturaleza especial, particular, espec\u00edfica y transitoria\u201d y que tienen fuerza de ley para concluir que, \u201cen efecto, el sueldo de los jueces y cualquier otro funcionario p\u00fablico que nombra la Constituci\u00f3n en su secci\u00f3n 11 del art\u00edculo VI, se puede aprobar mediante una resoluci\u00f3n conjunta\u201d.<\/p>\n
\u201cEs por esto que entendemos que la aprobaci\u00f3n del P. del S. 1292 es una mera formalidad. Este aumento fue aprobado desde el mismo instante en que ambos cuerpos legislativos y el Gobernador dieron su aprobaci\u00f3n (a la resoluci\u00f3n conjunta)\u2026 Argumentar que el tr\u00e1mite burocr\u00e1tico de la aprobaci\u00f3n del P. del S. 1292 es un acto irremediablemente necesario para conceder el aumento previamente aprobado hace m\u00e1s de 5 meses no es correcto. Procurar una legislaci\u00f3n que disponga sobre este asunto es superfluo\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Para atender que la resoluci\u00f3n expira el 30 de junio de 2024, el juez hilvan\u00f3 que, como el salario de los jueces no se puede reducir una vez establecido, entonces el aumento queda vigente perpetuamente, aunque la resoluci\u00f3n que lo aprob\u00f3 ya no tenga vigencia.<\/p>\n
Para resolver la realidad clerical de que el dinero para los aumentos est\u00e1 bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el juez orden\u00f3 a esa dependencia a que inicie el tr\u00e1mite con la JSF para obtener la redistribuci\u00f3n presupuestaria con la que los fondos pasar\u00edan a la OAT para ser desembolsados.<\/p>\n
En su sentencia, Cuevas Ramos dej\u00f3 a un lado la solicitud que hizo la APJ para que se declarara que la no aprobaci\u00f3n del proyecto 1292 era una violaci\u00f3n a la separaci\u00f3n de poderes y a la independencia judicial. \u201c[N]os parece innecesario\u201d entrar en esa controversia, coment\u00f3.<\/p>\n
Cuevas Ramos, quien integr\u00f3 la comitiva del Poder Judicial que en 2019 cabilde\u00f3 al Senado por un proyecto fallido de aumento de salario, abord\u00f3 en su sentencia el se\u00f1alamiento del conflicto de inter\u00e9s que representa el que decida un caso del que depende su salario.<\/p>\n
\u201cEn este caso, no cabe duda de que el juez que suscribe tiene un inter\u00e9s en el mismo, pues se trata de su propio sueldo. A pesar de esto, no existe posibilidad de sustituir al juez que suscribe, puesto que todos los jueces se encuentran en la misma posici\u00f3n. O sea, todos los jueces en Puerto Rico se ven afectados por esta determinaci\u00f3n. Por lo tanto, procedemos a resolver la controversia de derecho\u201d, argument\u00f3 al se\u00f1alar un caso de 1920 que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvi\u00f3 a pesar de que el mismo versaba sobre aspectos contributivos del salario de jueces federales y les afectaba personalmente. El demandante en ese caso de 1920, igual que en las acciones incoadas el viernes pasado, era un juez.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
El aumento a los jueces va, falta descubrir c\u00f3mo<\/a><\/p>\n