En su contrainterrogatorio a una funcionaria de la Oficina del Contralor, la defensa del suspendido alcalde popular de Mayag\u00fcez, Jos\u00e9 Guillermo \u201cGuillito\u201d Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, se concentr\u00f3 en establecer que ning\u00fan otro alcalde ha sido acusado por usar indebidamente una asignaci\u00f3n legislativa de fondos, aunque decenas de ellos han sido se\u00f1alados por eso en auditor\u00edas de la Contralor\u00eda.<\/p>\n
Wanda J. Said P\u00e9rez, ayudante ejecutiva de la Contralora, es la testigo principal de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), en la vista preliminar contra Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y la todav\u00eda jefa de Finanzas del municipio de Mayag\u00fcez, Yahaira Valent\u00edn Andrades, por cargos de malversaci\u00f3n de fondos y omisi\u00f3n en el cumplimiento del deber por haber tramitado en 2016 que $9 millones asignados por la Legislatura para la construcci\u00f3n de un Centro de Trauma fueran usados, en vez, para una inversi\u00f3n en el mercado financiero que result\u00f3 ser fraudulenta.<\/p>\n
Cinco personas se declararon culpables, y dos fueron convictos por un jurado, a nivel federal por su participaci\u00f3n en el esquema para desviar el dinero \u201cinvertido\u201d hacia su uso personal. Pero esa conspiraci\u00f3n no incluy\u00f3 al alcalde suspendido, quien era la mayor autoridad en el municipio, de donde salieron los $9 millones, y tambi\u00e9n era la mayor autoridad en la Mayag\u00fcez Economic Development, Inc. (MEDI), corporaci\u00f3n municipal que recibi\u00f3 el dinero y lo coloc\u00f3 como inversi\u00f3n en una de las empresas involucradas en el esquema federal.<\/p>\n
A preguntas de la fiscal Leticia Pab\u00f3n Ortiz, Said P\u00e9rez hab\u00eda establecido que fue una violaci\u00f3n de ley el que los acusados usaran el dinero para una inversi\u00f3n financiera en vez de para las obras del Centro de Trauma ya que esas obras eran el prop\u00f3sito para el cual la Legislatura hab\u00eda asignado el dinero al municipio.<\/p>\n
Por su parte, en el contrainterrogatorio, el licenciado Harry N. Padilla Mart\u00ednez, llev\u00f3 a la testigo a leer de dos resoluciones de la Legislatura Municipal de Mayag\u00fcez en la que se dice que tanto el municipio como MEDI fueron \u201cv\u00edctimas inocentes\u201d de los acusados federales. Ese cuerpo legislativo municipal est\u00e1 controlado pol\u00edticamente por Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el abogado pretende introducir 43 informes de la Oficina del Contralor en los que supuestamente a otros alcaldes se le hizo un se\u00f1alamiento similar de uso no autorizado de fondos asignados por la Legislatura, pero que no fueron procesados. Padilla Mart\u00ednez hab\u00eda presentado los mismos informes en la etapa de determinaci\u00f3n de causa para arresto, pero esto no evit\u00f3 que se hallara causa para arresto a Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez.<\/p>\n
\u201cEste es el primer caso de un alcalde que lo procesan criminalmente por una conducta que a otros alcaldes no los han acusado\u2026 esa misma conducta se ha hecho en Puerto Rico antes del 2016 y despu\u00e9s del 2016 y aqu\u00ed est\u00e1n los informes y a nadie se le ha acusado\u201d, le dijo Padilla Mart\u00ednez al juez H\u00e9ctor L\u00f3pez S\u00e1nchez al intentar que se le permitiera hacer preguntas a la testigo sobre el tr\u00e1mite que tuvieron los dem\u00e1s casos. \u201cEste se\u00f1or ha descansado en lo que la Oficina del Contralor ha estado haciendo un mont\u00f3n de a\u00f1os\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n
El fiscal Emilio E. Aril Garc\u00eda le ripost\u00f3 que le faltaron tres porque son 46 los informes en los que se se\u00f1ala esa conducta, pero que \u201cel hecho de que haya 46 ilegalidades no hace esta legal\u201d. \u201cCambiarle el uso a fondos asignados por la Asamblea Legislativa es ilegal\u201d, reiter\u00f3.<\/p>\n
La testigo le precis\u00f3 a Padilla Mart\u00ednez que personalmente ha trabajado en tres informes en los que hubo referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de \u00c9tica Gubernamental por el se\u00f1alamiento de uso ilegal de fondo asignados por la Legislatura. Uno en el municipio de Lares, otro en el de Vega Alta y otro en la oficina del fenecido exsenador popular del distrito de Ponce, Modesto Agoto Alicea, y que en este \u00faltimo s\u00ed hubo procesamiento criminal de dos empleadas.<\/p>\n
Otra parte del argumento de defensa es que si el municipio recuper\u00f3 el dinero, entonces no hubo delito. Lo cual Padilla Mart\u00ednez ilustr\u00f3 en el pasillo del tribunal al decirle a la prensa que si a alguien se le pierde una vaca y al otro d\u00eda la encuentra, entonces nunca estuvo perdida sino solo extraviada.<\/p>\n
La C\u00e1mara de Representantes tiene aprobada una resoluci\u00f3n investigativa sobre las transacciones de los \u00faltimos 10 a\u00f1os en los que se hayan transferido activos municipales a trav\u00e9s de empresas corporativas municipales con fines de lucro, como fue el caso de MEDI, pero ya cumple dos a\u00f1os sin que hagan nada para completar dicha pesquisa.<\/p>\n
La vista sigue el 2 y 3 de noviembre.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n