La Ley para limitar el uso de im\u00e1genes captadas por los sistemas a\u00e9reos no tripulados (Ley 68 de 2021) no es inconstitucional, seg\u00fan le aplica a un grupo que demand\u00f3 por la misma y que se dedica a usar los llamados \u2018drones\u2019 para tomar fotos a\u00e9reas de propiedades que municipios y otros grupos pueden usar en el tr\u00e1mite de declarar que la propiedad es estorbo p\u00fablico.<\/p>\n
Al emitir su decisi\u00f3n, el juez Arnaldo Castro Callejo, distingui\u00f3 que su decisi\u00f3n se basa en que las actividades del demandante, Centro para la Reconstrucci\u00f3n del H\u00e1bitat, Inc. (CRH), no est\u00e1n protegidas constitucionalmente. Esto deja la puerta abierta a que grupos cuyas actividades est\u00e1n protegidas constitucionalmente, como son los fotoperiodistas, hagan su propia reclamaci\u00f3n sobre las amenazas que les representa la legislaci\u00f3n que impuls\u00f3 el representante novoprogresista Jos\u00e9 Aponte.<\/p>\n
Cuando el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirti\u00f3 en ley la medida, hubo cr\u00edticas desde la academia y otros grupos sociales que entend\u00edan que el estatuto no era suficientemente claro sobre cu\u00e1ndo y a qui\u00e9n podr\u00eda aplicar en su prop\u00f3sito de proteger la \u201cpropiedad privada\u201d y la expectativa razonable de privacidad de sus due\u00f1os mediante la posibilidad de procesar criminalmente y civilmente a los operadores de drones que violen dicha privacidad.<\/p>\n
Hasta ahora, no se conoce de procesamientos por aplicaci\u00f3n de la ley nueva y el juez encontr\u00f3 que como la actividad de los demandantes, tomar fotos de propiedades para la declaraci\u00f3n de estorbo p\u00fablico, no est\u00e1 espec\u00edficamente protegida, est\u00e1n impedidos de traer una impugnaci\u00f3n a la ley. Tambi\u00e9n, a\u00f1adi\u00f3, est\u00e1n impedidos de hacerlo mediante el mecanismo de interdicto, porque eso requiere una determinaci\u00f3n previa de la inconstitucionalidad de la ley que se pretende aplicar y, en este caso, no hay tal declaraci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cDe entrada, podemos se\u00f1alar que en ning\u00fan lugar de las alegaciones de la parte demandante surge que recopile informaci\u00f3n o realice funciones o investigaciones con fines period\u00edsticos o con fines de expresi\u00f3n protegida constitucionalmente\u2026 por lo que no se coloca al tribunal en posici\u00f3n de determinar que la Ley 68-2021 limita efectivamente el derecho a la libertad de expresi\u00f3n o de asociaci\u00f3n\u2026 no surge que en este caso sus actuaciones envuelvan derechos de expresi\u00f3n o asociaci\u00f3n\u201d, resolvi\u00f3 el juez en su sentencia del 15 de marzo pasado.<\/p>\n
Con esta determinaci\u00f3n del juez, qued\u00f3 a un lado el hecho de que, durante sus varias intervenciones en el caso, el Departamento de Justicia ofreci\u00f3 interpretaciones sobre a qui\u00e9n y en qu\u00e9 circunstancias aplicar\u00eda la ley que abonan al argumento de los demandantes de que la ley no es clara porque Justicia no se bas\u00f3 en el texto directo de la ley para ofrecer sus argumentos, sino en interpretaci\u00f3n de la intenci\u00f3n del legislador y en sus conclusiones de c\u00f3mo aplicar\u00edan ciertos precedentes judiciales.<\/p>
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