La jueza Laura Taylor Swain expres\u00f3 ayer su expectativa de que el tira y hala por el tipo de garant\u00eda que tienen los acreedores de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE) para cobrar su deuda pueda resolverse por acuerdo entre las partes, en vez de por la determinaci\u00f3n que va a hacer sobre dicha controversia.<\/p>\n
El anhelo de la jueza de quiebras qued\u00f3 en r\u00e9cord despu\u00e9s de una vista oral sobre la solicitud de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) para que se decida de manera sumaria una demanda que el ente fiscal someti\u00f3 en 2019 contra el fideicomisario de la AEE, U.S. Bank National Association, y que se hab\u00eda mantenido en suspenso mientras ocurr\u00edan negociaciones. Los acreedores de la AEE ten\u00edan un acuerdo en principio sobre la reestructuraci\u00f3n de la deuda de la corporaci\u00f3n p\u00fablica incluso desde antes de la creaci\u00f3n de la Ley PROMESA y la JSF. Pero, despu\u00e9s de distintas versiones, en marzo de 2022 el Gobierno de Puerto Rico ejerci\u00f3 su derecho a cancelar el acuerdo.<\/p>\n
La jueza acept\u00f3 evaluar de manera acelerada la solicitud de sentencia sumaria. Si falla a favor de la JSF, es, para todos los efectos pr\u00e1cticos, una adjudicaci\u00f3n de hasta d\u00f3nde van a poder recobrar los acreedores. Pero si falla a favor de los bonistas, la demanda sigue un curso ordinario, y prolongado, que implica descubrimiento de prueba sobre las cuentas y activos de la AEE.<\/p>\n
A la misma vez, la jueza pidi\u00f3 a la Junta que sometiera una propuesta de Plan de Ajuste de Deuda, lo que ya ocurri\u00f3, con miras a mantener corriendo los dos procesos paralelos y poder estar lista para confirmar un plan de ajuste en verano pr\u00f3ximo.<\/p>\n
Cuando se consideran las discusiones que hubo en la vista de ayer, y en vistas previas, surge que el paso del tiempo, y las estrategias de privatizaci\u00f3n, han llevado a los acreedores a una encerrona. Los activos de la corporaci\u00f3n, como las plantas generadoras y la infraestructura de la red el\u00e9ctrica, se han desinflado en valor y el propio flujo de capital, que es principalmente lo que se le cobra a los abonados por el servicio, est\u00e1 achic\u00e1ndose por el auge de los sistemas solares en las residencias y por la reducci\u00f3n poblacional.<\/p>\n
Por tanto, la meta de los bonistas en el litigio es que su garant\u00eda se interprete como que tienen poder para obligar a la corporaci\u00f3n a repagarles la deuda con sus ingresos futuros, como entienden que est\u00e1 establecido desde la creaci\u00f3n del acuerdo de fideicomiso de la AEE en 1974. De esta manera, aunque los activos actuales est\u00e9n devaluados y el flujo de capital se est\u00e9 reduciendo, los acreedores seguir\u00edan teniendo reclamo sobre una parte de los ingresos futuros de la entidad p\u00fablica por un tiempo indeterminado. La JSF ha planteado a la jueza que los sobrecargos que habr\u00eda que imponer a los abonados para pagar lo que los bonistas piden acelerar\u00edan la deserci\u00f3n hacia los sistemas de energ\u00eda verde y har\u00eda cada vez m\u00e1s dif\u00edcil que los acreedores puedan cobrar.<\/p>\n
Pero la JSF lo que plantea a la jueza es que, dentro del contexto de la quiebra, el acuerdo de 1974 no les da a los bonistas garant\u00eda sobre los ingresos futuros, sino solamente a los dineros que se encuentren en un fondo de reserva (\u201csinking fund<\/em>\u201d) que es la cuenta a la que llega el dinero separado para pago de los bonistas antes de que se les desembolse el pago. Tienen acceso solo a lo que est\u00e1 ah\u00ed en la quiebra, no a lo que pueda entrar ah\u00ed en el futuro cuando la AEE siga dando servicios despu\u00e9s de salir de quiebra, plantea el ente fiscal.<\/p>
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