Una coalici\u00f3n de organizaciones comunitarias lanz\u00f3 una campa\u00f1a educativa de movilizaci\u00f3n, bajo el lema, \u201cNot Your Tax Haven\u201d, para exponer y detener la otorgaci\u00f3n de exenciones contributivas a inversionistas, empresarios y empresarios extranjeros.<\/p>\n
La uni\u00f3n se expres\u00f3 en el Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan, y reclam\u00f3 la falta de transparencia gubernamental. Asimismo, los portavoces denunciaron el impacto econ\u00f3mico, ambiental y en la vivienda de la Ley 22-2012, mejor conocida como \u201cLey Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico\u201d.<\/p>\n
\u201cEl gobierno de Puerto Rico aprob\u00f3 la ley 22 en 2012 con el prop\u00f3sito de atraer lo que se han denominado, \u2018individuos inversionistas\u2019. Dicha ley no contiene un solo requisito de inversi\u00f3n p\u00fablica y hoy, luego de 10 a\u00f1os y de otorgar sobre 4 mil decretos, a\u00fan no tiene el gobierno la capacidad para fiscalizar y publicar los informes que establece la propia Ley como requisito.\u201d indic\u00f3 Julio L\u00f3pez Varona, director de Campa\u00f1as del Centro para la Democracia Popular.<\/p>\n
La Ley 22 concedi\u00f3 exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que \u201cadvienen residentes de Puerto Rico\u201d. Las disposiciones de esta ley ahora est\u00e1n incluidas en la Ley 60-2019, mejor conocida como \u201cC\u00f3digo de Incentivos de Puerto Rico\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan L\u00f3pez Varona, la \u201cineficiencia del gobierno\u201d no brinda claridad sobre las consecuencias econ\u00f3micas y sociales que han tenido los decretos. Asimismo, resalt\u00f3 que el mayor impacto se ha reflejado en las comunidades que han sido desplazadas de sus hogares.<\/p>\n
De igual manera, la portavoz de la organizaci\u00f3n VAMOS, Sandra Cruz, destac\u00f3 que la poblaci\u00f3n de Puerto Rico se ha reducido en un 12% en los \u00faltimos 12 a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cAlrededor del 40% de la poblaci\u00f3n puertorrique\u00f1a vive bajo el nivel de pobreza y las personas se van porque continuamos recortando servicios esenciales y derechos laborales, supuestamente para pagar la deuda del pa\u00eds. No obstante y a pesar de la crisis econ\u00f3mica, continuamos otorgando estas exenciones contributivas sin ning\u00fan requerimiento m\u00ednimo de inversi\u00f3n en la isla y manteniendo la carga econ\u00f3mica sobre la poblaci\u00f3n que permanece en Puerto Rico\u201d, indic\u00f3 Cruz.<\/p>\n
La coalici\u00f3n indic\u00f3 que hay intenci\u00f3n en algunos legisladores para enmendar o derogar la ley, sin embargo, no es la mayor\u00eda.<\/p>\n
\u201cS\u00e9 que el senador Juan Zaragoza present\u00f3 un proyecto para enmendar la ley, ponerle algunos controles y unos requisitos m\u00e1s fuertes; y tambi\u00e9n Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorrique\u00f1o presentaron proyectos para eliminar la ley, pero no ha pasado nada. Tambi\u00e9n, hubo unas investigaciones en la C\u00e1mara de Representantes y el Senado que resultaron en un mont\u00f3n de informaci\u00f3n que se le peticion\u00f3 al Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico que ellos no entregaron. Hay una intenci\u00f3n real por enmendar o eliminar la ley, pero lo que pasa es que no es la mayor\u00eda\u201d, explic\u00f3 la coalici\u00f3n.<\/p>\n
Seg\u00fan lo informado en la conferencia, el \u00faltimo Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda proyecta $342 millones en ingresos no captados para el 2023, por concepto de la Ley 22. La cifra total, seg\u00fan proyectada por Hacienda, es de $2.2 mil millones entre el 2017 al 2023 en fondos que el gobierno de Puerto Rico proyecta que ha perdido, espec\u00edficamente, como consecuencia de los decretos otorgados a trav\u00e9s de la Ley 22.<\/p>\n