A la vez que el equipo de mediaci\u00f3n notific\u00f3 que las conversaciones entre la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) y los bonistas est\u00e1n paralizadas, estos acreedores plantearon su objeci\u00f3n al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE) comentando que, para lo que le ofrecen, mejor buscan hacer valer sus derechos fuera de la quiebra.<\/p>\n
La jueza Laura Taylor Swain hab\u00eda realizado una vista de emergencia el 8 de mayo para reactivar la mediaci\u00f3n entre las partes despu\u00e9s de meses sin actividad. Y las conversaciones reiniciaron, pero igual de r\u00e1pido, parecen haber terminado. Seg\u00fan un informe que el equipo de mediaci\u00f3n someti\u00f3 ayer, las conversaciones \u201cest\u00e1n paralizadas\u201d. \u201cNo est\u00e1 claro para el Equipo de Mediaci\u00f3n cu\u00e1ndo las discusiones reanudar\u00e1n, si reanudan\u201d, a\u00f1adieron al informar que no hay sesiones de mediaci\u00f3n programadas.<\/p>\n
El lunes, cuando se registraron sobre 400 mociones de oposici\u00f3n al PAD por parte de ciudadanos individuales que encuentran insostenible un aumento a la tarifa para repagar la deuda, los principales acreedores de la misma tambi\u00e9n sometieron su oposici\u00f3n pero por el argumento contrario, que el repago que le ofrecen es muy bajito cuando, a su entender, tienen derecho y posibilidad de recobrar su deuda entera, incluso con una desestimaci\u00f3n del caso de quiebra.<\/p>\n
\u201c[L]os bonistas de la AEE no est\u00e1n ante un Plan consensuado que les provee un recobro mayor y una alternativa mejor que una desestimaci\u00f3n y, por lo tanto, el Plan como est\u00e1 propuesto actualmente no satisface la prueba de la Ley PROMESA sobre los mejores intereses de los acreedores\u201d, plante\u00f3 la aseguradora de bonos Syncora Gurantee, Inc. en su objeci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cLas partes est\u00e1n conscientes de las dificultades que podr\u00edan encontrarse al procurar remedios en Puerto Rico fuera del proceso de quiebras. Sin embargo, cualquiera de esas dificultades palidece en comparaci\u00f3n con el tratamiento que recibir\u00edan bajo el Plan. El voto claro de una proporci\u00f3n predominante de los acreedores que se espera rechacen el Plan refleja su creencia de que la b\u00fasqueda de remedios fuera de la quiebra provee una mejor alternativa que el tratamiento propuesto bajo el Plan. Por tanto, el Plan no est\u00e1 en los mejores intereses de los acreedores cuando se considera en el agregado\u201d, afirma Syncora en una posici\u00f3n avalada por otros acreedores.<\/p>\n
La propuesta de la Junta a los bonistas es repagarles cerca de 50% de su deuda mediante la imposici\u00f3n de un cargo fijo de unos $19 mensuales a los abonados por al menos 35 a\u00f1os y de cargos adicionales que depender\u00edan del consumo. El cargo fijo se tendr\u00eda que pagar a\u00fan si el abonado ha invertido tambi\u00e9n en un sistema de energ\u00eda renovable que minimiza su consumo de la energ\u00eda que suple la AEE.<\/p>\n
La apuesta de los bonistas fuera de la quiebra es el derecho que tienen a pedir la designaci\u00f3n de un s\u00edndico que tome control de la AEE y la administre con la misi\u00f3n de repagarles lo m\u00e1s posible de su deuda y estos acreedores entienden que eso significa toda la deuda, sin descuento. Ya la jueza Swain decidi\u00f3 en marzo que este grupo no tiene una garant\u00eda para recobrar de todo ingreso futuro de la corporaci\u00f3n p\u00fablica, sino solo de unos fondos espec\u00edficos dentro de su presupuesto y que, el resto, es una deuda no garantizada. La jueza tambi\u00e9n realiz\u00f3 una vista la semana pasada para explorar cu\u00e1nto podr\u00edan recobrar los bonistas mediante el mecanismo del s\u00edndico, a lo que ellos sostuvieron que los poco m\u00e1s de $8,000 millones que se le debe, mientras que la JSF argument\u00f3 que ser\u00eda solo poco m\u00e1s de $2,000 millones por los obst\u00e1culos que enfrentar\u00edan. Estos obst\u00e1culos incluyen la reactivaci\u00f3n de los poderes del Gobierno de Puerto Rico para evitar ese repago porque ya no estar\u00edan limitados por el proceso de quiebras.<\/p>\n
Adem\u00e1s de esta posici\u00f3n aparentemente com\u00fan y base de que estar\u00edan mejor fuera de la quiebra que dentro de ella, los bonistas presentaron otra serie de argumentos legales en contra del Plan.<\/p>\n
Uno sobre el que tambi\u00e9n coincidieron es que la Junta no propuso el Plan de buena fe sino que est\u00e1 dise\u00f1ado espec\u00edficamente para minimizar al m\u00e1ximo el potencial de repago. Para esto, cuentan con el testimonio del miembro de la JSF, Justin Peterson, quien antes de integrar el ente fiscal fue cabildero y relacionista de acreedores del Gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n
\u201cComo revel\u00f3 en su deposici\u00f3n (Peterson), los asesores de la Junta han hecho un an\u00e1lisis \u2018a la medida\u2019 cuya intenci\u00f3n es \u2018pagar lo menos posible\u2019 a los bonistas y otros acreedores. El Sr. Peterson est\u00e1 en lo correcto. El Plan simplemente erige una fachada de an\u00e1lisis econ\u00f3mico desapasionado, que esconde una agenda dirigida a llevar el recobro de los acreedores tan bajo como se pueda llegar\u201d, se\u00f1al\u00f3 el grupo de bonistas Ad Hoc en su objeci\u00f3n.<\/p>\n
Las objeciones tambi\u00e9n apuntan a tratamiento discriminatorio entre acreedores porque la JSF lleg\u00f3 a un acuerdo con los que financian la compra de combustible (Fuel Line Lenders) y la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee, para pagarles sobre 70% de su deuda, respectivamente, $700 millones y $836 millones. \u201c[A] National se le da un trato que es superior incluso al que se le da a los bonistas que litigan sus reclamaciones y ganan\u201d, subray\u00f3 Syncora.<\/p>\n
Sobre la determinaci\u00f3n previa de la jueza de hasta d\u00f3nde pod\u00edan cobrar, otra objeci\u00f3n fue que el Plan deja a la discreci\u00f3n de la Junta el ponerlo en efecto a\u00fan antes de que esa decisi\u00f3n de la jueza pueda ser revisada por tribunales apelativos. Los bonistas entienden que esto se podr\u00eda atender si la jueza pone una tranquilla para que el Plan no pueda entrar en vigor hasta 30 d\u00edas despu\u00e9s de que advenga final y firme esa apelaci\u00f3n, o que se separe una reserva para atender la eventualidad de que la jueza fuera revocada y la deuda de los bonistas resulte estar garantizada con los ingresos futuros. Adem\u00e1s, ofrecen que el cargo fijo puede comenzar a cobrarse para acumular ingresos y la repartici\u00f3n del mismo puede estar sujeto a la determinaci\u00f3n final de esta controversia.<\/p>\n
Otra aseguradora que se opone, Assured Guaranty Corp., utiliz\u00f3 su objeci\u00f3n para impugnar la constitucionalidad de la Ley PROMESA porque no es una ley de quiebra \u201cuniforme\u201d como lo requiere la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos. Esto implica un aviso al Departamento de Justicia federal para que el gobierno federal decida si quiere comparecer al proceso de confirmaci\u00f3n del Plan para defender la constitucionalidad del estatuto.<\/p>\n
Una impugnaci\u00f3n similar se registr\u00f3 cuando la jueza consideraba el PAD del gobierno central. En esa ocasi\u00f3n, un grupo de acreedores dec\u00edan que era inconstitucional porque les representaba una expropiaci\u00f3n ilegal ya que ten\u00edan distintos tipos de reclamos sobre propiedad pendientes en los tribunales y, debido a que el Plan limitaba los pagos de estas reclamaciones, ocurr\u00eda la expropiaci\u00f3n sin compensaci\u00f3n debida. Para entonces, Justicia federal pidi\u00f3 postergar el proceso de confirmaci\u00f3n de manera que pudieran intervenir, pero la Junta modific\u00f3 la reserva que el Plan hac\u00eda para estos casos y la objeci\u00f3n se volvi\u00f3 acad\u00e9mica. En este caso, ese tipo de resoluci\u00f3n se dificulta porque lo que plantea Assured implica la disoluci\u00f3n de todo el proceso por inconstitucionalidad del estatuto habilitador del proceso de quiebra de la AEE.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
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