Seis organizaciones demandaron al gobierno de Puerto Rico y varias de sus agencias reclamando que se detenga la aprobaci\u00f3n y construcci\u00f3n de proyectos industriales de energ\u00eda renovable en terrenos de alto valor agr\u00edcola y ecol\u00f3gicamente sensitivos, en violaci\u00f3n a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y las leyes de pol\u00edtica p\u00fablica energ\u00e9tica, agr\u00edcola, ambiental y de cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n
Las entidades demandantes son la Organizaci\u00f3n Boricu\u00e1 de Agricultura Eco-Org\u00e1nica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comit\u00e9 Di\u00e1logo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Clim\u00e1tico), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center, se inform\u00f3.<\/p>\n
Estas presentaron este lunes un recurso de \u2018Mandamus\u2019 ante el Tribunal de Primera de Instancia de San Juan en el que le solicitan que proh\u00edba al Negociado de Energ\u00eda, la Junta de Planificaci\u00f3n (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Desarrollo de Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC) y al gobierno de Puerto Rico, la aprobaci\u00f3n de proyectos industriales de energ\u00eda en \u00e1reas de reservas agr\u00edcolas y que ordene que se ubiquen estos en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos.<\/p>\n
Argumentan en su acci\u00f3n legal que las leyes de pol\u00edtica p\u00fablica establecen que los lugares aptos para proyectos de energ\u00eda renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.<\/p>\n
Denunciaron que el Negociado de Energ\u00eda aprob\u00f3 una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agr\u00edcola y Suelo R\u00fastico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.<\/p>\n
Advirtieron que a\u00fan est\u00e1 pendiente \u201cla consideraci\u00f3n de probablemente m\u00e1s de 80 proyectos industriales de energ\u00eda renovable, sin que antes se identifique la ubicaci\u00f3n y los lugares aptos\u201d como requieren la Ley de Pol\u00edtica P\u00fablica Energ\u00e9tica y la Ley de Transformaci\u00f3n y Alivio Energ\u00e9tico.<\/p>\n
\u201cPese a la letra clara de las referidas leyes, el Negociado de Energ\u00eda de Puerto Rico ha aprobado contratos de compra de energ\u00eda para 18 proyectos industriales de energ\u00eda renovable que se pretenden ubicar ilegalmente en la Reserva Especial Agr\u00edcola, y estar\u00e1 considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicaci\u00f3n, sin contar con las conclusiones que debe someter el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC), y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agr\u00edcola\u201d, lee la demanda.<\/p>\n
En conferencia de prensa las organizaciones demandantes denunciaron \u201cla falta de transparencia del Negociado que llev\u00f3 a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos, la direccio\u0301n fi\u0301sica, ubicacio\u0301n, magnitud, taman\u0303o de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar\u201d.<\/p>\n
Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., afirm\u00f3 que \u201ctoda esa informaci\u00f3n es p\u00fablica, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la informaci\u00f3n de los 18 proyectos. Ah\u00ed descubrimos que todos incumpl\u00edan con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el abogado Omar Saad\u00e9 Yord\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que el Negociado y las agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energ\u00eda renovable, que cumplieran con el Plan de Uso de Terrenos, y establecieran un proceso que garantice la protecci\u00f3n de los suelos agr\u00edcolas y de valor ecol\u00f3gico, h\u00eddrico y de paisaje delimitados en ese plan.<\/p>\n
\u201cLa p\u00e9rdida de tierras agr\u00edcolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya est\u00e1 en precario. Hay que recalcar que casi ning\u00fan producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalaci\u00f3n conlleva destrucci\u00f3n de esos suelos con los movimientos de la construcci\u00f3n cambiando incluso la hidrograf\u00eda\u201d, apunt\u00f3 David Sotomayor, catedr\u00e1tico en suelos del Colegio de Ciencias Agr\u00edcolas del Recinto de Mayag\u00fcez de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n
Sostuvo que en 70 a\u00f1os \u2013del 1935 al 2002-, se document\u00f3 la p\u00e9rdida de alrededor de un mill\u00f3n, trescientas mil cuerdas de terrenos agr\u00edcolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geograf\u00eda del Recinto de R\u00edo Piedras de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n
\u201cEsas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importaci\u00f3n de productos para podernos alimentar que no se pierdan m\u00e1s tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio clim\u00e1tico y por aspectos internacionales del mercado\u201d, expres\u00f3 Sotomayor.<\/p>\n
Por su parte, Federico Cintr\u00f3n Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Clim\u00e1tico) agreg\u00f3 que \u201clos dos servicios que m\u00e1s se ven afectados con las emergencias clim\u00e1ticas son el acceso a la energ\u00eda y alimentos saludables. Cerca del 95% del combustible f\u00f3sil que utilizamos y sobre el 80% de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptaci\u00f3n clim\u00e1tica, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energ\u00eda renovable y alimentos. Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energ\u00eda industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicaci\u00f3n para la energ\u00eda solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agr\u00edcolas con un alto potencial para producir comida\u201d.<\/p>\n
En la demanda se argument\u00f3 adem\u00e1s que la gu\u00eda para la creaci\u00f3n del Plan de Mitigaci\u00f3n, Adaptaci\u00f3n y Resiliencia al Cambio Clim\u00e1tico que contempla la Ley de Mitigaci\u00f3n, Adaptaci\u00f3n y Resiliencia al Cambio Clim\u00e1tico de Puerto Rico establece que hay que \u201cpromover las energ\u00edas renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar as\u00ed la ocupaci\u00f3n innecesaria del suelo\u201d.<\/p>\n
Las organizaciones plantean que esas normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el Negociado y el DDEC al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energ\u00eda renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental de rango constitucional.<\/p>\n
\u201cFavorecemos la energ\u00eda renovable, pero no en detrimento de terrenos de alto valor ecol\u00f3gico y reservas agr\u00edcolas de los mayores lugares productivos\u201d, se\u00f1al\u00f3 Marissa Reyes, de la Organizaci\u00f3n Boricu\u00e1 de Agricultura Eco-Org\u00e1nica Inc.<\/p>\n
\u201cPese a la letra clara de la Ley 17-2019 (Ley de Pol\u00edtica P\u00fablica Energ\u00e9tica de Puerto Rico\u201d) y de la Ley 57-2014 (Ley de Transformaci\u00f3n y Alivio Energ\u00e9tico de Puerto Rico), el Negociado ha incumplido con su deber ministerial porque eval\u00faa y aprueba los proyectos industriales de energ\u00eda del Requerimiento de Propuestas del PIR sin identificar previamente los lugares aptos, sin requerir asistencia del DDEC y sin requerirle a este que someta sus conclusiones identificando los lugares aptos conforme a la Ley 17-2019. De igual manera, el DDEC incumple con su deber ministerial al no asistir ni someter sus conclusiones al Negociado identificando los lugares aptos, conforme a la Ley 17-2019 y la Ley 57-2014.\u201d, a\u00f1ade la demanda.<\/p>\n
Conflicto de inter\u00e9s<\/strong><\/p>\n Las organizaciones denunciaron adem\u00e1s que la falta de transparencia del Negociado y las agencias en la aprobaci\u00f3n de estos proyectos genera gran preocupaci\u00f3n pues permite un alegado conflicto de inter\u00e9s del secretario de Agricultura, Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Beir\u00f3, con respecto a los cuatro proyectos industriales de energ\u00eda propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).<\/p>\n Afirmaron que en medios de comunicaci\u00f3n se ha rese\u00f1ado una declaraci\u00f3n jurada emitida por el agente de bienes ra\u00edces Ricardo Javier P\u00e9rez Ocasio, notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama. En la misma se alega que \u201cel funcionario intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes ra\u00edces y ofreci\u00f3 incentivos agr\u00edcolas para que se vendiera la finca a una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente\u201d.<\/p>\n Agregaron que existe una querella, radicada el 22 de noviembre de 2022 ante la Oficina de \u00c9tica Gubernamental por el agr\u00f3nomo Carlos A. Flores Collazo, exsecretario de Agricultura, en la que se indica que en esos terrenos se ha propuesto construir un proyecto de energ\u00eda renovable de la AES con el endoso de Agricultura.<\/p>\n Da\u00f1os ambientales y potenciales inundaciones<\/strong><\/p>\n La abogada Ruth Santiago se\u00f1al\u00f3 que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema el\u00e9ctrico confiable, resiliente y seguro. Tambi\u00e9n es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrent\u00edas e inundaciones en sus comunidades.<\/p>\n Declar\u00f3 que la empresa Salo Engineering hizo este a\u00f1o un estudio Hidrol\u00f3gico Hidr\u00e1ulico (HH)que concluye que el proyecto industrial de AES entre Salinas y Guayama tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.<\/p>\n \u201cEsto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones m\u00e1s severas causadas directamente por la remoci\u00f3n de \u00e1rboles y vegetaci\u00f3n, compactaci\u00f3n y movimientos de terreno de este monumental proyecto adem\u00e1s de los da\u00f1os ambientales que causa la deforestaci\u00f3n\u201d, recalc\u00f3 Santiago.<\/p>\n Anunciaron finalmente estas organizaciones que comenzaron una campa\u00f1a digital de recogido de firmas para presentar comentarios sobre los proyectos industriales de energ\u00eda ante la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Argumentan en su acci\u00f3n legal que las leyes de pol\u00edtica p\u00fablica establecen que los lugares aptos para proyectos de energ\u00eda renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos. 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