{"id":199051,"date":"2023-10-27T05:45:00","date_gmt":"2023-10-27T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=199051"},"modified":"2025-07-12T01:07:26","modified_gmt":"2025-07-12T01:07:26","slug":"asesino-de-carmen-paredes-podria-salir-en-unos-8-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20231027\/asesino-de-carmen-paredes-podria-salir-en-unos-8-anos\/","title":{"rendered":"Asesino de Carmen Paredes podr\u00eda salir en unos 8 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"

La aplicaci\u00f3n de una ley del PPD, el PNP y Proyecto Dignidad, as\u00ed como las bonificaciones regulares a las que tiene derecho, pueden reducir dram\u00e1ticamente la condena de 45 a\u00f1os si la Junta de Libertad Bajo Palabra le concede ese beneficio.<\/h3>\n

Pablo Casellas Toro, asesino confeso de Carmen Paredes, -su esposa y la madre de sus dos hijas-, mediante 14 disparos que le realiz\u00f3 en la terraza de su casa el 14 de julio de 2012, podr\u00eda solicitar el beneficio de libertad supervisada dentro de unos ocho a\u00f1os, gracias a legislaci\u00f3n que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aprob\u00f3 el a\u00f1o pasado y que fue sometida por miembros de los partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democr\u00e1tico (PPD) y Proyecto Dignidad (PD).<\/p>\n

La Ley 85 de 2022, un proyecto de los senadores Joanne Rodr\u00edguez Veve (PD), Gretchen M. Hau y Ram\u00f3n Ruiz Nieves (PPD) y William Villafa\u00f1e (PNP), impuso un tope de 15 a\u00f1os como el m\u00e1ximo que cumplen los reos antes de poder solicitar que su caso sea evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). No es que sale libre a los 15 a\u00f1os, pero desde ese momento se le podr\u00eda conceder el privilegio de cumplir el resto de su condena en la calle, independientemente de cu\u00e1ntos a\u00f1os se hubieran dispuesto en la sentencia.<\/p>\n

El camino hacia la confesi\u00f3n del corredor de seguros no solo estuvo marcado por esa legislaci\u00f3n, sino que incluy\u00f3 la muerte de un testigo, drama tras bastidores en el Departamento de Justicia y hasta un giro en el derecho penal que hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que reescribi\u00f3 la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado.<\/p>\n

El hijo del fenecido juez federal Salvador Casellas Moreno se declar\u00f3 culpable ayer por los cargos de asesinato en segundo grado, destrucci\u00f3n de evidencia y violaci\u00f3n a la Ley de Armas. La \u00fanica modificaci\u00f3n en el acuerdo fue que el asesinato era originalmente en primer grado. El cambio significa que, t\u00e9cnicamente, Casellas Toro puede decir que no premedit\u00f3 el asesinato de su esposa, que entonces ten\u00eda 46 a\u00f1os.<\/p>\n

De inmediato, y como parte del acuerdo, la jueza Nerisvel C. Dur\u00e1n Guzm\u00e1n lo sentenci\u00f3 a un total de 45 a\u00f1os que se dividen en 25 por el asesinato, tres por la destrucci\u00f3n de evidencia (que se cumplen dentro de los 25 del asesinato) y 20 por la violaci\u00f3n a Ley de Armas (que ser\u00edan consecutivos a los 25 del asesinato).<\/p>\n

Pero, cuando esa sentencia se filtra por la forma en que las leyes dictan que el Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) va a manejar a la poblaci\u00f3n penal, el escenario cambia dram\u00e1ticamente.<\/p>\n

Seg\u00fan explic\u00f3 Sahilyn Rodr\u00edguez Escobar, coordinadora de r\u00e9cord criminal a nivel central del DCR, la primera directriz de ley es que la sentencia base para hacer los c\u00e1lculos es la mayor. En este caso, los 25 a\u00f1os por el asesinato en segundo grado. Luego, por buena conducta y por ser una pena mayor de 15 a\u00f1os, esos 25 a\u00f1os pueden reducirse a raz\u00f3n de siete d\u00edas por cada mes. Esto resultar\u00eda en que sus \u201cmeses\u201d en la c\u00e1rcel ser\u00edan de tres semanas y no de cuatro y que los a\u00f1os ser\u00edan de nueve meses. Por tanto, los 25 a\u00f1os realmente ser\u00edan unos 19 a\u00f1os en el calendario.<\/p>\n

Luego, hay que tomar en cuenta cualquier tiempo que la persona haya estado presa con relaci\u00f3n al caso. Al declararse culpable, Casellas Toro iniciaba un nuevo juicio despu\u00e9s de que el Tribunal Supremo anulara una convicci\u00f3n con veredicto once a uno que un jurado emiti\u00f3 en 2014. Aunque ese juicio qued\u00f3 como si nunca hubiera ocurrido, los seis a\u00f1os, seis meses y 11 d\u00edas que Casellas Toro estuvo preso como parte de ese procesamiento ahora se le restan a la sentencia. Cuando se acredita lo cumplido, los alrededor de 19 a\u00f1os bajan a cerca de 12 a\u00f1os. Pero, como la Ley 85 dice que el m\u00e1ximo es 15 a\u00f1os para solicitar la libertad supervisada, a Casellas Toro solo le restan unos ocho a\u00f1os para que el DCR notifique a la Junta que es elegible. La suma de lo que ya cumpli\u00f3 m\u00e1s unos ocho a\u00f1os lleva a los 15 m\u00e1ximos de la Ley 85.<\/p>\n

Rodr\u00edguez Escobar indic\u00f3 que el resultado exacto del c\u00e1lculo lo tendr\u00edan una vez pudieran examinar el expediente a la luz del acuerdo de culpabilidad, pero NotiCel corrobor\u00f3 que el estimado de ocho a\u00f1os es lo que maneja internamente Justicia en sus discusiones. Adem\u00e1s, record\u00f3 que la bonificaci\u00f3n de siete d\u00edas por mes no es la \u00fanica a la que Casellas Toro puede recurrir ya que, si estudia o trabaja, puede ser acreedor de una bonificaci\u00f3n adicional equivalente a otros siete d\u00edas por mes en el primer a\u00f1o de reclusi\u00f3n y hasta 10 d\u00edas por mes del segundo a\u00f1o en adelante.<\/p>\n

Aunque los 20 a\u00f1os por la Ley de Armas se cumplir\u00edan consecutivos a la pena por el asesinato, si la Junta le concede libertad supervisada, lo cumple todo en libertad supervisada, tanto la pena por el asesinato como la de las armas.<\/p>\n

La Ley 85 fue criticada por grupos de v\u00edctimas y fiscales y, al momento de entrar en vigor, aplic\u00f3 autom\u00e1ticamente a 2,563 casos o lo mismo que a una tercera parte de la poblaci\u00f3n penal en ese momento, precis\u00f3 la funcionaria de Correcci\u00f3n. Esto porque, aunque la ley es de 2022, le aplica a cualquier confinado que ya estuviera preso, siempre y cuando la aplicaci\u00f3n le favorezca.<\/p>\n

Este c\u00e1lculo fue una consideraci\u00f3n en el acuerdo, pero no la \u00fanica.<\/p>

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La posibilidad de una alegaci\u00f3n de culpabilidad fue objeto de discusi\u00f3n entre las partes desde el primer juicio, afirm\u00f3 ayer una de las fiscales originales del caso, Phoebe Isales Forsythe. Pero la realidad de tener que volver a enfrascarse en un juicio once a\u00f1os despu\u00e9s del asesinato a\u00f1adi\u00f3 complejidades y urgencias.<\/p>\n

En la moci\u00f3n conjunta que presentaron ayer para informa el acuerdo, los fiscales y el abogado defensor, Harry Padilla Mart\u00ednez, aludieron a que tomaron en consideraci\u00f3n \u201cla evidencia documental con que en estos momentos\u201d cuanta cada lado, \u201clas dificultades\u201d de sustituir testimonios de testigos que no est\u00e1n disponibles, que algunos testigos de fiscal\u00eda no est\u00e1n disponibles y que tampoco lo est\u00e1 el perito de defensa porque falleci\u00f3. NotiCel supo que las dificultades con los testigos del Ministerio P\u00fablico inclu\u00edan uno que est\u00e1 preso, uno que cambi\u00f3 parte de su testimonio y otro que sencillamente no ha sido localizado.<\/p>\n

A\u00f1adieron que en 2020 el Supremo federal dict\u00f3 que los veredictos de culpabilidad en casos graves ten\u00edan que ser un\u00e1nimes, lo que provoc\u00f3 que quedara anulada la disposici\u00f3n constitucional de Puerto Rico que permit\u00eda que los veredictos fueran por mayor\u00eda y tambi\u00e9n la eventual decisi\u00f3n del Tribunal Supremo local de que la unanimidad ten\u00eda que ser tanto para condenar como para absolver. Habiendo tenido ya un veredicto once a uno, la defensa ten\u00eda muy dif\u00edcil conseguir ahora un veredicto un\u00e1nime de absoluci\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico enfrentaba el riesgo de que tan solo un voto evitara otra vez la unanimidad para condenar.<\/p>\n

La capacidad de Casellas Toro para continuar una \u201cintensa litigaci\u00f3n\u201d, el \u201ccosto de la litigaci\u00f3n\u201d para ambas partes, el que las dos hijas y el hermano de la v\u00edctima dieran su aval, la salud y edad del acusado, el tiempo que consumir\u00eda el nuevo juicio, en fin, \u201clas lecciones aprendidas durante estos a\u00f1os\u201d, contribuyeron a que se concretara el acuerdo, seg\u00fan la moci\u00f3n.<\/p>\n

El borrador de lo que ser\u00eda la versi\u00f3n final del acuerdo lo trabaj\u00f3 el fiscal Yamil Juarbe Molina con Padilla Mart\u00ednez. Al final del verano, Juarbe Molina someti\u00f3 el acuerdo para la aprobaci\u00f3n del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hern\u00e1ndez. Pero, por razones que no est\u00e1n claras, el secretario envi\u00f3 al fiscal de distrito a la fiscal\u00eda de Guayama y lo relev\u00f3 del caso de Casellas Toro d\u00edas antes de que comenzara el nuevo juicio.<\/p>\n

La moci\u00f3n que notifica la alegaci\u00f3n est\u00e1 firmada por el resto del equipo de fiscales que estaba asignado al caso, pero no por Juarbe Molina. Sin embargo, tras oficializarse el cuerdo, Juarbe Molina, y no Emanuelli Hern\u00e1ndez, fue el que compareci\u00f3 a los medios a defender el mismo y NotiCel supo que la asignaci\u00f3n a Guayama fue revertida.<\/p>\n

\u201cPor segunda vez tenemos a Pablo Casellas convicto del asesinato de Carmen Paredes. Esta vez, afirma con su voz que es culpable y va directo a prisi\u00f3n\u201d, dijo el secretario en su \u00fanica expresi\u00f3n, unas declaraciones escritas en las que no mencion\u00f3 a Juarbe Molina como parte del equipo que represent\u00f3 al departamento en el caso.<\/p>\n

En sus comparecencias, Juarbe Molina adelant\u00f3 tambi\u00e9n que la libertad supervisada no se concede autom\u00e1ticamente y que tanto el departamento como los parientes de Paredes (esencialmente su hermano porque las hijas han apoyado a su padre) estar\u00edan compareciendo a oponerse.<\/p>\n

Vea:<\/p>\n

Pablo Casellas se declara culpable de asesinato en segundo grado <\/a><\/p>\n

V\u00edctimas de delito se oponen a flexibilizar la libertad bajo palabra y reclaman ser escuchadas <\/a><\/p>\n