\u201cEn este caso, el inter\u00e9s p\u00fablico, sin duda, se ver\u00eda adversamente afectado por una orden judicial que impida implementar una ley v\u00e1lidamente aprobada por la Asamblea Legislativa, cuyo fin primordial es mantener la estabilidad pol\u00edtica, evitar la confusi\u00f3n de los electores y mantener la identidad de los partidos\u201d, indica el gobierno sobre la demanda de MVC y el PIP.<\/p>\n
\u201c[L]a proscripci\u00f3n de las candidaturas coaligadas o alianzas entre partidos no infringe derecho constitucional alguno y se trata de una determinaci\u00f3n legislativa v\u00e1lida para lograr la integridad del voto y estabilidad pol\u00edtica\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n
Las candidaturas coaligadas estuvieron permitidas en la isla hasta 2011, cuando el Partido Nuevo Progresista (PNP), en control de la gobernaci\u00f3n y la legislatura, las prohibi\u00f3 mediante enmiendas al C\u00f3digo Electoral que siguen vigentes. Precisamente, el fundador del PNP, Luis A. Ferr\u00e9, fue candidato coaligado a la comisar\u00eda residente por parte de tres partidos en las elecciones de 1948, antes de la fundaci\u00f3n de ese partido y de la vigencia de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado.<\/p>\n
Los argumentos del gobierno contra la demanda son tres: que MVC ni PIP tienen legitimaci\u00f3n activa para comparecer al tribunal en una controversia que ser\u00eda de naturaleza pol\u00edtica, por lo que no es susceptible de ser adjudicada judicialmente; que la prohibici\u00f3n de candidaturas coaligadas no viola derechos constitucionales; y que no se han cumplido los requisitos para emitir un interdicto en contra de la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos impugnados del C\u00f3digo Electoral.<\/p>\n
\u201cEl reclamo de autos\u2014lejos de tratarse de una controversia genuina de derecho constitucional\u2014es esencialmente una excusa de los Demandantes para trasladar el debate legislativo de la arena pol\u00edtica al Poder Judicial. Los Demandantes pretenden que este Foro pase juicio sobre la idoneidad o no del C\u00f3digo Electoral y si es una sana pol\u00edtica p\u00fablica permitir o no las candidaturas coaligadas o alianzas de partidos pol\u00edticos. Respetuosamente, este Ilustrado Foro no est\u00e1 en posici\u00f3n de, mediante f\u00edat judicial, enmendar el C\u00f3digo Electoral, pues ello implicar\u00eda una usurpaci\u00f3n de la funci\u00f3n de la Rama Legislativa. Los presidentes de los partidos demandantes quieren llevar ante este Foro un debate que ciertamente corresponde al plano legislativo y para el cual no han logrado persuadir a la mayor\u00eda de los legisladores\u201d, argumenta el estado al resaltar que los electores del MVC y el PIP tienen la alternativa de votar mixto o por candidatura para apoyar a candidatos de ambos en la misma elecci\u00f3n.<\/p>
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<\/a><\/div>\nLos dos demandados son el gobierno y la Comisi\u00f3n Estatal de Elecciones (CEE), pero el PNP decidi\u00f3 comparecer tambi\u00e9n al caso dos veces: mediante un escrito de su comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo Cruz, y mediante otro en el que el compareciente es el partido mismo y que est\u00e1 pendiente de que el juez Ra\u00fal Candelario L\u00f3pez lo permita a manera de excepci\u00f3n, concedi\u00e9ndole car\u00e1cter de parte interventora.<\/p>\n
Ambas intervenciones del PNP tienen argumentos similares en contra de la demanda y, a su vez, son ataques similares a los del escrito de Justicia. En su intervenci\u00f3n todav\u00eda no autorizada, el PNP le pide al juez atender el caso con premura y lanza que \u201c[l]a incapacidad de convencer al Pueblo de parte los demandantes para ser elegidos no da paso a buscar ventajas ilegales en los tribunales\u201d. Santo Domingo Cruz, por su parte, resalt\u00f3 algunas implicaciones electorales que tendr\u00eda permitir la coaligaci\u00f3n como que el MVC y el PIP supuestamente aumentan sus posibilidades de quedar inscritos. \u201c[E]l Estado tiene un inter\u00e9s leg\u00edtimo en que solo los partidos de arraigo estatal y con un m\u00ednimo de apoyo en la ciudadan\u00eda queden inscritos luego de cada elecci\u00f3n. Le sigue necesariamente que el Estado tiene un inter\u00e9s leg\u00edtimo en que cada partido y su candidato sea presentado al electorado en igualdad de condiciones para adecuadamente determinar cu\u00e1l es el apoyo que el candidato y el partido realmente ostentan en el elector\u201d, plante\u00f3.<\/p>\n
El Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), a trav\u00e9s de su todav\u00eda comisionado electoral, Gerardo Cruz Maldonado, someti\u00f3 una moci\u00f3n breve para suscribir casi totalmente la posici\u00f3n del gobierno. \u201cEl Comisionado coincide plenamente con el (MVC) y el (PIP) en que la libertad de asociaci\u00f3n, el derecho al voto y la igual protecci\u00f3n de las leyes son derechos fundamentales contenidos en la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y si alguno de estos derechos estuviera siendo violado en este caso as\u00ed lo dir\u00eda. Sin embargo, la realidad jur\u00eddica es que la prohibici\u00f3n de candidaturas o partidos coaligados dispuestas en el C\u00f3digo Electoral no lesiona los derechos de los codemandantes\u201d, dijo. Cruz Maldonado tom\u00f3 excepci\u00f3n con la alegaci\u00f3n de Justicia de que se trata de una \u201ccuesti\u00f3n pol\u00edtica\u201d resaltando que, si as\u00ed lo fuera, el mismo Supremo federal no hubiera emitido su decisi\u00f3n en el caso de Timmons.<\/p>\n
Vea:<\/strong><\/p>\n PIP y MVC demandan por el C\u00f3digo Electoral <\/a><\/p>\n PNP acusa a MVC y el PIP de querer hacer lo que Ferr\u00e9 hizo <\/a><\/p>\n