La Junta de Control Fiscal (JCF) pidi\u00f3 ayer al juez federal Francisco Besosa que paralice el pleito que implantaron los acreedores de bonos de Obligaciones Generales (GO) y que les otorgue un periodo de seis semanas para negociar la deuda de Puerto Rico.<\/p>\n
Si no detiene el pleito en lo que se considera una apelaci\u00f3n que la Junta someti\u00f3 tambi\u00e9n ayer, el ente pide la alternativa de que se extiendan hasta el 19 de mayo de 2017 los plazos que hay en el caso para proseguir la radicaci\u00f3n de mociones y el litigio.<\/p>\n
Esta solicitud de tiempo, o por la espera de la apelaci\u00f3n o por la extensi\u00f3n de los plazos, est\u00e1 basada en la reci\u00e9n certificaci\u00f3n del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico que la Junta usar\u00eda como base de la negociaci\u00f3n. Si el juez accede a la solicitud, la Junta lograr\u00eda que, al menos este pleito que es uno de los principales, quede pospuesto casi tres semanas m\u00e1s de la fecha oficial de expiraci\u00f3n de la moratoria de pleitos de la Ley PROMESA, la cual expira el 1 de mayo.<\/p>\n
En la apelaci\u00f3n, la Junta sostiene que Besosa se equivoc\u00f3 al permitir que el pleito continuara a pesar de la paralizaci\u00f3n de pleitos de PROMESA.<\/p>\n
‘La (Junta) merece toda las oportunidades para ver si puede cumplir con su mandato antes de que expire la paralizaci\u00f3n de pleitos bajo la Ley PROMESA’, dijo la JCF en su moci\u00f3n a la vez que, a contrapelo, indican que los demandantes no sufrir\u00e1n por la paralizaci\u00f3n del pleito porque no se trata de que no van a tener de d\u00f3nde cobrar ya que la fuente de repago son los ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU), una fuente de dinero que la Junta caracteriz\u00f3 como ‘perpetua’.<\/p>\n
Tras la certificaci\u00f3n del Plan Fiscal el lunes, el gobernador Ricardo Rossell\u00f3 le dijo al diario Financial Times que iniciar\u00eda negociaciones ‘de inmediato’ con los acreedores, que se mover\u00eda ‘r\u00e1pido’ y que ser\u00edan ‘agresivas’.<\/p>\n
En su moci\u00f3n, la Junta dijo que la negociaci\u00f3n ‘ha alcanzado un punto cr\u00edtico’. ‘Estas \u00faltimas semanas de la paralizaci\u00f3n de pleitos de PROMESA ser\u00e1n extremadamente intensas y exigentes para las partes’, aseguraron.<\/p>\n
Seg\u00fan el Plan Fiscal certificado, en los pr\u00f3ximos a\u00f1os s\u00f3lo habr\u00eda disponibles $787 millones anuales, en promedio, para pagar una deuda que, tambi\u00e9n en promedio, es de unos $3,400 millones anuales. Lo cual lleva a una proporci\u00f3n de s\u00f3lo 23% de capacidad de pago, o lo mismo que 23 centavos de cada d\u00f3lar.<\/p>\n
El pleito encabezado por los demandantes Lex Claims LLC se considera el principal que est\u00e1 pendiente en los tribunales sobre la deuda de Puerto Rico porque enfrenta a los bonistas de GO contra los bonistas de COFINA, la entidad jur\u00eddica que se cre\u00f3 para tomar prestado con el IVU como repago. La controversia principal es si los ingresos del IVU son un desv\u00edo ilegal o no de dineros del Fondo General. Los bonistas de GO reclaman los dineros del Fondo General y los de COFINA reclaman los ingresos del IVU pero, como no hay para pagarle a ambos, cada uno ha enfilado sus ca\u00f1ones al otro para poder acceder a sus respectivos potes.<\/p>\n
Los bonos de GO se venden actualmente a 70.25 centavos por d\u00f3lar y los de COFINA a 65.5 centavos por d\u00f3lar.<\/p>\n
Mira la moci\u00f3n y la apelaci\u00f3n abajo:<\/p>\n