Los abogados de defensa en el caso de soborno alrededor de la operaci\u00f3n del banco Bancr\u00e9dito pidieron al tribunal que designe a un Comisionado Especial a quien se le pueda pasar para revisi\u00f3n las miles de piezas de evidencia que el Gobierno de los Estados Unidos recopil\u00f3 cuando diligenci\u00f3 \u00f3rdenes de allanamiento contra 31 cuentas de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica de sus clientes as\u00ed como contra el tel\u00e9fono celular de la exgobernadora, Wanda V\u00e1zquez Garced.<\/p>\n
La controversia est\u00e1 ocurriendo trasbastidores desde hace casi un mes. Temprano en la semana pasada, los abogados de V\u00e1zquez Garced la adelantaron sin abundar en argumentos o remedios, pero el viernes una moci\u00f3n suscrita por la representaci\u00f3n de los tres coacusados entra en detalles. La radicaci\u00f3n del documento el viernes ocurre de cara a la primera conferencia de status en el caso que se celebrar\u00e1 ma\u00f1ana martes ante el juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Ra\u00fal Arias Marxuach.<\/p>\n
La moci\u00f3n contiene tambi\u00e9n la primera teor\u00eda de defensa que adelanta concretamente el banquero Julio Herrera Velutini. Seg\u00fan el pliego acusatorio, Herrera Velutini se enfrasc\u00f3 en una trama de soborno en la Administraci\u00f3n V\u00e1zquez Garced, e intent\u00f3 hacerlo en los inicios de la Administraci\u00f3n Pierluisi, para controlar la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y descarrillar una auditor\u00eda de su banco en la isla, Bancr\u00e9dito International Bank & Trust, que inici\u00f3 bajo el excomisionado de OCIF, George Joyner Kelly. La moci\u00f3n del viernes dice, bas\u00e1ndose en evidencia entregada hasta ahora por los fiscales, que \u00abel regulador, de hecho, trabaj\u00f3 bajo la direcci\u00f3n de investigadores del gobierno mientras estaba interactuando directamente con los abogados de Herrera Velutini sobre las auditor\u00edas\u00bb.<\/p>\n
La recopilaci\u00f3n de evidencia mediante \u00f3rdenes de allanamiento comenz\u00f3 en este caso en 2020 y produjo miles de r\u00e9cords de las comunicaciones de los acusados, incluyendo comunicaciones con abogados que pueden ser objeto del privilegio abogado-cliente. Estas comunicaciones presumiblemente privilegiadas son el objeto de la moci\u00f3n de emergencia.<\/p>\n
Los abogados y la fiscal\u00eda estaban discutiendo mediante cartas la forma de manejar esta evidencia pero tienen un detente porque los abogados quieren que la fiscal\u00eda cese inmediatamente de \u00abfiltrar\u00bb esta evidencia mediante un equipo especializado que se supone no tenga contacto con los fiscales investigadores y que se supone segregue las comunicaciones privilegiadas para que entonces la fiscal\u00eda entregue solo aquella evidencia que no es privilegiada. Pero la postura del gobierno es que \u00abno vamos a estar de acuerdo en descontinuar el uso del equipo de filtraci\u00f3n\u00bb y recordaron que todos los tribunales apelativos federales han permitido ese mecanismo. M\u00e1s recientemente, en el caso contra la exsecretaria de Educaci\u00f3n, Julia Keleher, la defensa levant\u00f3 objeciones con el uso de un \u00abequipo de filtraci\u00f3n\u00bb que examin\u00f3 el correo electr\u00f3nico de la exfuncionaria, pero no tuvieron \u00e9xito.<\/p>\n
Los abogados de Herrera Velutini, V\u00e1zquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark T. Rossini, exhortaron al juez Arias Marxuach a que examinara la disputa a la luz de los desarrollos en el caso en el que el Departamento de Justicia federal allan\u00f3 la residencia del expresidente Donald Trump y ocup\u00f3 varias cajas de documentos. Una jueza de distrito design\u00f3 a un Comisionado Especial, en vez de mantener los documentos bajo el cernimiento interno de Justicia. El Tribunal Supremo rehus\u00f3 entrar en la controversia y el trabajo del comisionado continu\u00f3, resultando en que todav\u00eda hoy el expresidente y Justicia est\u00e1n disputando el acceso del gobierno a ciertos documentos.<\/p>\n
Una opci\u00f3n que la fiscal\u00eda ofreci\u00f3 en este caso es que los acusados renunciaran al privilegio de abogado clientes entre ellos mismos para que se le entregara el mismo paquete de evidencia a todos, en vez de hacer entregas de informaci\u00f3n individualizada por acusado, pero los abogados lo rechazaron.<\/p>\n
La moci\u00f3n pide al juez que le ordene al gobierno cesar inmediatamente el cernimiento del material; divulgar los procesos espec\u00edficos que est\u00e1 usando para el cernimiento; realizar una vista de emergencia para escuchar argumentos sobre esto; designar a un Comisionado Especial o, en su defecto, permitir que sea cada acusado el que haga el cernimiento para identificar material privilegiado; ordene la devoluci\u00f3n del material incautado; y ordene al gobierno que deje de usar el material privilegiado para cualquier prop\u00f3sito, incluyendo prepararse para juicio.<\/p>\n
La fiscal\u00eda federal hab\u00eda adelantado que podr\u00eda invocar en este caso procesos especiales debido a la existencia de evidencia clasificada como secreta por motivos de seguridad nacional, pero todav\u00eda no hay indicio p\u00fablico de que eso haya pasado.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n