El contralor electoral de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), Walter V\u00e9lez Mart\u00ednez, pidi\u00f3, en vista p\u00fablica de la C\u00e1mara de Representantes de Puerto Rico, que se a\u00f1adan mayores limitaciones para el financiamiento de campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
V\u00e9lez Mart\u00ednez se present\u00f3 ante la Comisi\u00f3n para el Estudio y Evaluaci\u00f3n del Derecho Constitucional Puertorrique\u00f1o, presidida por el representante Jos\u00e9 \u201cCony\u201d Varela, para atender el Proyecto de la C\u00e1mara 1676 (P. de la C. 1676). Esta medida propone enmiendas a la Ley 222-2011, conocida como la \u201cLey para la Fiscalizaci\u00f3n del Financiamiento de Campa\u00f1as P\u00fablicas\u201d.<\/p>\n
En su ponencia, el contralor enfatiz\u00f3 la lucha contra la corrupci\u00f3n, y exhort\u00f3 a la Comisi\u00f3n a brindar prioridad al tr\u00e1mite del proyecto como parte de los esfuerzos trazados durante el a\u00f1o preelectoral.<\/p>\n
Una de las propuestas principales es establecer un l\u00edmite anual de $250 al dinero que puede donarse a un aspirante, candidato, comit\u00e9 o partido pol\u00edtico. Esta limitaci\u00f3n, similar a la existente en la ley federal que regula el financiamiento de campa\u00f1as electorales, incluye dinero en efectivo, giros, cheques de gerente o de viajero.<\/p>\n
\u201cLa adopci\u00f3n de esta medida persigue brindar transparencia sobre la procedencia del dinero<\/p>\n
donado a los distintos comit\u00e9s pol\u00edticos, a la vez que constituye un mecanismo para evitar que una persona viole la ley al realizar donativos con dinero perteneciente a otra persona o en exceso de lo permitido por ley\u201d, se\u00f1al\u00f3 V\u00e9lez Mart\u00ednez.<\/p>\n
Seg\u00fan el contralor, la limitaci\u00f3n propuesta permite que la Oficina pueda rastrear con mayor efectividad el origen de aquellos donativos mayores de $250.<\/p>\n
El contralor utiliz\u00f3 de ejemplo las declaraciones del contratista colombiano Oscar Santamar\u00eda en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo \u00c1ngel P\u00e9rez Otero. En el juicio, Santamar\u00eda Torres habl\u00f3 sobre los donativos que hac\u00eda a comit\u00e9s pol\u00edticos en efectivo.<\/p>\n
\u201cEllo le permit\u00eda a Santamar\u00eda hacer donativos en exceso del l\u00edmite dispuesto por Ley, a la vez que este gestionaba la informaci\u00f3n de terceras personas para falsamente atribuirle donativos en efectivo dentro de los l\u00edmites legales. Actividades en las que se informan numerosos donativos en efectivo de entre $2,000 y $2,800 por donante o campa\u00f1as electorales que se han financiado con m\u00e1s de un 70% de donativos an\u00f3nimos en efectivo\u201d, abund\u00f3 V\u00e9lez Mart\u00ednez sobre lo sucedido en el juicio.<\/p>\n
Otras de las propuestas que present\u00f3 V\u00e9lez es requerir a los comit\u00e9s pol\u00edticos que mantengan r\u00e9cords con la identidad de sus recaudadores, y que cada donativo se pueda atar con su recaudador.<\/p>\n
La informaci\u00f3n de cada recaudador ser\u00e1 incluida en los informes de ingresos y gastos para que est\u00e9 visible a los electores. Asimismo, propuso que el t\u00e9rmino prescriptivo de los delitos tipificados en la Ley 222 se aumenten de cinco a siete a\u00f1os para otorgar m\u00e1s tiempo al Departamento de Justicia para que procese las posibles violaciones.<\/p>\n
De igual manera, V\u00e9lez Mart\u00ednez indic\u00f3 que se le debe imponer responsabilidad penal a personas que provean informaci\u00f3n falsa sobre donativos y gastos al tesorero o cualquier personal autorizado en los comit\u00e9s regulados por la Ley 222 y la OCE.<\/p>\n
Pese a los planteamientos del contralor, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, plante\u00f3 en su ponencia que no puede endosar el proyecto tal como est\u00e1 redactado debido a que las medidas propuestas podr\u00edan ser contrarias a la jurisprudencia aplicable.<\/p>\n
La comisionada se\u00f1al\u00f3 que, limitar la cuant\u00eda y manera en que una persona puede emitir un donativo, \u201cceder\u00eda ante un ataque constitucional\u201d, seg\u00fan las determinaciones discutidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Asimismo, expres\u00f3 reservas ante lo propuesto de que la informaci\u00f3n personal de un donante sea requerida.<\/p>\n
\u201cEstas medidas le imponen al ciudadano una carga adicional como condici\u00f3n para donar a una campa\u00f1a. Adem\u00e1s, se prestan para la cohibici\u00f3n e intimidaci\u00f3n del ciudadano para no donar a una campa\u00f1a al inquirir sobre informaci\u00f3n adicional que inclusive no est\u00e1 directamente relacionada con su expresi\u00f3n pol\u00edtica. Por esta raz\u00f3n, entendemos que estas enmiendas no ser\u00edan sostenibles en derecho a la luz de la jurisprudencia aplicable\u201d, dispuso la ponencia de Santo Domingo.<\/p>\n
Mientras que, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorrique\u00f1o (PIP), Roberto Aponte, coincidi\u00f3 con la mayor\u00eda de las propuestas. Sin embargo, sugiri\u00f3 que la limitaci\u00f3n de $300,000 que puede recibir un aspirante candidato a gobernador en donativos an\u00f3nimos sea reducida \u201cconsiderablemente m\u00e1s\u201d al se\u00f1alar que el dinero sin identificar debe ser lo m\u00ednimo posible.<\/p>\n
Por otro lado, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, aval\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la medida. Sin embargo, recomend\u00f3 enmiendas a la medida.<\/p>\n
\u201cEs imperativo dise\u00f1ar estrategias adicionales de financiamiento p\u00fablico que reduzcan la posibilidad del inversionismo pol\u00edtico en las campa\u00f1as electorales. La propuesta es reducir al m\u00ednimo la posibilidad de la corrupci\u00f3n quid pro quo y aumentar los requisitos que garanticen que no haya coordinaci\u00f3n en los gastos independientes, esta ha sido la postura del Movimiento Victoria Ciudadana\u201d, se\u00f1al\u00f3 Aponte.<\/p>\n