El residente en R\u00edo Piedras Elliott Lassy Lugo indic\u00f3, durante conferencia de prensa ofrecida en el Comit\u00e9 del Partido Independentista Puertorrique\u00f1o (PIP), que teme ser desplazado de su hogar, nuevamente, tras la llegada de inversionistas a la comunidad.<\/p>\n
Como parte de la conferencia, Lassy Lugo se\u00f1al\u00f3 que, anteriormente, fue desplazado de su apartamento en Santurce, debido a inversionistas cobijados por la Ley 22. Actualmente, enfrenta dificultades tras la compra del Condominio La Torre en el que reside en R\u00edo Piedras.<\/p>\n
\u201cYo no quiero pasar esa experiencia otra vez, de ser desplazado de mi hogar por inversionistas de afuera\u201d, comparti\u00f3 el residente Lassy Lugo.<\/p>\n
La Ley 22, conocida como \u201cLey Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico\u201d, concedi\u00f3 exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advienen residentes de Puerto Rico. La ley establec\u00eda que conceder\u00edan estas exenciones hasta el 31 de diciembre de 2035.<\/p>\n
El nuevo due\u00f1o del Condominio La Torre es Thomas Axon, quien representa a Fortaleza Equity Partners 2. Seg\u00fan Lassy Lugo, ya la gerencia comunic\u00f3 que las rentas aumentar\u00e1n, y los precios pueden ascender a $1,000 mensuales. Asimismo, los aumentos ser\u00e1n de $100 a $300, y el precio final no incluye agua ni luz.<\/p>\n
De igual manera, en R\u00edo Piedras hay ocho propiedades adicionales que han sido compradas por Puerto Rico Flips cuya presidenta es Kira Golden.<\/p>\n
La adquisici\u00f3n de estas propiedades dificulta el panorama para los residentes riopedrenses y para los estudiantes que se quedan sin vivienda accesible durante sus a\u00f1os de estudio en la Universidad de Puerto Rico Recinto de R\u00edo Piedras (UPR).<\/p>\n
Pese a la Ley 22, en 2019, la Ley 60, conocida como \u201cC\u00f3digo de Incentivos de Puerto Rico\u201d, consolid\u00f3 decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, entre los que se encontraban la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012. Seg\u00fan Microjuris, el objetivo de la consolidaci\u00f3n en una misma ley era \u201cpromover el ambiente, las oportunidades y las herramientas adecuadas para fomentar el desarrollo econ\u00f3mico sostenible de Puerto Rico\u201d.<\/p>\n
\u201cAqu\u00ed culturas y ciudades enteras se van. Esto no es solo un desplazamiento, sino una forma de violencia. Tenemos que verlo como violencia racista y clasista, ya que parte de su inversi\u00f3n es desplazar a gente pobre\u201d, puntualiz\u00f3 Lassy Lugo.<\/p>\n
El licenciado y l\u00edder del PIP Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Costa abund\u00f3 sobre una ley que cobija a los riopedrenses, y que no se promueve: la Ley 75-1995, conocida como \u201cLey Especial para la Rehabilitaci\u00f3n de R\u00edo Piedras\u201d. Esta ley propuso la revitalizaci\u00f3n del casco urbano de R\u00edo Piedras, y obliga al municipio a darle promoci\u00f3n en el sector comercial sobre los incentivos econ\u00f3micos que existen para los comerciantes que decidan establecer su negocio en el casco urbano de la comunidad.<\/p>\n
Para abundar en la explicaci\u00f3n del licenciado, Lassy Lugo indic\u00f3 que la Ley 75 tambi\u00e9n protege a las personas que viven en la comunidad.<\/p>\n
\u201cYa se salieron (los inversionistas) de los lugares tur\u00edsticos, y est\u00e1n en urbanizaciones de clase media en Carolina, casas en urbanizaciones en Arecibo, est\u00e1n por toda la isla; y eso que solo estoy hablando de estos dos (PR Flips y Fortaleza Equity Partners 2). El gobierno, como no fiscaliza el cumplimiento de de esta leyes, no se da cuenta. En alg\u00fan momento habr\u00e1 que hacer otra legislaci\u00f3n, y ojal\u00e1 que de rango constitucional, para que nos dejen las parcelas\u201d, expres\u00f3 el licenciado Gonz\u00e1lez Costa.<\/p>\n