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<\/a><\/div>\nEl t\u00e9rmino \u00abdoloso\u00bb tiene peso legal particular porque implica una actuaci\u00f3n a sabiendas, un acto que se realiza conociendo de su incorrecci\u00f3n o ilegalidad. El principal punto de defensa de las aseguradoras, de hecho, fue que no actuaron con dolo sino que, a lo sumo, pudo haber sido negligencia. Ese argument\u00f3 lo adopt\u00f3 la jueza apelativa, hoy designada jueza federal, Gina M\u00e9ndez Mir\u00f3, en una expresi\u00f3n disidente. \u00ab(Los hechos) evidencian, como m\u00ednimo, descuidos serios y torpeza de parte de MMM y PMO (PMC) en la administraci\u00f3n del contrato. Tal conducta, sin duda, alcanza el nivel de negligencia. No obstante, reitero, el derecho no sostiene una determinaci\u00f3n de dolo\u00bb, dijo la jueza.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n de dolo tambi\u00e9n tiene peso en la adjudicaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n a la que tienen derecho los demandantes. Rodr\u00edguez Casillas y la jueza Giselle Romero Garc\u00eda, la segunda miembro del panel de tres jueces apelativos, concluyeron que las aseguradoras deben pagar $10 millones, incluyendo sanciones por temeridad al proseguir con el pleito sin fundamentos. Pero tambi\u00e9n devolvieron el caso a instancia para un c\u00e1lculo adicional de p\u00e9rdidas de ingresos y plusval\u00eda que va a realizarse partiendo de un informe que someti\u00f3 un perito de los m\u00e9dicos que calcul\u00f3 en $12 millones sus p\u00e9rdidas por ingreso y plusval\u00eda, tomando en cuenta la cantidad de pacientes que perdieron despu\u00e9s de que las aseguradoras les cancelaran sus contratos de proveedores.<\/p>\n
El caso ya hab\u00eda sido objeto de otras determinaciones del Apelativo.<\/p>\n
En una de 2014 por el juez ponente Gerardo Flores Garc\u00eda, hab\u00eda adjudicado que PMC intentaba utilizar el proceso de descubrimiento de evidencia como una expedici\u00f3n de pesca para capturar evidencia que no ten\u00eda cuando cancel\u00f3 los contratos, lo cual el apelativo calific\u00f3 como \u00abuna conducta altamente reprochable, principalmente, bajo alegaciones tan serias como las promovidas en este caso (de fraude en facturaci\u00f3n)\u00bb.<\/p>\n
En otra, de 2015, la jueza ponente Aleida Varona M\u00e9ndez hab\u00eda consignado que \u00abMMM carece de prueba para establecer tanto el fraude imputado as\u00ed como las alegaciones de facturaci\u00f3n inapropiada\u00bb.<\/p>\n
El Supremo rehus\u00f3 revisar todas las determinaciones de Apelaciones en esta controversia.<\/p>\n
Durante el proceso, las aseguradoras estuvieron representadas por los bufetes McConnell Vald\u00e9s, Ferraiuoli LLC, y Fiddler, Gonz\u00e1lez & Rodr\u00edguez. El abogado de las cllinicas fue Freddie P\u00e9rez Gonz\u00e1lez, el de Sanatiago Montalvo fue Abner Flores y el de Marini Rom\u00e1n fue Ariel Caro P\u00e9rez.<\/p>\n