{"id":19446,"date":"2018-11-15T00:00:00","date_gmt":"2018-11-15T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/ahora\/economia\/gobierno\/junta-fiscal\/top-stories\/tribunales\/20181115\/demandan-al-gobierno-por-trucar-con-las-cuentas-de-retiro\/"},"modified":"2025-07-16T15:26:11","modified_gmt":"2025-07-16T15:26:11","slug":"demandan-al-gobierno-por-trucar-con-las-cuentas-de-retiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20181115\/demandan-al-gobierno-por-trucar-con-las-cuentas-de-retiro\/","title":{"rendered":"Demandan al Gobierno por trucar con las cuentas de retiro"},"content":{"rendered":"

Sindicatos demandaron a nivel federal<\/i><\/p>\n

Los sindicatos que representan a maestros y otros empleados p\u00fablicos en Puerto Rico, American Federation of Teachers (AFT) y la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME), presentaron una demanda<\/a> en nombre de los miembros cuyas cuentas de retiro presuntamente han sido mal administradas por el Gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n

La acci\u00f3n fue presentada en Tribunal federal de quiebras de Puerto Rico bajo el T\u00edtulo III de PROMESA y solicita un interdicto y sentencia declaratoria a favor de los empleados p\u00fablicos, tomando en cuenta la propia admisi\u00f3n del Gobierno de que no se han implementado las disposiciones de la Ley 106 de 2017 de Puerto Rico. Bajo esta ley, el Gobierno deb\u00eda crear y proteger en cuentas individuales las contribuciones definidas de retiro de miles de empleados p\u00fablicos representados por los sindicatos.<\/p>\n

Entre los codemandados se incluyen al Gobernador, a la Principal Oficial Financiera del Gobierno, la Secretaria de Hacienda, los Sistemas de Retiro y su Junta, la AAFAF y su director ejecutivo, la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Banco Popular.<\/p>\n

El Estado en conjunto con la Administraci\u00f3n de Sistemas de Retiro de Puerto Rico (ASR), la Agencia Fiscal de Puerto Rico y Autoridad para la Asesor\u00eda Financiera (AAFAF) y sus funcionarios, han fallado en crear y administrar las cuentas de contribuci\u00f3n definida establecidas en la Ley 106. En cambio, han incautado cientos de millones de d\u00f3lares en contribuciones de pensiones de empleados acumulando m\u00e1s de $300 millones en cuentas gubernamentales que pr\u00e1cticamente no generan intereses en el Banco Popular.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

La JCF y el Banco Popular de Puerto Rico han ayudado e instigado al Gobierno en sus violaciones a las obligaciones legales y fiduciarias bajo la referida ley. Como resultado, miles de servidores p\u00fablicos se han visto privados de millones de d\u00f3lares en intereses e ingresos por las inversiones que deber\u00edan haber generado durante el a\u00f1o pasado, sostienen los demandantes.<\/p>\n

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‘Un a\u00f1o despues de que el hurac\u00e1n Mar\u00eda azotara y devastara a Puerto Rico, los maestros siguen realizado innumerables sacrificios para proteger a sus hijos y a sus salones de clase. Durante ese a\u00f1o, los inversionistas, banqueros y bonitas han protegido gran parte de sus propios intereses. Mientras tanto, los maestros creyeron que sus fondos de retiro tambien estaban siendo protegidos e invertidos de manera justa, como promet\u00eda la ley. Estaban equivocados. Sabemos que los fondos de retiro de los educadores han estado en las cuentas bancarias de Banco Popular, generando poco o ning\u00fan interes, a pesar de una ley que exig\u00eda que se invirtiera ese dinero. A nuestros maestros comprometidos se les prometi\u00f3 que sus contribuciones a las pensiones ser\u00edan protegidas e invertidas sabiamente. Esa confianza fue traicionada. Esta demanda busca proteger la promesa solemne hecha a los maestros por el Gobierno cuando los maestros invirtieron su propio dinero en estas cuentas de jubilaci\u00f3n durante el a\u00f1o pasado. Se pide a la corte que obligue al Gobierno a hacer lo que le exig\u00eda la ley de 2017: configurar cuentas de jubilaci\u00f3n individualizadas para los maestros y proporcionar una restituci\u00f3n por los da\u00f1os que sufrieron cuando su dinero permaneci\u00f3 inactivo en el Banco Popular’, explic\u00f3 la presidenta de la AFT, Randi Weingarten, en comunicado de prensa.<\/p>\n

‘Hoy estamos tomando esta acci\u00f3n legal porque la indiferencia del Gobierno y de la Junta hacia los trabajadores de Puerto Rico constituye una violaci\u00f3n de ley y un ataque vergonzoso en contra de su libertad de jubilarse con dignidad. Los trabajadores p\u00fablicos no hacen su trabajo para enriquecerse; lo hacen porque ese es su llamado. Han estado luchando por Puerto Rico a pesar de un desastre natural inimaginable y una crisis fiscal que no crearon. Por todos los sacrificios que han hecho y las medidas de austeridad que fueron impuestas sobre ellos, se merecen algo mejor que esta traici\u00f3n. Se merecen la seguridad de su retiro y respeto’, a\u00f1adi\u00f3 el presidente de AFSCME, Lee Saunders.<\/p>\n

Por su parte, la presidenta de la Asociaci\u00f3n de Maestros de Puerto Rico, Aida D\u00edaz, manifest\u00f3 que, ‘El Gobierno tiene la obligaci\u00f3n de cumplir las responsabilidades que adquiere cuando crea legislaci\u00f3n, porque quienes pagan las consecuencias de su negligencia son -en este caso en particular- los maestros y los empleados p\u00fablicos. Los maestros nuevos que comenzaron a partir del 2014 s\u00f3lo cuentan con un plan de contribuci\u00f3n definida para su retiro. Una vez m\u00e1s, el Gobierno violenta una ley afectando los derechos de los maestros. La violaci\u00f3n por parte del Gobierno de la Ley 106-2017 impide que el maestro reciba los intereses que dichas contribuciones pueden generar. Este es un da\u00f1o enorme para nuestros representados. Parece mentira que tengamos que llegar hasta los tribunales para obligar al Gobierno a cumplir con lo que es su deber. No es justo que un banco gane los intereses que deber\u00edan estar ganando esos maestros. Exigimos al Gobierno que inmediatamente abran esas cuentas individuales y las coloquen donde generen la mayor cantidad de intereses posibles, les comiencen a pagar el Seguro Social a los maestros y detengan la intenci\u00f3n de la Junta de Control Fiscal de pasar a estos planes de contribuci\u00f3n definida a los maestros activos protegidos por el Tribunal Supremo en su sentencia del 2014.<\/p>\n

‘Iniciamos esta acci\u00f3n en busca de reivindicar los derechos de los empleados y jubilados representados por nuestro sindicato quienes tienen derecho bajo la Ley 106 de 2017 a que las aportaciones personales sean segregadas, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de aportaciones definidas y en cuentas separadas. Cuentas que, de conformidad con el estatuto y los mandatos de todos los planes fiscales de la Junta de Supervisi\u00f3n, se financian exclusivamente mediante deducciones del propio salario de los empleados p\u00fablicos, y se supone que los titulares de las cuentas puedan invertir para acumular los ahorros de jubilaci\u00f3n requeridos para su futuro apoyo financiero. Esos derechos est\u00e1n siendo pisoteados por el Gobierno, quienes han violado flagrantemente esta Ley y su responsabilidad manejando dinero que no le pertenece’, sentenci\u00f3 por otro lado la presidenta de Servidores P\u00fablicos Unidos, Annette Gonz\u00e1lez.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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