En un pliego acusatorio contra siete personas, Riera Fern\u00e1ndez e Irizarry Irizarry fueron los \u00fanicos que decidieron enfrentar juicio, as\u00ed que la evidencia se limit\u00f3 a los elementos que los vinculaban al esquema, principalmente, facturas superficiales y gen\u00e9ricas que sometieron a una empresa controlada por Garc\u00eda Jim\u00e9nez y Mejill Tellado, TEGA Holdings, para recibir pagos que salieron de $900,000 que la empresa recibi\u00f3 de MEDI y que eran parte de los $9 millones que se supone fueran invertidos. Riera Fern\u00e1ndez someti\u00f3 facturas por la empresa IManagement LLC para recibir entre abril y diciembre de 2016. El director ejecutivo de MEDI cre\u00f3 esta empresa y la puso a nombre de un contratista que hac\u00eda trabajos en su hogar con el prop\u00f3sito expreso de que no se le pudiera vincular con la misma. Irizarry Irizarry obtuvo $126,000 a trav\u00e9s de su empresa, U.A. United Advisors Corporation. La fiscal enfatiz\u00f3 que el abogado ten\u00eda acuerdos para darle consejer\u00eda legal, a la vez, a MEDI, a Garc\u00eda Jim\u00e9nez y al alcalde suspendido de Mayag\u00fcez, Jos\u00e9 Guillermo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez.<\/p>\n
El alcalde suspendido enfrenta dos cargos a nivel local de malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos e incumplimiento del deber por su manejo de esta inversi\u00f3n, pero estuvo casi ausente en el desfile de prueba del juicio federal.<\/p>\n
En la evidencia del gobierno, figur\u00f3 porque, en calidad de presidente de la Junta de Directores de MEDI, autoriz\u00f3 el contrato de TEGA bajo el que la empresa recibi\u00f3 el doble de lo pactado en el contrato por hacer nada, como confes\u00f3 Mejill Tellado, quien a\u00f1adi\u00f3 que el alcalde le pidi\u00f3 un adelanto de los intereses de la inversi\u00f3n y ah\u00ed surgieron $1.8 millones que se le devolvieron a la ciudad del mismo principal, dici\u00e9ndoles que era un adelanto de intereses. En la evidencia de defensa, Irizarry Irizarry se\u00f1al\u00f3 a su hermano y asesor, Osvaldo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, como la persona que se le acerca a pedirle $2,000 mensuales para el Partido Popular Democr\u00e1tico en Mayag\u00fcez despu\u00e9s de que inici\u00f3 el contrato de asesor\u00eda bajo el que podr\u00eda cobrar hasta $10,000 por su trabajo con el alcalde suspendido.<\/p>
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<\/a><\/div>\nUna de las cosas que quedaron en el aire en el caso federal fue la legalidad de tomar un dinero que se supone fuera para la construcci\u00f3n de un Centro de Trauma y se invirtieran en el mercado de valores. Cuando se hizo alusi\u00f3n a eso, siempre se limitaba a reuniones en las que los propios participantes del esquema aseguraban que la transacci\u00f3n era legal y correcta. Las reuniones, en la que no estaba el alcalde sino el exvicealcalde, Heriberto Acevedo, fueron provocadas porque el auditor del municipio, Mario Betancourt Pag\u00e1n, objet\u00f3 la transacci\u00f3n porque el dinero estaba en una cuenta restricta que solo se pod\u00eda usar para el prop\u00f3sito asignado, el Centro de Trauma.<\/p>\n
La necesidad de un Centro de Trauma en la regi\u00f3n oeste, y la b\u00fasqueda del dinero para realizarlo, han sido objeto de discusi\u00f3n en la Legislatura desde hace por lo menos 20 a\u00f1os. Entre el 2012 y 2015, con empuje especial en el Senado bajo las presidencias de Thomas Rivera Schatz y Eduardo Bhatia Gautier, se logr\u00f3 identificar y asignar el dinero que acab\u00f3 en la transacci\u00f3n fraudulenta que ya tiene siete convictos federales y espera por el procesamiento de dos acusados a nivel local.<\/p>\n
Mientras, todav\u00eda el \u00e1rea oeste no tiene un Centro de Trauma.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
\u00abGuillito\u00bb dio contrato en MEDI bajo el que se sobrepag\u00f3 por hacer nada <\/a><\/p>\n