Alertan de monjas sin hogar y larga lista de males<\/i><\/p>\n
Tras un reves en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Iglesia Cat\u00f3lica acudi\u00f3 el viernes pasado al Tribunal Supremo federal para lograr la paralizaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del Alto Foro local que obliga a la instituci\u00f3n religiosa a pagar las pensiones atrasadas, y futuras, de los maestros retirados de los colegios cat\u00f3licos aunque eso conlleve el embargo de bienes de la instituci\u00f3n.<\/p>\n
Como parte del procedimiento ordinario, el Supremo federal indic\u00f3 a los abogados de los maestros retirados que tienen hasta este miercoles a las 3:00 pm para expresarse sobre esa solicitud.<\/p>\n
De hecho, la solicitud de la Iglesia no est\u00e1 todav\u00eda ante el pleno del Supremo federal, sino ante el juez Stephen Breyer, conocedor de los asuntos de Puerto Rico y, junto con la jueza puertorrique\u00f1a Sonia Sotomayor, los \u00fanicos disidentes en el caso de S\u00e1nchez Valle v. ELA. Si el juez Breyer eval\u00faa los argumentos y acepta la solicitud, entonces pasar\u00eda a una evaluaci\u00f3n del pleno del Supremo federal donde intervendr\u00edan los dem\u00e1s jueces.<\/p>\n
Aceptar la solicitud tambien tendr\u00eda el efecto de detener los pagos atrasados de al menos $4.7 millones a los maestros y el proceso de embargo de bienes.<\/p>\n
En esencia, las dos controversias que se le presentan al Supremo federal son: a) si se le permite a un tribunal, bajo la Primera Enmienda de la Constituci\u00f3n federal y la Ley de Restauraci\u00f3n de la Libertad Religiosa, imponer responsabilidad legal a todas las entidades asociadas a una organizaci\u00f3n religiosa obviando la estructura de esa organizaci\u00f3n y b), si se le permite a un tribunal, bajo las leyes mencionadas y bajo el Debido Proceso, imponer la confiscaci\u00f3n de bienes a una entidad religiosa sin fianza o aviso.<\/p>\n
‘En una movida que recuerda las incautaciones de propiedades de la Iglesia durante la Revoluci\u00f3n Francesa, una mayor\u00eda 6-2 del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha emitido una orden final que instruye a la confiscaci\u00f3n de propiedad de todas las seis di\u00f3cesis apost\u00f3licas, romanas, separadas e independientes en Puerto Rico, as\u00ed como todas sus 338 parroquias y otras entidades cat\u00f3licas, para asegurar un potencial veredicto contra tres escuelas cat\u00f3licas’, enmarc\u00f3 la Iglesia en su solicitud.<\/p>
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